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Boletín N°. 1216 Propone Comisión de Cultura fortalecer legislación para evitar saqueo de bienes

En reunión de trabajo con el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Sergio Vela Martínez, diputados de la Comisión de Cultura plantearon la necesidad de readecuar el marco jurídico para evitar el saqueo y tráfico de bienes históricos, que, de acuerdo con la UNESCO, tienen un impacto económico similar al del narcotráfico.

Ante la inexistencia de una verdadera política de Estado en materia de cultura, los legisladores plantearon la promoción de una reforma constitucional para garantizar ese derecho.

En este contexto, el diputado José Luis Murillo Torres (PAN) indicó que lo que se observa es que las acciones públicas en torno a la cultura que llevan a cabo organismos como el CONACULTA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes se realizan al margen de un marco jurídico.

Esta situación, dijo, nos hace ver que la regulación en torno a las necesidades del país y las demandas de la sociedad en lo que se refiere a cultura, se encuentran incompletas,“lo que hace urgente una reforma institucional y una jurídica”.

Sobre el saqueo y tráfico ilegal del patrimonio indicó que es importante consolidar a las instituciones culturales y fortalecer la responsabilidad del gobierno para preservar las zonas arqueológicas y los sitios históricos.

A su vez, el diputado Jaime Verdín Saldaña, también del PAN, coincidió que se debe reformar el marco legal para evitar el “mecenazgo”.

Sin embargo, dijo, existe un consenso a nivel mundial de que el Estado y el sector privado compartan el fomento de la cultura, las artes y la protección del patrimonio nacional.

La diputada del PRD, Aurora Cervantes Rodríguez, secretaria del órgano legislativo, propuso la creación de un sistema de información que serviría para evitar el robo y tráfico ilícito del patrimonio cultural.

Dijo que el retraso para concluir el catálogo de esos bienes, incrementa el deterioro de piezas y la destrucción de los bienes muebles e inmuebles, de los cuales, la UNESCO ha documentado que tienen un impacto económico y social semejante al del narcotráfico.

Añadió que esto es entendible, toda vez que se cuenta únicamente con dos mil custodios para vigilar 121 mil 235 sitios. Aunado a esto, dijo, están las políticas privatizadoras, de explotación mercantil que fomentan el tráfico ilegal y el saqueo de los bienes nacionales.

Los diputados, Víctor Varela y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD) cuestionaron sobre las auditorías a la Biblioteca José Vasconcelos.

Coincidieron que de acuerdo a lo reportado en el libro blanco de CONACULTA sobre la construcción de la biblioteca,en 2004 se creó un fideicomiso por 289 millones de pesos, además de que se ejercieron 418.4 millones etiquetados en el presupuesto de egresos de ese año.

Sergio Vela dijo que todo lo relacionado con la “mega biblioteca” está en manos de la Auditoría Superior de la Federación y que será ésta quien informe.

Sobre el robo y tráfico ilegal del patrimonio cultural, indicó que hay muchos avances en torno a su protección y que está en la mesa de análisis una reglamentación respecto de la custodia de obras pictóricas, además de que se discuten otras sobre exposición, dignificación y cuidado de las mismas.

El presidente de CONACULTA acudió a una reunión de trabajo con la Comisión de Cultura donde expuso el carácter institucional de la dependencia a su cargo.

En su ponencia, destacó que existe una enorme diversidad de disposiciones legales que requieren ser actualizadas, además solicitó que en la discusión del presupuesto del próximo año se destinen mayores recursos al sector.

Sobre todo, explicó, porque la mayoría de los recursos aprobados se aplica a gasto corriente y lo que resta es insuficiente para evitar el deterioro en la infraestructura cultural.

“De acuerdo al diagnóstico que realiza CONACULTA, en el país hay un severo deterioro de equipamientos, servicios, señalización, estructura e infraestructura de un número considerable de instalaciones”.

En este tenor, hizo énfasis en la problemática que enfrentan las escuelas de educación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), de los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las zonas arqueológicas y monumentos históricos.

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