La Comisión de Hacienda y Crédito Público pedirá a la Secretaría del ramo y a Petróleos Mexicanos, llegar a una solución con los estados sobre los recursos por 4 mil 424 millones de pesos, generados por el derecho adicional previsto en la Ley Federal de Derechos, que la paraestatal debió entregar a las entidades federativas.

En reunión de la Comisión, su presidente, Jorge Estefan Chidiac (PRI), explicó que enviarán un escrito en el que se solicitará información sobre las consideraciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para cobrar o no esos derechos o si se hizo con base a la previsión de riesgos contemplados con el nuevo régimen fiscal de PEMEX.

Aseguró que la paraestatal también deberá presentar un estudio financiero y explicar las causas -adicionales a la operación de la empresa; o fortuitas, como huracanes, ataques terroristas o disminución en la plataforma de producción-, que han motivado la falta de entrega de los recursos, que tan sólo el año pasado fueron de 50 mil millones de pesos por excedentes petroleros.

Estefan Chidiac explicó que una vez que se tenga la información, se reunirán con ex diputados y ex senadores que votaron el Régimen Fiscal de PEMEX y con su director, Jesús Reyes Heroles, a efecto de debatir el tema y llegar a un acuerdo entre las partes involucradas.

En la reunión, donde estuvo presente el subdirector de Planeación y Evaluación de PEMEX, Vinicio Suro Pérez, se acordó que el punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza), el 11 de abril de este año, se aprobará la siguiente sesión de la Comisión.

Sobre el tema, Cárdenas Fonseca explicó que cuando se discutió el nuevo régimen fiscal de PEMEX se advirtió de una afectación a las finanzas de los estados, por lo que se estableció la garantía de producción mediante un derecho adicional.

El diputado asegura, en su punto de acuerdo, que según los datos presentados en el reporte de resultados financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 2006, la paraestatal obtuvo una extracción de 1,188,440,000 barriles de petróleo crudo, cuyo monto a pagar fue de 4 mil 424 millones.

Explicó que el derecho adicional se debe enterar a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal,plazo que se cumplió el 30 de marzo pasado, sin que a la fecha se hayan enterado a las entidades federativas los recursos que les pertenecen.

Consideró que “las cifras se maquillaron”, en virtud de que los informes sobre estados financieros se presentaron a las Secretarías de Energía y de Hacienda y el propio Congreso, pero posteriormente los quitaron. Preguntó que si el derecho adicional se devengó, por qué PEMEX evade sus obligaciones fiscales.

El diputado Manuel Minjares Jiménez (PAN) precisó que “no somos peritos para entender la explicación técnica de PEMEX”, lo que debemos conocer es si se trató de un acuerdo político; de ser así, la situación se debe analizar desde esa perspectiva.

Explicó que la excepción establecida en el artículo transitorio de la Ley de Derechos es amplia y vaga; “pareciera que deliberadamente se instrumentó de esa manera para no pagar ese derecho”. Pidió no resolver el tema con un exhorto, sino mediante un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para ver qué salida se le da.

En tanto, Pablo Trejo Pérez (PRD) consideró que si la ley es ambigua, también se establecen causas de fuerza mayor para la no entrega de recursos, aunque hay límites. Lo argumentado por PEMEX, dijo, no es de causa mayor, sino un asunto de planeación, porque fue la empresa quien estableció las metas.

Dijo que la ley señala claramente lo que se debe hacer y que existen más de 4 mil millones de pesos que no se han entregado por “mala planeación”.

El diputado Javier Guerrero García (PRI) explicó que la definición de las plataformas de 2006, 2007 y 2008 se debió a un acuerdo del esquema de transición, donde los estados aceptaron fortalecer a PEMEX, quien ahora manifiesta argumentos técnicos sobre un derecho adicional.

En la discusión del régimen fiscal, dijo, se preguntó qué garantía había para la no disminución de la plataforma para los siguientes 3 años y la respuesta fue la de un terremoto, aunque esa consideración no está prevista.

Refrendó el compromiso de fortalecer a la empresa, consolidar su nuevo régimen y la posibilidad de discutir su autonomía de gestión, pero consideró que esta situación “mete ruido” si no se resuelve de manera adecuada.

Dijo que se requiere mayor tiempo para buscar una alternativa o salida al problema, así como contar con información suficiente sobre las plataformas de extracción de PEMEX de años anteriores.

En su intervención, Vinicio Suro Pérez, subdirector de Planeación y Evaluación de PEMEX, aseguró que los pronósticos de producción no reconocen los movimientos operativos como mantenimiento, así como riesgos geológicos en la explotación de yacimientos.

Explicó que tampoco se consideraron eventos naturales como huracanes y marejadas que controlan la productividad.

Durante la reunión de la Comisión, se pospuso la discusión y votación del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica.

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