De 350 marcas, registradas en México para comercialización del agua, sólo 100 ingresaron al programa "Agua Purificada, Calidad Certificada"; mientras que las 250 restantes no cumplen con las normas básicas de salud.

Ante ello, el diputado Ariel Castillo Nájera (PNA) presentó una iniciativa que adiciona un artículo 461 Bis-1 a la Ley General de Salud, a fin de sancionar hasta con tres años de prisión a quien contraviniendo las normas técnicas sanitarias, embotelle agua y fabrique hielo.

El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria destaca que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubica a México entre los últimos lugares de calidad del agua.

Actualmente, el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes para saneamiento de aguas. Además, requiere de 30 mil millones de pesos anuales a fin de erradicar el problema de escasez, que afecta a 12 millones de mexicanos de 33 mil comunidades.

Por tal motivo, se ha incrementado la demanda de agua embotellada; sólo en México este negocio está calculado en dos mil millones de dólares anuales. La venta de este líquido supera en 20 por ciento la comercialización de refrescos embotellados y envasados.

Según el Herat Policy Institute (EPI, por sus siglas en inglés) el consumo per cápita de agua embotellada en nuestro país es de 169 litros al año. Con ello, México se ubica como segundo consumidor del líquido, en litros por persona, sólo detrás de Italia, que registra 184 litros en el mismo periodo.

La iniciativa propone garantizar que las embotelladoras o purificadoras establecidas en cualquier parte de la República cuenten con la tecnología necesaria, en caso contrario serán acreedoras de fuertes sanciones.

Según estudios especializados, el 85 por ciento del agua embotellada en México proviene de pequeños fabricantes, quienes en ocasiones operan a través del mercado negro.

El documento señala que en 2004 el presidente de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada afirmó que el mercado informal del agua purificada creció un 50 por ciento en algunas zonas del país, provocando la aparición de marcas piratas que han dañado la imagen de la industria establecida legalmente.

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