El rescate carretero le ha costado al gobierno 178 mil 300 millones de pesos de pasivos y casi 100 mil millones de intereses que se han generado en diez años.

Así lo informó el director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados,Carlos Augusto Colina Rubio, ante los diputados de la Comisión de Transportes, quienes manifestaron su preocupación por el programa de reprivatización de carreteras y autopistas de cuota, anunciado por la actual administración.

El funcionario dijo que se ha plantandoun nuevo esquema de concesiones, para que algunas de las 23 carreteras que rescató el gobierno, se regresen, ya saneadas, al sector privado para que las pueda operar.

Añadió que en el proceso de licitación podrá participar cualquier empresa, “incluso las mismas que en su momento no pudieron administrar lo que se les dio en concesión y que prácticamente quebraron”, por lo que este esquema resulta poco seguro.

Informó que el programa de reconcesión apenas inicia, pues el 95 por ciento está en proceso de licitación, por lo que las grandes autopistas están pendientes.

Entre los concesionarios que han ganado estas licitaciones están el Grupo Omega e INBURSA y también podrían participar empresas extranjeras en este proceso de licitaciones, acotó.

Recordó que ante la falta de recursos para desarrollar los programas de inversión del sector, en 1986 el gobierno tomó la decisión de dar en concesión al sector privado 52 de las más importantes autopistas.

Sin embargo, once años después, las empresas concesionarias presentaron una gran cantidad de problemas financieros y adeudos con el sistema bancario por 57 mil 700 millones de presos. Esto llevó al gobierno a que de las 52 autopistas que se habían concesionado se rescataran 23.

El gobierno asumió, en ese entonces, la deuda bancaria que tenían los concesionarios por 36 mil 600 millones y, por otra parte, los indemnizó por 21 mil 100 millones de pesos; es decir, en 1997 el rescate le costó al gobierno 57 mil 700 millones de pesos y al final de ese año el total ascendió a 58 mil 100 millones de pesos.

De las 23 carreteras que rescató el gobierno, que representan 5 mil 300 kilómetros, una parte se le dio a Capufe para queadministrara 900 kilómetros. Y la otra parte, 4 mil 400 kilómetros, al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).

El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez (PAN)preguntó cuál es el plan financiero para abatir la amortización de la deuda y si tienen información respecto al programa que esta administración ha anunciado en el sentido de reconcesionar algunos tramos carreteros y autopistas de cuota.

En respuesta, el funcionario del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas indicó que los recursos que se obtienen por peaje en las carreteras se utilizan para amortizar el costo de la deuda, porlo que no se requieren presupuestos adicionales.

El diputado Tomás del Toro del Villar (PAN) criticó el empeño de seguir concesionando ante la experiencia sufrida. Invocó el ejemplo de la Autopista del Sol que es cara e intransitable.

Los diputados preguntaron las diferencias entre el actual esquema de concesión respecto al anterior y si se disminuye el riesgo de una nueva crisis.

Alejandro Delgado Oscoy (PAN) pidió ser cuidadosos, dados los antecedentes y las cantidades de rescate carretero que ha sido muy gravoso para el país.

Santiago López Becerra (PRD) preguntó si se van a concesionar únicamente las autopistas que son rentables.

La diputada Gloria Rasgado Corsi (PRD) señaló que es necesario marcar mecanismos que definan qué y por qué se va a licitar, y el tipo degarantías, pues no se puede concesionar a alguien que está fallando y cuya calidad de la obra no es buena.

En respuesta, Colina Rubio dijo que los diputados son los más indicados para evaluar la viabilidad del proceso de rescate, saneamiento financiero y las nuevas concesiones.

Añadió que no solamente se van a regresar las carreteras concesionadas que se rescataron en 1997, sino también los nuevos proyectos que se están licitando; es decir, toda la política de inversiones en nuevas carreteras que se están dando en concesión.

Advirtió que “sería tanto como regresar al año 1985, ante las necesidades de cuantiosas inversiones y ante la falta de recursos del gobierno, pues es nuevamente darle al sector privado la construcción de autopistas federales, con la posibilidad de que participen, inclusive, empresas extranjeras y las mismas que en su momento fueron concesionarias del rescate de 1997”.

No obstante, indicó que la viabilidad depende del estudio de factibilidad y de un mayor control en el proceso de adjudicación, así como que las empresas que están ganando las licitaciones cumplan con el objetivo.

En tanto, Ailyana Barragán Álvarez, investigadora del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, señaló que este nuevo esquema de concesiones es más estricto en cuanto a las valoraciones de peaje; en el anterior, aclaró, no hubo estudios técnicos tan confiables.

El presidente de la Comisión de Transportes, Rubén Aguilar Jiménez (PT), dijo que buscarán que haya una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que explique el programa de reprivatización de carreras.

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