En México, cada año se registran 400 mil embarazos en adolescentes; es decir, de 100 partos diarios 60 corresponden a mujeres de 13 a 19 años, siendo 320 mil de ellos no deseados. A nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las mujeres que dan a luz son menores de 20 años.

Ante ello, la Comisión de Equidad y Género pretende aprobar en su próxima sesión plenaria el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 2 y las fracciones IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.

Las modificaciones al artículo 33 tienen como finalidad que el Estado garantice el derecho de las mujeres a la educación, a través de programas que abatan la deserción, estimulen su participación y reingreso al proceso de aprendizaje.

La reforma al primer párrafo del artículo 2° establece el derecho de todo individuo al acceso al sistema educativo nacional, así como desarrollar programas con enfoque de género para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos.

El documento destaca que, según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia de género, lo que significó un incremento del 67 por ciento respecto al año anterior.

De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que casi el 8 por ciento de las mujeres de nuestro país sufren violencia sexual, mientras el 9 por ciento son objeto de violencia física, el 27 por ciento de violencia económica y el 34 por ciento violencia psicológica.

Cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestran un incremento de la violencia en los salones de clase y señala que el aumento del maltrato físico, emocional y el abuso sexual pasó de 12 casos reportados, sólo en el Distrito Federal, en el ciclo escolar 1999-2000 a 482 denuncias en el ciclo 2003-2004.

De ahí la importancia de que las políticas públicas tengan como eje rector la perspectiva de género, lo cual se logrará mediante disposiciones legislativas que permitan a las autoridades el diseño de mecanismos para cumplir tal objetivo.

El dictamen señala que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2005, tanto para hombres como mujeres la edad entre los 15 y 17 años es crucial, porque en esa etapa se da con mayor frecuencia la deserción educativa.

Refiere que el embarazo conlleva en muchas ocasiones la deserción escolar, que limita sus posibilidades de desarrollo personal, sus oportunidades de un empleo mejor remunerado y, en consecuencia, la disminución de su calidad de vida y la de su hijo, sobre todo si se considera que muchas de ellas se convierten en madres solteras.

Por tanto, la reincorporación de estas jóvenes al sistema educativo constituye, también en este caso, un factor fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres adolescentes y un mejor futuro para sus hijos.

El texto refiere que a pesar de que existen políticas públicas como las becas de Oportunidades, el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (Paidea), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), es preciso redoblar esfuerzos.

Finalmente, plantea que se necesita asegurar el apoyo a las mujeres adolescentes para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema educativo.

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