En el marco de la integración del Plan Nacional de Desarrollo, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, señaló ante diputados de la Comisión de Seguridad Pública que el Estado mexicano hará uso de toda su fuerza para recuperar los espacios controlados por las organizaciones criminales y la delincuencia organizada.

Explicó que la estrategia es integral y consta de tres etapas, siendo los operativos, el primer paso para recuperar las geografías y abatir los niveles de violencia, además de restablecer la confianza ciudadana.

Señaló que la participación del Ejército en la batalla por recuperar la paz, tranquilidad y las zonas geográficas disputadas por las organizaciones del crimen organizado, están legitimadas en la Constitución, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un segundo paso, indicó, es la reconstrucción del Estado; y como tercer componente, está lograr la participación de la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia.

Por su parte, los legisladores hicieron entrega de propuestas en materia de Estado de derecho y seguridad, a fin de que sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo, además de que manifestaron su respaldo al Ejecutivo en el combate a la delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, César Camacho Quiroz, indicó que el Ejecutivo encontrará una actitud colaboradora por parte del Congreso; sin embargo, advirtió “ello no significa la entrega de un cheque en blanco”.

“Significa que estamos dispuestos a escuchar y hacer nuestra tarea. No habrá mezquindad, pero tampoco habrá cambio de posiciones originales de manera irracional”, subrayó.

Agregó que esta reunión acredita la disposición del Ejecutivo Federal para dialogar y muestra la actitud abierta de los legisladores para escuchar sus planteamientos.

Indicó que es evidente que el borrador del PND reporta insuficiencias, por lo que exhortó al Ejecutivo a que los planteamientos y observaciones de los diputados sean escuchados, aunque no necesariamente se incorporen todos.

“Reconocemos la disposición a la enmienda y el perfeccionamiento del documento. Nadie, político o no, querría que México estuviera conducido bajo los signos de la improvisación y el empirismo. Queremos en el Ejecutivo Federal y en todos los gobiernos, trabajos serios y formales que eviten las reacciones y el inmediatismo”.

Al abrir la ronda de preguntas, la diputada Liliana Carbajal Méndez (PAN) indicó que en materia de seguridad y justicia, el Legislativo debe asumir la responsabilidad de darle respuesta a los mexicanos ya que se está volviendo común el ajuste de cuentas y las ejecuciones.

La también panista, Violeta Lagunes Viveros afirmó que los operativos realizados en contrade la delincuencia organizada sí han dado resultados tangibles.

A su vez, Luis Gustavo Parra Noriega, también del PAN, mencionó que no es momento de regatear y ni de negarle apoyo al Estado mexicano para el combate al crimen organizado.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del mismo partido, resaltó que la PGR y las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social y Salud, se deben interrelacionar para prevenir el fomento de la delincuencia.

Losdiputados Francisco Rivera Bedoya y Alfredo Ríos Camarena, del PRI, manifestaron que el país enfrenta un grave problema de alteración de la paz pública, por lo que el próximo primero de septiembre le solicitarán alPresidente de la República que informe sobre los avances en materia de seguridad.

Rivera Bedoya indicó que los legisladores esperan resultadosen esta materia, ya que en estados como Nuevo León, Sonora y Michoacán, la criminalidad y la delincuencia han penetrado los cuerpos policiacos y laúnica institución confiable es el Ejército.

Por su parte, el también priísta, Raúl Cervantes Andrade, dijo que en el PND se deben considerar los planes sectoriales y la eficacia de los mismos y agregó que se necesitan reformas para hacer más eficaz la procuración y administración de justicia.

En su turno, el diputado Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD) pidió establecer un verdadero sistema de prevención social del delito, en el que no solamente la autoridad tenga que implementar programas específicos, sino que se involucre a la sociedad.

Manifestó que su partido está a favor del ataque frontal de la delincuencia organizada y de los operativos que realiza el Ejército Mexicano,pero “en sus intervenciones en varias partes del país ha tenido su lado negativo, porque haydenuncias específicas de violaciones a los derechos humanos, como en Michoacán”.

La diputada perredista, Mariana Bautista Bravo propuso que el PND debe estar enfocado al desarrollo económico, social, culturaly político. Recordó que en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas se especifica que este tipo de documentos deben tomar en cuenta la participación de la ciudadanía y contemplar la no discriminación y el derecho a la realización plena del ser humano.

Finalmente, la diputada Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza) dijo que en el PNDse tienen que puntualizar cosas primordiales, como que al delincuente no únicamente hay que castigarlo sino darle una educación, a fin de que pueda reingresar a la sociedad.

En su oportunidad, el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, resaltó que a pesar del esfuerzo del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico, Estados Unidos no ha colaborado lo suficiente, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tráfico de armas y lavado de dinero.

Tan sólo, dijo, en 2006 el sistema bancario de aquel país envió de manera formal a México, alrededor de mil millones de dólares en efectivo y el nuestro regresó cerca de 15 mil millones.

“Hemos insistido con autoridades de Estados Unidos que, en efecto, hay un flujo muy importante de drogas de México hacia ese país, pero igualmente hay ilícitos, complicidad e insuficiencia institucional de esa nación en el flujo de dinero en efectivo y de armas a organizaciones criminales”.

En la reunión de trabajo con los legisladores, el funcionario reconoció que, a la fecha, nuestro país enfrenta dos principales problemas que son: la debilidad institucional en los tres niveles de gobierno, en particular en materia de seguridad, procuración y administración de justicia; y otro, la evolución del narcotráfico y lo que conlleva.

Explicó que de acuerdo con el diagnóstico de la dependencia, el nivel económico de las organizaciones se ha visto disminuido tras el cierre de la frontera norte y porque el mercado de Estados Unidos ha cambiado significativamente en los últimos años.

Ahora, dijo, hay una disminución en el consumo de cocaína, toda vez que fue sustituida por drogas de diseño, especialmente las metanfetaminas.

Ante eso, añadió, hay una enorme caída de volúmenes y precios que ha impactado de manera dramática la capacidad de las organizaciones criminales mexicanas.

Indicó que de acuerdo con autoridades de Salud de Estados Unidos, en 2001 los demandantes de cocaína giraban en un 40 por ciento, sin embargo, hoy es de menos del 1 por ciento.

Mencionó que ante la incapacidad de las bandas delictivas de nuestro país para surtir el mercado de las metanfetaminas, éstas se ven obligadas a conquistar otras fuentes. “Primero, a disputar las geografías y luego a impulsar el crecimiento del mercado mexicano”.

En este sentido, indicó que buena parte de la violencia tiene que ver con la caída de ingresos de las organizaciones criminales. “Sobre esa base, necesariamente tiene que haber una eliminación de competidores y dicho ajuste se da de forma violenta”.

Destacó que la forma en que se expresa la violencia tiene un objetivo comunicacional y político: generar intimidación a la población y al Estado.

Aseveró que el problema se profundiza porque el sistema institucional y jurídico es inadecuado, toda vez que la Federación no tiene el despliegue suficiente para atenderlo, por lo que conminó a los legisladores a hacer las reformas adecuadas.

Subrayó que en la reestructuración del Estado de derecho se debe conformar un verdadero cuerpo de policía federal ya que, reconoció, “hay una fragmentación en esta corporación”.

Asimismo, opinó que en el planteamiento de una reforma constitucional se debe redefinir el rol que existe entre el Ministerio Público y las policías.

Concluyó que más allá de una guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se trata de recuperar los espacios para la ciudadanía y la capacidad de vivir en paz.

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