Las auditorías a los estados y municipios en la cuenta pública 2005 determinaron 2 mil 328 observaciones, 286 auditorías y un impacto económico de 2 mil 813.1 millones de pesos, de los cuales 2 mil 153.6 millones derivan de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 656.5 de las entidades de fiscalización locales.

Al iniciar el análisis del informe presentado por la ASF de la Cuenta Pública 2005, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Antonio Ortega Martínez (PRD), aseguró que el monto de las observaciones no necesariamente implica resarcimientos o daños patrimoniales al erario o el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Explicó que su situación definitiva será establecida una vez que los entes fiscalizados entreguen --en un lapso de 45 días a partir de que se entregó el informe-- las evidencias y documentación respectiva.

Aseguró que los estados con mayor número de irregularidades fueron Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Zacatecas y el Distrito Federal con 70 promociones y 40 pliegos de observaciones.

Por su parte, la coordinadora de la primera de seis mesas de trabajo, denominada Sector Estados y Municipios, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) informó que la ASF efectuó 285 auditorías de los recursos federales transferidos a estados a través de los ramos 33 y 39.

Explicó que el número de auditorías aumentó en relación a las de 2004, ya que para el 2005 se otorgaron 150 millones de pesos al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (Profis); incremento que debe revisarse en virtud de que la ASF sólo realizó 33 auditorías y las entidades de fiscalización superior locales 252, cuyos resultados no tienen eficacia ni eficiencia, aseveró.

De acuerdo con la ASF, dijo, las revisiones tuvieron un impacto contable de 2 mil 499.6 millones de pesos y económico por 2 mil 153.7 millones de pesos, en tanto que los órganos de fiscalización de los estados determinaron una afectación contable por 131.3 millones y económica de 659.5 millones de pesos.

Aseguró que en el informe se advierten diversas inconsistencias en el cumplimiento de leyes federales, reglamentos y disposiciones normativas estatales y municipales, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, falta de experiencia de las entidades de fiscalización de los estados y presiones de los gobiernos locales en la aprobación de las cuentas públicas.

Alcaraz Hernández explicó que hay diferencias en los criterios aplicados por las entidades de fiscalización locales, ya que otorgan una conclusión favorable en la revisión de algunas entidades federativas a pesar de que se incumplieron metas programadas, la realización de obras y acciones.

Reconoció que el marco jurídico en materia de fiscalización es diverso y cada órgano fiscalizador tiene atribuciones diferentes, pues mientras la ASF promueve sanciones, las entidades locales sólo emiten recomendaciones.

Por ello, se pronunció porque las entidades de fiscalización superior estatales sean autónomas y apliquen los principios de objetividad, imparcialidad y certeza, “toda vez que es una de las tareas más oscuras en materia de transparencia”.

En la ronda de preguntas, el diputado Horacio Garza (PRI) aseguró que los resultados sobre las auditorías a estados y municipios son ineficaces porque los recursos para su realización no se aplicaron de manera adecuada, además de que los órganos de fiscalización de los estados no tienen autonomía para auditar a los gobiernos locales.

Propuso reconsiderar el esquema de fiscalización, un manejo eficaz de uso, manejo y destino de los recursos y no sólo suscribir convenios con los estados.

Su compañero de bancada, Antonio Valladolid Rodríguez, comentó si se concede autonomía a los órganos de fiscalización local el esquema en el uso de recursos podría mejorar y sería una forma para combatir la corrupción.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Antonio Ortega Martínez cuestionó si el sistema federalista está agotado, si es indispensable realizar reformas que permitan mejores estadios para la eficiencia del gasto, toda vez que algunos estados dependen casi en 95 por ciento de los recursos de la federación y si es conveniente aumentar el número de auditorías.

También del PRD, Carlos Altamirano Toledo preguntó de qué sirven los resultados presentados si están a destiempo, si es necesario reformas para que la fiscalización sea efectiva, qué credibilidad hay de los resultados si sólo se revisó el 5 por ciento del gasto y que en algunos casos como Oaxaca haya falta de transparencia y no se sancione a quien presuntamente comete irregularidades.

Por su parte, el diputado Moisés Alcalde Virgen (PAN), pidió conocer el destino de los excedentes petroleros, ya que hay estados que los recibieron pero no se conoce el destino final o en qué se usaron y qué se debe hacer para que se apeguen a la normatividad.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), estimó que el principal problema de la fiscalización deriva de la falta de unificación de criterios y la discrecionalidad.

En respuesta, el contador público de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal precisó que la Ley de Coordinación Fiscal no se revisa desde hace 10 años, en cuanto a la asignación de recursos a los estados vía ramo 33, además tampoco existen reglas de operación para la revisión y funcionamiento del mismo.

Aseguró que se carece de una fiscalización con elementos más precisos que garanticen eficacia en la verificación de recursos, además de que las leyes actuales son laxas para la revisión y fiscalización.

Se pronunció por mejorar la actuación de los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas y la homologación de bases legales, para estar acorde con la operación de estas entidades y la federación.

El auditor aclaró que ya se presentó en el Senado de la República una iniciativa que reforma aspectos de la ASF, consideró que en la misma propuesta se pueden incluir modificaciones a los artículos 116 y 122 constitucionales para dar facultades a los órganos de fiscalización estatales.

También, agregó, para que puedan aplicar sanciones resarcitorias a funcionarios que cometan irregularidades, los requisitos que deben acreditar los auditores y, sobre todo, la autonomía de gestión y administrativa.

Se pronunció por aumentar las auditorias de desempeño y construir un sistema de evaluación en la materia y adelantar la fecha de entrega de la cuenta pública, para que se haga una revisión antes de la asignación de recursos para el siguiente ejercicio fiscal.

Precisó que se debe discutir si el Poder Legislativo es quien debe establecer los indicadores, de ser así, seríauna oportunidad para que cuando se diseñe el gasto los programas cumplan con las metas y objetivos.

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