Convertir los espacios controlados por criminales en sitios de desarrollo social, es decir, parques, jardines y quioscos, es el objetivo de la iniciativa que presentó el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (PRD) que modifica el artículo uno de la Ley de Expropiación.

De acuerdo con el artículo 27 constitucional, la expropiación es el acto de privar a una persona de la titularidad de un bien o derecho, dándole a cambio una indemnización. Sólo se efectúa por motivos de utilidad pública, y actualmente la ley sólo considera 12 causales, con la propuesta, la seguridad de los habitantes en caso de delincuencia organizada sería la 13.

El presupuesto para la seguridad pública, se indica en la exposición de motivos de la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, creció 40 veces en ocho años; pasó de 10 mil 496 millones de pesos en 1999 a 404 mil 832 millones de pesos en 2007, sin que haya resultados concretos en el combate a la delincuencia organizada.

Lo que se necesita, se afirma en el texto, no es dotar al Estado de más recursos o fuerza pública, sino darle instrumentos jurídicos y transparentes, que eviten el abuso sobre personas y eliminen el crimen.

En entrevista, Villanueva Albarrán aseguró que el Gobierno del Distrito Federal demostró la eficacia de la expropiación al decomisar dos predios ubicados en Tepito e Iztapalapa, tomando en consideración la seguridad de los habitantes como causa de utilidad pública. “Soluciones de este tipo debemos dar a nivel federal”, agregó.

Asimismo, explicó que al recuperar sus espacios públicos, la gente contribuirá a la disminución del crimen y se terminaría con la dinámica que han impuesto las tiendas departamentales, pues “se han convertido en la nueva plaza pública, la gente se siente más segura en estos lugares que en los parques de la ciudad”.

Por otra parte, se cuestionó al diputado si el pago de una indemnización representa un problema para la expropiación, pues significa devolverle una parte del costo del predio embargado a sus dueños; a lo que respondió que en muchos casos, los delincuentes sólo son arrendatarios por lo que en realidad se contribuye a recuperar el bien a sus legítimos propietarios.

Sobre la figura de Extinción de Dominio de Bienes (herramienta que permitiría decomisar propiedades provenientes de actos ilícitos sin tener que pagar alguna compensación), el diputado aceptó que puede ser una buena herramienta del gobierno para combatir la delincuencia organizada porque ataca su estructura económica.

Sin embargo, advirtió, existe la posibilidad de atropello o arbitrariedad por parte de la autoridad, por lo que “no lo considera una solución viable”.

“Es una propuesta que se puso en marcha en Colombia cuando dos terceras partes del suelo cultivable estaba sembrado de estupefacientes, realidad que no se da en México”, afirmó.

Además, destacó, la expropiación es más transparente y el destino que tienen los bienes decomisados es en beneficio de la sociedad: viviendas, parques públicos, centros sociales, hospitales.

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