El reto de la Reforma Fiscal es que todos paguen impuestos de manera simplificada, pero sin que la carga se traslade a los contribuyentes cautivos, aseguró Raúl Padilla Orozco (PAN), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, tras señalar que el Ejecutivo Federal cumplió al presentar una propuesta que permitirá consolidar los objetivos de desarrollo y bienestar.

En el segundo seminario de análisis sobre la Reforma Fiscal organizado por esa comisión, el diputado dijo que el presupuesto para este año se aprobó por unanimidad de todas las fracciones parlamentarias; fue un gran logro porque se avaló un gasto respetuoso de las prioridades del país y de gran impacto económico que se enriqueció con las propuestas de todos los sectores y las comisiones legislativas.

Urgió a consolidar una reforma que garantice mayores recursos, mejores niveles y calidad del gasto público, así como su escrutinio y rigurosa evaluación.

Por su parte, la diputada Susana Monreal Ávila (PRD), destacó que la Reforma Fiscal no sólo incluye la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) ni el Impuesto contra la Informalidad (ICI), sino también el gasto público y el Sistema de Evaluación de Desempeño.

Al respecto consideró necesario hacer un análisis detallado de esos temas, de lo contrario, advirtió no se podrá avanzar en esta materia.

En su exposición, el director del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Edgar Nolasco, y la investigadora del Centro de Estudios de Derecho de Investigaciones Parlamentarias, Cecilia Licona, coincidieron en que la Reforma Fiscal es regresiva.

La investigadora precisó que la propuesta no fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni la rendición de cuentas, al contrario, las debilita, con lo cual se estaría retrocediendo.

También, dijo, se analizó la facultad del Congreso para expedir leyes a fin de normar la contabilidad gubernamental, tema que ya está reglamentado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Respecto a los alcances de las facultades de la ASF en materia de situaciones excepcionales, comentó que en éste no se aplican los principios de anualidad ni posterioridad. Consideró que, además, en la iniciativa del Ejecutivo se limitan las atribuciones del ente fiscalizador para que no emita recomendaciones vinculantes sobre el cumplimiento de objetivos de programas federales.

Consideró que dicha entidad debe fortalecerse para emitir observaciones que “solucionen los escollos que se han presentado a esta entidad y que se han visto reflejados en la resolución de diversas controversias resueltas por la Corte”.

La especialista dijo que el Ejecutivo propone un procedimiento para que la ASF envíe a los sujetos de fiscalización informes preliminares sobre los resultados de la revisión de la Cuenta Pública, aún antes de que lo conozca la Cámara de Diputados y que dichos sujetos puedan impugnar las resoluciones del órgano fiscalizador.

Finalmente, Edgar Nolasco aseguró que el CEFP prepara un estudio con corridas financieras sobre federalismo fiscal, para saber los recursos que cada estado podría obtener; dicho documento, agregó, será entregado la próxima semana a los legisladores.

En su exposición, consideró que en 10 años no se concretado un verdadero programa de presupuesto y gestión pública orientado a resultados, pues a pesar de los esfuerzos gubernamentales los gastos no han reflejado objetivos estratégicos o indicadores, sino metas. Además, agregó, no hay correspondencia entre los indicadores globales y los específicos de cada dependencia.

Dijo que la participación del Poder Legislativo está limitada en la ley porque no tiene funciones expresas en el proceso de construcción y definición del Sistema de Evaluación del Desempeño ni existen valores de referencia para la actuación pública que vinculen el interés público del Congreso con los resultados o impactos de las políticas públicas.

Al respecto, destacó la necesidad de revisar la normatividad y el rediseño institucional, sobre todo, de los organismos fiscalizadores; redefinir el sistema de costos y la contabilidad gubernamental; disminuir la complejidad administrativa del sector público; diferenciar los indicadores de cada Poder; incluir en la estrategia de auditoría la evaluación de política e impactos de cada sector y realizar un seguimiento del sistema, sus fases y costos.

En el seminario también participaron David Colmenares Páramo, investigador de la UNAM y Cecilia Reyes Montes, subdirectora de Estudios del Presupuesto y Gasto Público del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

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