Ante la necesidad de contribuir a generar empleos en el país, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social presentará en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones una iniciativa para crear la Ley de Economía Social y Solidaria con la que se fomentarán proyectos productivos.

Esta Ley establecería las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimientito del sector, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso.

En el marco del diplomado Economía Social y Solidaria, el presidente de este órgano legislativo, Antonio Sánchez Díaz de Rivera (PAN), señaló que dicha Ley buscará que haya un instituto que coordine las acciones, programas y políticas del gobierno federal que tengan que ver con el asunto.

De igual forma, ese organismo instrumentaría una política nacional de fomento y desarrollo para el sector de la economía social y solidaria; coordinaría las acciones correspondientes a las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal destinadas al fomento y desarrollo del sector.

Asimismo, se prevé la creación del Fondo de Fomento del Sector de la Economía Social y Solidaria con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y/o los ingresos recibidos por otras fuentes de financiamiento, así como por convenios con las entidades federativas y municipios.

Explicó que la Junta Directiva de dicho Instituto estaría integrada por once miembros, de los cuales, seis serían representantes del gobierno federal: los secretarios de Economía, de Hacienda Y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Agricultura, del Trabajo y Prevención Social y el de la Reforma Agraria. Los otros cinco serán electos libremente por la asamblea general de dicho organismo.

El diputado apuntó que la iniciativa también contempla crear el Consejo Nacional de Entidades y Organismos del Sector de la Economía Social y Solidaria, cuyas funciones serán promover y asesorar la constitución de empresas sociales, además de que sería el órgano consultivo del Gobierno Federal en la formulación de políticas relativas a la Economía Social y Solidaria.

Asimismo, promoverá en el contexto nacional e internacional los bienes y servicios producidos por las entidades del ámbito social; apoyará en la gestoría de las empresas del sector en los trámites ante cualquier instancia pública o privada y les brindará capacitación administrativa, contable, fiscal, legal y comercial.

Sánchez Díaz de Rivera comentó que la propuesta también contempla crear el Registro Nacional del Sector de la Economía Social y Solidaria, cuyas funciones serán elaborar las estadísticas y llevar elregistro de los organismos y entidades del sector y sus actividades.

Subrayó que los organismos y entidades del sector quedeseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de dicha Ley, deberán solicitar su inscripción ante el Registro Nacional.

Las empresas contarán con un plazo de 30 días hábiles a partir de la presentación de solicitud de registro para su aprobación. Transcurrido ese plazo sin respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada.

Reiteró que con esta iniciativa, los legisladores que integran la Comisión buscan facilitar la creación de empresas sociales y cooperativas de proyectos productivos; sobre todo para la gente que menos tiene.

Indicó quela economía social es generadora de empleos, por lo que es importante promover una Ley de Economía Social y Solidaria que contribuya de manera eficiente a ese objetivo.

Mencionó que el sector de la economía social y solidaria, está constituido por comunidades indígenas, sociedades de producción rural, solidaridad social, cooperativas de producción, distribución y consumo; brindadoras de servicios y de ahorro y préstamo; así como organismos de seguros y asociaciones civilesque estén registradasen la Ley de Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Díaz de Rivera expresó que uno de los asuntos importantes para esta Comisión será aportar las herramientas legislativas necesarias para crear los empleos suficientes y bien remunerados que requiere el país.

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