La existencia de tratamientos preferenciales, regímenes especiales, omisiones e imprecisiones en la legislación tributaria, afectó durante el 2005 la recaudación fiscal debido a la generación de créditos fiscales por 495 mil 807.9 millones de pesos y una devolución de impuestos a los contribuyentes de 679 mil 691.3 millones de pesos, del 2000 al 2005.

Lo anterior, de acuerdo con las revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a entidades vinculadas con el sector financiero y finanzas de la cuenta pública de 2005, donde se realizaron 78 revisiones a 17 entes como el SAT, IPAB, SAEB, INEGI, LOTENAL, CONSAR, Casa de Moneda, instituciones de banca de desarrollo, fondos públicos y la propia Secretaría de Hacienda.

En la segunda mesa de análisis que realiza la Comisión de Vigilancia de la ASF sobre la cuenta pública de ese año, el diputado Pablo Trejo Pérez informó que las devoluciones de impuestos representaron el 16.3 por ciento de la recaudación tributaria: 79.4 por ciento del IVA y 14.5 por ciento de ISR.

Aseguró que durante el periodo 2001 a 2005 se mantuvo una elevada dependencia de los recursos no recurrentes de la explotación petrolera y por las erogaciones irreductibles constituidas por sueldos y remuneraciones, participaciones a estados, municipios, delegaciones, deuda, pensiones y Pidiregas, que en conjunto representaron dos tercios del presupuesto federal.

En ese lapso, indicó, la contribución de los ingresos tributarios tuvieron una disminución de 2.6 puntos porcentuales y aumentó el padrón de contribuyentes de 7 mil 149 a 18 mil 788.

En el caso del rescate bancario, precisó, a pesar de que se limitó la acción fiscalizadora de la ASF se determinaron observaciones que implican probables responsabilidades a los servidores públicos, además de que el rescate presentó debilidades y lagunas normativas y los programas carecieron de políticas, procedimientos y reglas de operación, no obstante, aclaró, se pudieron recuperar 10 mil 856.2 millones de pesos.

Trejo Pérez dijo que no existen normas del sector público convergentes con las internacionales que posibiliten un sistema de contabilidad más claro, además en la Tesorería de la Federación se detectaron registros inadecuados.

También, agregó, se reportaron 44 mil 397 millones de pesos como recursos fiscales excedentes, de los cuales 11 mil 081.4 millones se destinaron al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, 11 mil 152.7 millones al balance presupuestario y 22 mil 162.9 millones a gastos de inversión en PEMEX y organismos subsidiarios.

Se detectó, dijo, opacidad en el manejo de fideicomisos, fondos mandatos y contratos análogos, y la falta de criterios para acotar las facultades discrecionales en el otorgamiento de donativos.

En la ronda de preguntas, los diputados Carlos Altamirano Toledo y Juan Guerra Ochoa, del PRD, consideraron que los créditos fiscales por 220 mil millones de pesos, 28 mil correspondieron al sector bancario, quien no pagó impuestos al fisco no porque no tuviera sino por la incapacidad en la recaudación. Preguntaron si habrá sanciones por no cubrir esos gravámenes, que mecanismos correctivos se implementarán o cuáles las consecuencias legales.

El presidente de la Comisión, Antonio Ortega Martínez (PRD) cuestionó si Hacienda establece mecanismos de control y vigilancia sobre el comportamiento de la banca o si estamos ante un fenómeno donde el erario deberá salvar otra vez a los dueños de instituciones financieras y si debe desaparecer el SAT o crear una nueva institución.

El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN) se pronunció por revisar el pago de IVA y su compañero de bancada Moisés Alcalde Virgen estimó que el sistema tributario debe cumplir con los principios de equidad, eficiencia y simplicidad. Dijo que el sector financiero no se ha recuperado de la crisis del 95 porque no se tiene el mismo nivel que el de 1994, por ello pidió poner énfasis en este tema.

El diputado Javier Guerrero García (PRI), preguntó sobre las auditorías a la empresa Construcciones Prácticas, la polémica sobre la devolución de impuestos y los lineamientos para indicadores del Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac (PRI) consideró que las devoluciones a contribuyentes son legales, aunque algunos lo consideran ilegítimo. Al respecto, pidió revisar la tasa cero del IVA para evitar las devoluciones y revisar aquellas que provienen de productos con esa tasa.

Respecto de la eficiencia recaudatoria solicitó revisarla no sólo por parte del Congreso, sino por el SAT, además preguntó sobre los cambios jurídicos que se requiere para cubrir los “huecos”, que hay en la ley.

En respuesta, el auditor José Manuel Macías dijo que lo anterior se puede corregir con una reforma fiscal integral que incluya la reducción de la dependencia del Estado de los ingresos petroleros, amplíe el padrón de contribuyentes, acorte los regímenes especiales de tributación y los tratamientos preferenciales, además que dé certidumbre jurídica a los contribuyentes, castigue con severidad la evasión y facilite la recuperación de créditos fiscales.

Aseguró que es difícil dar seguimiento a la utilización de recursos por el otorgamiento de donaciones, de ahí que se debe tener un registro y ventanilla única de control, con reglas estrictas y claras, además consideró que no hay normas de contabilidad, por lo que se deben contar con una reglamentación en la materia. Además, dijo, se debe perfeccionar al SAT.

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