Durante la cuarta mesa de trabajo del Análisis del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2005, diputados de diversas fracciones parlamentarias coincidieron en señalar que el incremento de recursos asignados al sector educativo no ha repercutido en el mejoramiento de la calidad de la este servicio en México.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que México no podrá alcanzar su desarrollo integral mientras persistan los rezagos en materia educativa, de salud y pobreza, pues actualmente 50 millones de mexicanos viven en la marginación, de los cuales, 18 millones están en pobreza extrema.

Al presentar un balance de los resultados de las auditorías realizadas a los entes vinculados al desarrollo social, indicó que el analfabetismo se ubica en 9.5 por cientoy el promedio nacional de escolaridad de la población entre 15 y 6ac4 años se sitúa en torno a los ocho años de instrucción.

Añadió que el país eroga siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para educar a 24.2 millones de alumnos en el nivel básico; 3.3 millones en educación media superior y 2.2 a nivel superior y cada año aumentan estos recursos, sin embargo el incremento no corresponde con la calidad del servicio.

En el rubro de Instituciones Públicas de Educación Superior, dijo que hay deficiencia en la aplicación de recursos asignados; anomalías en materia administrativa y no existe un plan maestro que evalúe la aportación que hacen al desarrollo tecnológico del país.

Indicó que se requieren parámetros para orientar las prioridades nacionales. Solicitó que la ASF dé un diagnóstico en este ámbito, ya que cada año se auditan las instituciones de educación superior sin que los resultados aporten efectos adicionales.

Agregó que se requiere una visión de Estado en esta materia, focalizar los programas en políticas de desarrollo social y económico de alto impacto, por lo que su temporalidad debe ser transexenal y continua, alejada del patrimonio político de partidos y gobiernos.

Enseguida, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, señaló que a pesar de que México destina una mayor cantidad de recursos económicos a educación, en comparación con lo que asignan los 40 países miembros de la OCDE, se ubica en el más bajo de los niveles de evaluación y calificación de la organización: 38 lugar en lectura; 37 en matemáticas; 35 en comprensión general.

Reconoció el avance de los trabajos y los productos de la ASF, sin embargo aseguró que “aquí sí nos deben, se quedó corta, porque da datos evidentes del fracaso educativo, pero no nos acerca a identificar donde está el origen del quiebre del sistema de educación básica, nos dan efectos pero no causas”.

Más adelante José Antonio Muñoz Serrano (PAN) señaló que es necesario revisar el alcance de programas y proyectos, así como la eficacia y eficiencia en el ejercicio del recurso.

Añadió que no se puede destinar dinero a programas, dependencias y proyectos que no tengan sustento o que no hayan rendido buenas cuentas.

Para ello, dijo, se debe analizar la posibilidad de otorgar más recursos a la ASF para que pueda hacer una revisión técnica, económica, de desempeño, de eficacia y eficiencia del recurso.

Más adelante, el priista Gerardo Sosa Castelán (PRI), dijo que en México no existe un modelo educativo, por lo que no se puede hablar de fracasos, “nadie lo ha implementado, no hay una política de Estado, entonces qué vamos a evaluar o cómo sabemos en qué lugar estamos”.

Al presentar sus conclusiones, el diputado Jaime Cervantes Rivera (PT) señaló que la pobreza y la marginación no se resuelven con políticas asistencialistas, sino con la generación de empleos productivos y bien remunerados.

En su oportunidad, Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Fiscalización, señaló que en el sector Desarrollo Social los entes auditados atendieron mayoritariamente la legislación y normatividad aplicable. No obstante, se constató la carencia de objetivos, indicadores y metas en áreas o en programas estratégicos.

Al presentar el documento del análisis sectorial explicó que en el Ejercicio Fiscal 2005 las funciones de desarrollo social ejercieron un presupuesto de 868 mil 713 millones de pesos, lo cual representó 60.2 por ciento del gasto programable del sector público presupuestario.

Dijo que como resultado de las 70 auditorías realizadas se emitieron 599 observaciones. Agregó que la mayoría de los dictámenes de la ASF consideraron que los entes auditados cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables, pero en algunas revisiones se detectaron irregularidades importantes, y otras en las que no se tuvo evidencia de indicadores que permitieran hacer una adecuada evaluación.

En el caso de Educación Pública, la ASF determinó que en 2005 el gasto público en educación, como proporción del PIB fue de 5.5 por ciento y a pesar de que se ha incrementado en los últimos 15 años, aún se registran rezagos importantes.

En materia de cobertura de educación básica la SEP cumplió parcialmente el mandato constitucional de otorgar educación a todos los mexicanos, pues se atendió sólo 43.8 por ciento de personas que carecían de ese nivel educativo, quedando sin atender 35.6 millones de personas.

Por lo que se refiere al sector salud, para el periodo 2005-2010 los ingresos derivados de los esquemas ordenados por la Ley General de Salud no serán suficientes para cubrir el costo de la atención del Catálogo de Servicios Esenciales de Salud, ya que en 2005 se registró un déficit de 11 mil 560 millones de pesos, el cual aumentará a 83 mil 912 millones en el 2010.

En cuanto al IMSS, cumplió con la normatividad requerida para el ejercicio presupuestal 2005, pero persisten irregularidades detectadas desde revisiones anteriores.

Señaló que 10.2 millones de personas económicamente activas no cuentan con el Seguro de Invalidez y Vida, no se comprobó el registro contable de 748.7 millones de pesos, pagados por concepto de gastos indirectos comunes a este seguro, situación que es extensiva a la nómina del régimen de jubilados y pensionados, con cargo a dicho seguro, por 15 mil 496.4 millones de pesos.

Participaron en esta reunión con sus comentarios, los diputados del PRD Tonatiuh Bravo Padilla, Marcos Matías Alonso, Pablo Trejo Pérez y Miguel Ángel Navarro Quintero.

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