Para evitar que la educación se convierta en un negocio de instituciones privadas y garantizar una verdadera formación académica para los estudiantes, el diputado Sergio Hernández Hernández (PRD) propuso una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Generalde Educación.

El legislador plantea que en esta ley se contemple que las instituciones particulares que no cuenten con autorización ni reconocimiento de validez oficial se les prohíba funcionar, así como llevar a cabo la expedición de diplomas, títulos, grados o cualquier documento que certifique los estudios.

Asimismo, sugiere en su iniciativa, que toda persona moral o física que sea titular de un establecimiento educativo con autorización o validez oficial, esté obligado a informar a la SEP sobre la venta, cesión o fusión con otra institución de la que sea objeto, así como de cualquier modificación a su denominación.

La propuesta legislativa prevé queninguna institución de educación particular podrá operar en edificios públicos, ni recibir recursos del erario para el cumplimiento de su objetivo.

Establece que las instituciones privadas deberán vincular la educación impartida con la investigación, ciencia y tecnología, además de estar obligadas a invertir en dichas áreas.

Al mismo tiempo, tendrán que proporcionar y garantizar instrucción de calidad y establecer políticas de evaluación y acreditación de los programas, del personal académico y de los servicios que ofrecen.

El diputado Sergio Hernández Hernández subrayó que la iniciativa pretende evitar la utilización que algunas instituciones privadas de educación hacen de espacios y edificios públicos, cuya acción realizan en contubernio de las autoridades responsables de dichos inmuebles.

Agregó que “en el país respetamos y respetaremos en todo momento el derecho de los particulares para impartir educación en sus diferentes modalidades, tal como lo dispone el Artículo 3° constitucional, sin embargo, el Estado, por ningún motivo, puede abstenerse de fijar los lineamientos bajo los cuales deberá prestarse el servicio por parte de particulares.”

Expuso que es prioritario fortalecer las medidas para el otorgamiento delas autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a los organismos privados y hacer una evaluación permanente de los programas que se llevan a cabo yde los servicios que prestan, con la finalidad de garantizar a las futuras generaciones educación de calidad y evitar la existencia de establecimientos que no cumplen con esos requisitos.

El legislador del PRD aseguró que no se puede permitir que la educación sea considerada como un simple negocio, ya que “hablar de educación es referirse a un derecho público individual que el Estado está obligado a garantizar”.

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