Las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Función Pública se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar el capítulo de la Reforma Fiscal relativa a las modificaciones constitucionales en materia de fiscalización superior.

Durante una reunión de la comisión, donde también se aprobó la conformación de un grupo de trabajo que analice la propuesta del Ejecutivo, su presidente, Antonio Ortega Martínez (PRD), entregó al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, Julián Olivas Ugalde, las conclusiones y recomendaciones del análisis del informe de revisión de la Cuenta Pública 2005.

Ortega Martínez aseguró que existen coincidencias con la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal en temas como homogeneizar la contabilidad en los tres ámbitos de gobierno, modificar las fechas de presentación de la Cuenta Pública y del informe de resultado de su revisión.

Precisó que también en la necesidad de resolver el proceso legal de la Cuenta Pública y ampliar las facultades y atribuciones de la ASF para fiscalizar directamente los recursos federales en gobiernos estatales y municipales.

Reconoció que faltó incluir una reforma constitucional para dotar de autonomía técnica y de gestión a las entidades de fiscalización superior locales y cambiar el término de revisión por dictamen de la Cuenta Pública.

Llamó a definir un método de trabajo para analizar las reformas que se proponen en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En otro tema, a petición del diputado Moisés Alcalde Virgen (PAN), se presentará una solicitud por escrito al Órgano Superior de de Fiscalización para que se incorpore en la planeación de auditorías del próximo año una revisión a los recursos federales destinados a las obras de mantenimiento del tramo carretero Cuernavaca-Acapulco, cuyo contrato se otorgó a la empresa Gutsa.

El diputado Antonio Ortega Martínez precisó que si el monto de los recursos excede los 100 mil salarios mínimos vigentes en Distrito Federal, cuenta con afectación al erario e impacto social, podría realizarse una auditoría excepcional de manera inmediata y urgente.

Al respecto, el auditor Julián Olivas dijo que una vez que la Comisión presente por escrito la petición se incorporará al programa de auditorías de la cuenta pública 2006. En cuanto a lo ejercido este año, precisó que se debe acreditar el daño patrimonial superior a 100 mil veces el salario mínimo.

En tanto, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), explicó que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, las situaciones excepcionales son las que implican algún daño patrimonial y el riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad.

En este caso, dijo, se comprueban las dos vertientes: el daño patrimonial al haber un pago por 14 millones de pesos en exceso, además de que se rebasó en más de mil 200 días el plazo para entregar las obras de mantenimiento.

Por otro lado, el presidente de la Comisión, al entregar las conclusiones y recomendaciones a la ASF sobre la revisión de la Cuenta Pública 2005, aseguró que pedirán a ese órgano de fiscalización informe el estado que guarda el proceso de solventación de las observaciones derivadas del análisis.

Aseguró que por primera vez se elaboró un documento de conclusiones donde se destacan áreas en las que se puede mejorar el gasto público y las observaciones recurrentes; no obstante, reconoció que faltó resolver el vacío legal que existe sobre el destino de los resultados y su eventual carácter vinculatorio.

En tanto, el diputado Antonio Muñoz Serrano (PAN), destacó que en el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2005 hubo coincidencias para fortalecer la fiscalización en el país. Precisó que la Reforma Fiscal cubre algunos de los vacíos legales en la materia y retoma propuestas presentadas por legisladores, lo cual permitirá acabar con las prácticas contrarias a la ley.

El diputado Víctor Valencia de los Santos (PRI) consideró que la ASF debe modificar su visión sobre los procesos de fiscalización, que haya mayor coordinación con los órganos de control federal y estatal y revisar el marco jurídico en materia de fiscalización superior.

El diputado Jaime Cervantes Rivera (PT) pidió mejorar los mecanismos de control y seguimiento de las observaciones emitidas, para evitar la reincidencia de irregularidades, evaluar el desempeño de dependencias, entidades y programas de promoción, eliminar la discrecionalidad en el destino de ingresos excedentes del petróleo y hacer un diagnóstico de la situación de la educación básica.

Por Convergencia, el diputado Elías Cárdenas Márquez se pronunció por dar mayores facultades a la ASF para que sancione a los servidores públicos, asigne recursos a los entes de fiscalización con base en logros y metas, además de instrumentar acciones legislativas que mejoren la fiscalización.

Finalmente, la Comisión aprobó el documento sobre conclusiones y propuestas generales a las entidades sujetas de fiscalización, derivado también de la revisión de la Cuenta Pública de ese año.

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