En la quinta reunión del Grupo de Trabajo Encargado de la Aplicación Permanente del Principio Ético en la Cámara de Diputados, se propuso un punto de acuerdo para conformar una Comisión Especial de Ética y Transparencia e instituir la figura de Oficial de Ética Parlamentaria, a fin de revisar la forma en que se gastaron los recursos públicos en este cuerpo colegiado.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, María Elena Álvarez Bernal, presidió el encuentro en el que se destacó la necesidad de establecer normas de conducta en el desarrollo de la tarea legislativa, a través de un Código de Ética que tendrían que aplicar y hacer cumplir los 500 diputados de la LX Legislatura.

El legislador Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, presentó el punto de acuerdo y dijo que una Comisión de Ética en la Cámara de Diputados contribuiría en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, la Comisión Especial de Ética y Transparencia buscaría que la distribución de los recursos de la Cámara sea de forma equitativa, indicó.

Puntualizó que otra de las funciones que tendría la Comisión referida sería la de implementar, actualizar y garantizar el cumplimiento de un Código de Ética Parlamentaria, nombrar al Oficial de Ética Parlamentaria y supervisar su trabajo, así como dictaminar las sanciones correspondientes.

Propuso que las funciones del Oficial de Ética Parlamentaria serían las de implementar y administrar el Código de Ética, asesorar a la Comisión o cualquier subcomisión de ésta y recibir las quejasde los integrantes de la Cámara y de la sociedad en general, ante presuntas violaciones al Código.

Indicó que de darle trámite a esta propuesta se regresaría la confianza en la Cámara de Diputados y se garantizaría un correcto manejo de los recursos públicos otorgados.

En la reunión, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) y secretario de la Mesa Directiva, dio a conocer un proyecto de Compromiso de Ética de los diputados de esta Legislatura, el cual establece el acuerdo de los representantes populares a desempeñar el cargo con lealtad y ejercer la autoridad con responsabilidad, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público.

En esa propuesta, los diputados estarían dispuestos al escrutinio de la gestión pública y hacer transparente y limpio el ámbito político. Al mismo tiempo, asumirían el compromiso de utilizar el fuero para que realmente sea una herramienta de protección para el mejor desempeño del servicio público.

Se hizo el planteamiento de no utilizar el fuero para propósitos de beneficio personal o familiar, trato preferente o violación de leyes y reglamentos, ni para ser beneficiadode privilegios. También manifestaría su voluntad para actuar con austeridad y transparencia en los asuntos públicos y privados y combatir la corrupción, así como privilegiar el diálogo y la concertación en la resolución de conflictos.

El diputado César Camacho Quiroz (PRI) manifestó que en lo que se tendrían que poner de acuerdo los diputados es en la concreción y aterrizaje de esas propuestas para convertirlas en normas, pero la intención es la ética en el trabajo legislativo.

Añadió que es necesario que este grupo de trabajo se transforme en un Comité de Ética con facultades explícitas, a fin de formular compromisos y en un tiempo breve expedir el Código de Ética y analizar si es viable o no la figura del Oficial de Ética Parlamentaria.

Finalmente el secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Ángel Trinidad Saldivar, señaló que la Ley Federal de Transparencia se refiere a los sujetos obligados de esta normatividad: el Poder Ejecutivo Federal, Poder Legislativo Federal, Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos como el IFE y la CNDH.

Indicó que esa normatividad establece como objetivos transparentar la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas, la cual implica una parte de sanciones.

Concluyó que el problema más importante tiene que ver con el diseño de la Ley Federal, porque algunos pudieran pensar que fue creada para darle control al ejercicio del gasto público en estructuras administrativas y no en órganos colegiados como la Cámara de Diputados o la Corte.

Dijo que en la Cámara de Diputados también hay una estructura administrativa y parlamentaria; “en este sentido es importante quehaya transparencia en todas las estructuras y en todos los ámbitos de ejercicio de poder de cualquier órgano”.

Añadió que es necesario transparentar la confección de cabildeo, consultas y dictámenes involucrados en la elaboración de leyes y mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

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