La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social,en reunión de trabajo, consideró que es prioritario que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya el fomento a la economía social y solidaria, a efecto de alcanzar el desarrollo integral del país.

El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera (PAN), presidente del órgano legislativo, informó que envió a las secretarías de Economía, Agricultura, Gobernación, Desarrollo Social y Reforma Agraria un documento que expone la propuesta de promover un marco jurídico adecuado para alcanzar dicho fomento.

Detalló que la Comisión sugiere que el tema sea incluido en elrubro titulado Economía Competitiva y Generadora de Empleos, pues considera de suma importancia la economía social y solidaria como tema en el desarrollo integral de México.

Indicó que la intención de agregar el fomento a la economía social y solidaria es el apoyo a jóvenes, mujeres, discapacitados, indígenas y a todos los sectores de la sociedad que, en muchas ocasiones, son olvidados.

Díaz de Rivera subrayó que siempre habrá en la sociedad sectores que necesiten programas compensatorios y productivos para que alcancen prosperidad y disminuyan su pobreza.

Indicó: “Estamos convencidos de que la economía social se debe impulsar de abajo hacia arriba, iniciando desde los que menos tienen, a través de programas compensatorios, de tal forma que se alcance un desarrollo sostenido y permanente para todos los sectores”.

El documento que envió la Comisión a las dependencias federales indica que las empresas y organizaciones de la economía social y solidaria impulsan el crecimiento económico mediante la generación de riqueza colectiva, empleos, equidad en la distribución del ingreso y la riqueza, apoyan el combate a la pobreza y convocan la integración y cohesión social.

Detalla que con la inclusión de esta economía se busca impulsar políticas públicas federales estratégicas, ordenadas y sistemáticas en esta materia; elevar el ingreso de los más pobres con empleos permanentes y dignos; así como promover mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, autoempleo, capacidad de organización y autogestión de los grupos sociales.

También establecer un modelo nacional de medición de indicadores del impacto de la economía social y solidaria, y promover ante el Poder Legislativo un marco jurídico adecuado.

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