A fin de que PEMEX cuente con un nuevo marco jurídico que haga a la paraestatal más eficiente, disminuya sus costos, agilice la toma de decisiones y alcance estándares productivos que generen mayores ingresos públicos y menores precios de los combustibles, el diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) propuso una iniciativa para expedir una Ley Orgánica y del Gobierno Corporativo de PEMEX y Organismos Subsidiarios.

La propuesta legislativa establece que PEMEX tiene la responsabilidad de garantizar una oferta suficiente de energéticos para el consumo nacional, con estándares de calidad internacionales y a precios justos para comercializar en el exterior los excedentes.

Busca que Petróleos Mexicanos esté obligado a acatar normas de productividad, seguridad industrial y de mantenimiento en sus operaciones productivas, con base en rangos internacionales de empresas similares.

Cervantes Andrade destaca la urgencia de perfeccionar el modelo de la industria petrolera, a fin de convertirla en un eslabón esencial de las cadenas productivasy en motor del desarrollo económico.

Refirió que la política energética queda afectada por los recortes presupuestales, lo que ha dañado las inversiones en perjuicio de su expansión y modernización. Esta situación provoca la disminución de las reservas de hidrocarburos, falta de mantenimiento y descuido de la infraestructura, lo que ha derivado en siniestros con graves consecuencias para el medio ambiente.

El legislador plantea que sea la Comisión Reguladora de Energía la que establezca esos parámetros a los que debería sujetarse la paraestatal y que las secretarías de Energía, del Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía opinen al respecto.

El diputado Cervantes Andrade propone que dentro de la Ley Orgánica, la Comisión Reguladora determine las medidas correctivas y, en su caso, sanciones por violaciones a la normatividad correspondiente.

Mientras que a la Secretaría de Energía correspondería determinar los objetivos y lineamientos de largo plazo de la industria petrolera; fijar la meta de vida de las reservas de los hidrocarburos; establecer la política de abasto nacional y de seguridad energética, así como las prioridades en materia de ahorro de energía y desarrollo de fuentes alternas.

La Secretaría de Hacienda supervisaría las operaciones de crédito público y las que tengan el respaldo del Gobierno Federal se ajustarán a las normas que al efecto se establezcan.

La iniciativa señala que la paraestatal se sujetaría a las disposiciones legales en materia presupuestaria y financiera, contable y administrativa del gobierno federal, así como a las resoluciones y lineamientos que emitan las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.

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