Para garantizar la permanencia de los medios de comunicación indígenas y culturales ante la convergencia tecnológica, los diputados Lourdes Alonso Flores y José Alfonso Suárez del Real, ambos del PRD, presentaron la iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 2 constitucional para obligar al Estado a financiarla.

Con esas modificaciones, el gobierno federal tendría que establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas adquieran, operen y administren medios de comunicación en los términos en que las leyes en la materia determinen.

La propuesta de los legisladores perredistas, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tiene su base en la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 ex senadores en contra de algunos artículos de la ley de medios.

Los diputados argumentan, en la exposición de motivos de su iniciativa, que de no atenderse el problema de esta legislación se estarían creando las condiciones para la desaparición de los medios de comunicación comunitarios.

Asimismo, manifiestan que no se debe permitir que el Estado renuncie a su obligación de proveer de las condiciones necesarias para el desarrollo de los medios de comunicación que prestan servicio a comunidades indígenas, campesinas y urbanas marginales.

En el texto de la iniciativa se plantea que con un sistema de licitación a través de subasta pública, establecido en uno de los artículos actualmente impugnados, los medios comunitarios no tendrían futuro, debido a que presentarían propuestas económicas pobres, contrario a los medios privados.

También se destaca que con las modificaciones a las leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones que se hicieron el año pasado, se exenta a los medios privados de pagar al Estado por explotar un bien de la nación con el uso de las nuevas frecuencias derivadas de la conversión tecnológica.

Con la creación de un supuesto órgano regulador autónomo, se explica, la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, que en el artículo 27 constitucional tiene el carácter de bien nacional, quedaría limitada.

Finalmente, se asegura que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el Instituto Federal Electoral (IFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCyT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han reconocido que los artículos impugnados de la mencionada ley fomentan el monopolio en las concesiones del espectro radioeléctrico.

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