Con el fin de responder a los problemas urbano-metropolitanos y habitacionales del país y dar orientación jurídica y programática con una visión de Estado a la problemática de la vivienda, el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley de Vivienda.

La propuesta, formulada por el diputado Juan Manuel San Martín Hernández, busca legislar con un enfoque moderno y eficiente, con perspectiva de largo plazo, que aliente una nueva política en materia de ordenamiento territorial y vivienda, pues es inaplazable iniciar reformas legislativas en estas materias para garantizar el derecho a la vivienda digna y decorosa.

En el documento se señala la necesidad de dar congruencia al marco legal en los aspectos de ordenamiento territorial y vivienda, sobre todo en las zonas metropolitanas, pues se han caracterizado por su irracionalidad social y económica, que genera impactos urbanos y sociales no atendidos por poderosos consorcios inmobiliarios que, en la búsqueda del lucro, no asumen una responsabilidad social empresarial.

Se plantea incorporar a la Ley de Asentamientos Humanos conceptos que contribuyan a mejorar la política de ordenamiento territorial; articular el desarrollo urbano, el suelo y la vivienda, que en la actualidad carecen de vinculación estratégica ni programática, por lo que es necesario incluir lo concerniente con servicios públicos, infraestructura y equipamiento en la planeación urbana.

Ello conlleva la participación de los tres órdenes de gobierno en la regulación de procesos urbanos para fortalecer la gestión pública.

En cuanto a la Ley de Vivienda, propone que los programas y acciones en esta materia se sujeten a la ordenación territorial, desarrollo regional y sustentabilidad ambiental.

Precisa la incorporación de los sectores social y privado en aspectos de producción habitacional y calidad de la vivienda; incluye en el Programa Nacional de Vivienda mecanismos para supervisar a las empresas desarrolladoras y faculta a los gobiernos estatales para apoyar a las autoridades municipales en materia de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y de supervisión de proyectos y desarrollos habitacionales.

También se amplían las facultades de los municipios para regular dichos proyectos y desarrollos, contando con el apoyo delgobierno federal y estatal.

Se le amplía a la Comisión Nacional de Vivienda la facultad reguladora incluyendo los procedimientos y mecanismos que garanticen la observancia de las disposiciones de desarrollo urbano y sustentable en los desarrollos habitacionales.

Propone el diseño efectivo de programas integrales, donde los aspectos de mantenimiento, suelo, edificación, equipamiento y urbanización sean planeados coherentemente, acordes con el contexto social y territorial.

Explica que debido a la intervención de grandes empresas que la producen a escala masiva en zonas metropolitanas, se ha ampliado la oferta de casas habitación, pero no ha significado el respeto al derecho a la vivienda digna, decorosa, cómoda e higiénica.

Se indica que en estos conjuntos persisten abusos de los empresarios contra los adquirientes; deficiencias en los procesos de edificación; materiales de construcción deleznables y de dudosa calidad; ubicación distante de las ciudades, centros de trabajo y escuelas, además de que carecen de equipamiento urbano de abasto, salud, infraestructura y servicios públicos,.

Indicó que en los últimos años los organismos nacionales de vivienda desmantelaron sus estructuras de supervisión y asesoría, para limitarse a otorgar de créditos hipotecarios que consolidan la irregular gestión de tales empresas que capitalizan miles de millones de pesos anualmente sin ofrecer productos de calidad.

Denunció que las empresas desarrolladoras han establecido relaciones privilegiadas con los organismos nacionales de vivienda y con la Comisión Nacional de Vivienda, lo que les permite acceder a información puntual sobre la demanda einfluir en el otorgamiento de créditos, imponiendo la localización de la oferta, condiciones financieras sin asumir ninguna responsabilidad sobre la calidad de la vivienda ni de los servicios públicos.

Por ello, se indica que es necesario acotar esta situación y establecer bases jurídicas para prevenir los problemas de esta modalidad de producción habitacional empresarial, de carácter masivo, desarticulada de programas urbanos que conlleva una expansión periférica caótica de las ciudades.

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