Diputados de la Comisión de Gobernación cuestionaron los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Ejecutivo Federal y demandaron mayor voluntad política para incorporar sus propuestas en temas que tienen que ver con seguridad nacional y pública, combate a la pobreza, política exterior, acuerdo migratorio, gobernabilidad democrática y fortalecimiento del sistema político.

Durante una reunión de trabajo con Francisco Ramírez Acuña, titular de la Secretaría de Gobernación, los legisladores conocieron el proyecto del PND que gira en cinco ejes principales: Estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; democracia efectiva, así como política exterior responsable.

En su exposición, el funcionario destacó los aspectos principales del PND, el cual, dijo, propone un desarrollo humano sustentable como visión transformadora y, al mismo tiempo, como un derecho de todos los mexicanos.

Indicó que la estrategia integral propuesta permitirá avanzar en el desarrollo humano sustentable, tomando como base el Estado de derecho, ya que sin éste, la ciudadanía no puede disfrutar del fruto de su esfuerzo.

Abundó que el marco legal tiene que ser renovado, en algunos aspectos, para que el gobierno y la sociedad puedan enfrentar con eficacia los retos que se presentan.

Resaltó la importancia de lograr una mayor competitividad de la economía nacional, que conduciría a mayores inversiones y la generación de más empleos.

Añadió que los problemas sociales, políticos y económicos, están íntimamente relacionados, por ello, las políticas públicas propuestas en el PND son complementarias para resolver problemas de pobreza, marginación y falta de oportunidades.

Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, indicó que los temas abordados tienen que ver con la orientación y la definición de las políticas públicas, “algunas están anunciadas, pero de manera tan general y tan vaga que uno no pude estar en desacuerdo, pero no se vislumbra o no se anticipa la orientación ni el sentido de las mismas”.

Se refirió al compromiso y responsabilidad del imprimir en todas las políticas públicas “la visión del Estado laico, lo que ayudaría mucho en la discusión de temas y aspectos del desarrollo humano sustentable y otros más”.

Destacó que aspectos que se abordan en el documento son “lineamientos generales a los cuales les falta una definición sobre la orientación que se pretende dar a esas políticas públicas”.

Señaló que en temas como migración, no se dice qué tipo de política será, si global, integral o corresponsable; pobreza, pueblos y comunidades indígenas, prácticamente no se tocan o se juntan con otros asuntos totalmente distintos que requieren y tienen rangos de prioridad absolutamente diferente.

La reforma política, abundó, se establece de manera muy general, cuando se antoja como un lineamiento muy claro, como un compromiso de impulsar desde el gobierno.

Al hablar sobre el tema, los diputados César Camacho Quiroz (PRI) y Valentina Batres Guadarrama (PRD) señalaron que debe haber una revisión más exacta del documento, toda vez que la visión republicana en torno al desarrollo humano sustentable es mucho más que una simple expresión de solidaridad, como lo plantea el Ejecutivo.

Coincidieron que en varios apartados no hay absoluta simetría entre diagnóstico y lineamientos, y en este sentido, Camacho Quiroz cuestionó los apartados de política interior y exterior, los cuales “merecen un trato diferenciado y no como aparece en el documento”.

Por su parte, Alfonso Izquierdo (PRI) presentó una serie de propuestas, mismas que entregó a Ramírez Acuña y en las que se contempla impulsar al intermunicipalismo como una estrategia de desarrollo regional.

También refirió que es importante la inclusión de un punto que impulse el fortalecimiento de los valores democráticos, así como definir la laicidad del Estado y sus gobiernos, como política pública.

Los diputados Gustavo Parra (PAN) y Salvador Ruiz Sánchez (PRD) coincidieron que en el capítulo Estado de Derecho y Seguridad, no se incluyen datos duros que ejemplifiquen la situación que prevalece en materia de inseguridad y los niveles de violencia.

Gustavo Parra agregó que en la propuesta del Ejecutivo para la creación de un mando único de policía, es conveniente modificar la redacción o incluir otro apartado que haga referencia a lo que es el diseño institucional de la policía.

Sugirió incluir algunas líneas sobre la protección de los derechos humanos dentro del orden jurídico y garantizar el blindaje de éstos, armonizando la legislación nacional con los tratados internacionales.

En el tema de democracia efectiva y el subtema de transparencia y combate a la corrupción, propuso lineamientos que tienen que ver con la transparencia y el acceso a la información.

Finalizó que el PND se edita cada sexenio y permanentemente es lo mismo, no así la pobreza, que cada día se incrementa, lo mismo que el número de los grupos dedicados al narcotráfico; en ello coincidió la diputada Patricia Castillo (Convergencia).

Al dar respuesta a las observaciones de los diputados, el encargado de la política interior del país señaló que la falta de aplicación de la ley es la impunidad en la que vive la mayor parte de los mexicanos, por lo que manifestó la disposición del Gobierno Federal y todas sus instancias de aplicar la ley y contar con todos los mecanismos que permitan confiar en el Estado de Derecho y la seguridad jurídica.

Rechazó que las condiciones políticas se manejen actualmente como en décadas anteriores.

“Las instituciones se han transformado, el Poder Legislativo se ha transformado, no es el mismo que teníamos en los años sesentas ó setentas; los diputados gozan de absoluta libertad, tienen respeto absoluto entre todas las bancadas y entre el propio Ejecutivo y el Legislativo”.

Explicó que existen mecanismos de comunicación del Poder Ejecutivo con municipios, estados, partidos políticos y líderes parlamentarios, lo cual permite, dijo, dar respuesta a las inquietudes de los actores de todos los partidos, “y donde exista exceso de alguna dependencia poner los frenos correspondientes para que no se violenten las libertades”.

Concluyó que el documento que contempla los lineamientos generales será discutido con los principales actores de la vida política, económica y social del país, para luego integrar el Plan Nacional de Desarrollo que refleje intereses y consensos de lo que se quiere lograr para México en los próximos años.

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