A fin de hacer permanente el programa que otorga una pensión mensual, equivalente a medio salario mínimo, a adultos mayores de 70 años que habitan en comunidades menores a 2 mil 500 habitantes (aprobado por la Cámara de Diputados para este año) y extenderla a las personas con capacidades diferentes, el legislador Javier Calzada Vázquez (PRD) presentó una iniciativa.

Ésta expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 Años que Vivan en Comunidades Menores a Dos Mil Quinientos Habitantes y Personas con Capacidades Diferentes; la describió como una herramienta del Estado para asegurar un nivel de bienestar mínimo para toda la población y, en particular, para los grupos vulnerables.

Según los datos del último Conteo de Población y Vivienda 2005, indica en su exposición de motivos, existen en México 3.7 millones de adultos mayores de setenta años o más, de los cuales poco más de un millón viven en zonas rurales, es decir, en comunidades menores a 2 mil 500 habitantes.

Otro de los grupos vulnerables que necesitan más apoyo, se señala en el documento, es de las personas con capacidades diferentes. Sus posibilidades de acceso al mercado y su poca participación en el ámbito social, político y económico exige del Estado atención inmediata.

Según la iniciativa, la Cámara de Diputados deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año, el monto requerido para hacer efectivo el derecho de los adultos mayores y de las personas con capacidades diferentes a la pensión alimentaria.

La aplicación de los recursos será operada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual entregará trimestralmente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social un informe de la aplicación y ejecución de los recursos destinados.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social integrará y actualizará el padrón de beneficiarios, el cual se publicará en la página electrónica de la dependencia.

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