La Comisión Especial para conocer el origen de la tragedia en la mina Pasta de Conchos aprobó, por 9 votos a favor y 5 en contra, el informe final sobre las investigaciones en las que se determina la responsabilidad por negligencia y omisión de las Secretarías de Trabajo y de Economía, así como del sindicato minero.

De acuerdo con las conclusiones de la Comisión, que se entregarán a la Junta de Coordinación Política y ésta a su vez a la Presidencia de la República, la explosión se debió a un suceso provocado por negligencia y omisión de la empresa Industrial Minera México y del Grupo México.

En el documento se destaca que se impondrán sanciones a las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social por ocultar los reportes del Servicio Geológico Mexicano respecto del incumplimiento de las normas de seguridad en la mina por parte de la concesionaria.

Durante la discusión del informe, el diputado José Antonio Almazán González (PRD) propuso que en el documento final se incluyera que el ex Presidente Vicente Fox tuvo responsabilidad, lo que fue sometido a votación de los presentes y aprobado por mayoría.

Los diputados del PRI y PRD que aprobaron el informe, con excepción de Acción Nacional, solicitan al Estado la cancelación de la concesión a IMMSA, por incumplimiento de la ley en la materia, y ejercer acción penal, por homicidio culposo, en contra de los responsables de la muerte de los 65 trabajadores mineros.

Se pide a la Procuraduría General de la República la aplicación del artículo 60 del Código Penal Federal para IMMSA y la suspensión o prohibición definitiva de los derechos para ejercer profesionalmente al personal responsable de las empresas y la inhabilitación por 20 años de los funcionarios y ex funcionarios de las secretarías antes señaladas y aquellos que resulten responsables.

Además, se insta a las Secretarías de Trabajo y Economía a pagar de manera inmediata las indemnizaciones a los familiares de los mineros fallecidos, así como sancionar a Minera México y a General de Hulla por inscribir a sus trabajadores con salarios menores a las que percibían.

Se solicita al Seguro Social la revisión de la situación de los sobrevivientes en las cantidades otorgadas para sus pensiones, la aplicación de un periodo de gracia a los beneficiados para ampliar los términos de vencimiento a las prestaciones que les corresponda, así como inscribir en el régimen obligatorio a los trabajadores de los “Pocitos” y que el Tribunal Federal de Justicia Social y Administrativa resuelva la brevedad los juicios interpuestos por los familiares.

Al dar a conocer las conclusiones, el presidente de la Comisión, Yerico Abramo Masso (PRI), explicó que dentro de las acciones se proponen reformas a diversos ordenamientos para establecer las causales de cancelación de la concesión minera, considerar el homicidio industrial como delito y como homicidio imprudencial a los responsables de la seguridad en las minas de carbón.

El legislador precisó que se propondrá la creación de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en Minas como órgano autónomo con personalidad jurídica y recursos propios, reformas a la Ley Minera para precisar los procesos de concesiones y la legislación laboral para incorporar los términos de seguridad e higiene y sanciones.

Aclaró que el documento se elaboró de acuerdo a las investigaciones, testimonios y visitas a la mina; es un informe serio que incluye un trabajo de varios meses y cuyas versiones de reuniones y encuentros obran en poder de los legisladores.

Durante la discusión del informe, el diputado Juan Manuel Sandoval Munguía (PAN), rechazó el contenido de las conclusiones “por la forma en que se aprobó un documento incompleto y a medias, del cual no se tuvo tiempo suficiente para su análisis”.

Refrendó el compromiso de su partido por las víctimas y los trabajadores mineros por las condiciones en que laboran, así como la responsabilidad del sindicato en los hechos, no así de las demás instancias, en virtud de que la Secretaría de la Función Pública aún no emite su resolución sobre la investigación de los hechos.

Por su parte, la diputada Claudia Cruz Santiago (PRD), avaló a nombre de su partido el informe porque consideró que fue elaborado con asistencia técnica, respaldado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Los diputados Silvano Garay Ulloa (PT) y José Antonio Arévalo (PVEM) aseguraron que su voto fue a favor del informe porque el trabajo de la comisión fue responsable.

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