Ante la constante cancelación de reuniones de comisiones ordinarias por falta de quórum, situación que afecta el trabajo legislativo, diputados del PAN, PRD y PRI coincidieron en que es necesario sancionar a quienes no acudan a estas sesiones.

María Elena Álvarez Bernal (PAN), Presidenta en funciones de la Cámara de Diputados, señaló que además de castigos económicos, se requiere establecer la pérdida de cargo de integrante de comisión a quien, sin justificación, se ausente de los trabajos de éstas en dos o más ocasiones.

Para lograr lo anterior, propuso modificaciones al artículo 64 constitucional a fin de sancionar a los diputados; de esta manera, dijo, “los verdaderos interesados en acudir a las reuniones lograrán cumplir con los compromisos establecidos en la agenda legislativa”.

En la exposición de motivos de la iniciativa se explica que la cancelación de reuniones de comisiones y la falta de una carrera parlamentaria por la imposibilidad de la reelección inmediata de los legisladores, han incidido negativamente en el trabajo del Congreso.

Asimismo, se indica que las comisiones constituyen el principal recurso organizacional con que cuenta el Congreso, ya que su forma de trabajo es más ordenada y productiva que la del Pleno, debido a que su constitución introduce racionalidad en la función legislativa por la especialización de temas.

Por lo anterior, reducirlas para disminuir el costo que le representan a la Cámara de Diputados es una medida que no puede darse en el contexto político actual, se argumenta.

El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, expresó su adhesión a la iniciativa de la diputada María Elena Álvarez Bernal, en el sentido de sancionar a los legisladores que no asistan a las reuniones de comisión e incluso establecer la pérdida del cargo de integrante de comisión a todo aquel que se ausente, sin causa justificada, de los trabajos en dos o más ocasiones consecutivas.

El también secretario de la Mesa Directiva e integrante del Grupo de Ética de la Cámara de Diputados, dejó en claro que ante la evidente problemática que se presenta para sacar adelante los trabajos al interior del Congreso de la Unión y elevar la productividad legislativa, resulta necesaria una reforma integral al régimen interno que norma el proceso legislativo.

El diputado César Camacho Quiroz (PRI), miembro del Grupo de Ética y presidente de la Comisión de Justicia, coincidió con la propuesta puesto que “cualquier medida que tienda a eficientar el trabajo legislativo es importante, respetable y bienvenida”.

Además, precisó que no necesariamente se tiene que reducir el número de comisiones, sino buscar más eficiencia en su trabajo, porque el que sean muchas o pocas no incide en su productividad. Además, acotó, la variedad de asuntos que estudia la Cámara de Diputados justifica la existencia de comisiones que actualmente existen.

Agregó que la medida más importante para incentivar la asistencia de los diputados a sus comisiones es la rendición de cuentas, ya que si los ciudadanos se enteran del poco desempeño de algunos legisladores dejarán de creer en ellos como sus representantes y les afectará en futuras elecciones en las que puedan participar.

En tanto, el diputado Alfonso Suárez del Real (PRD), integrante del Grupo de Ética y secretario de la Comisión de Cultura, consideró lamentable que se haya tenido que proponer una sanción económica a los legisladores para poder garantizar el correcto funcionamiento de las comisiones ordinarias.

Sobre si sería viable la reducción del número de comisiones, comentó que no se le puede negar la oportunidad a ningún legislador de estar en las comisiones en las que quiere, ya que “estoy seguro de que tenemos la convicción de que la elección que hicimos de nuestras comisiones corresponde a nuestras capacidades”.

Además, expresó, “cuando un diputado organiza su tiempo puede atender varias comisiones, las reuniones son sólo una vez al mes y tenemos una agenda para que no se nos empalme el trabajo”.

En el mismo tenor, Eduardo de la Torre Jaramillo (independiente), integrante del Grupo de Ética y Secretario de la Mesa Directiva, observó que la propuesta de castigar económicamente a los legisladores faltistas es la única salida para que las comisiones puedan cumplir cabalmente con su trabajo.

Destacó que es necesaria una reforma constitucional a fin de modernizar el Poder Legislativo, la cual debe incluir: reducción de comisiones, limitar a dos el número de comisionesen las que puede estar un legislador, extensión de los periodos ordinarios, inclusión del servicio profesional de carrera en el Congreso y reelección de diputados.

Esta reforma al Congreso, apuntó, sería la única manera de profesionalizar el trabajo legislativo.

En tanto, el diputado Juan José Rodríguez Prats (PAN), miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, consideró que las sanciones económicas para evitar el ausentismo no es la solución más viable, “podríamos aplicar otro tipo de medidas, como la reducción del número de comisiones”.

Creo que esta situación es más un problema de prácticas, explicó, ya que muchas veces se nos empalman varias reuniones de comisión y la Sesión Ordinaria, por lo que las sanciones pecuniarias no deberían aplicarse; además, aclaró, no es un problema nada más de México, sino que pasa en todos los Congresos del mundo.

Hay un gran pendiente en nuestro proceso de consolidación democrática: mejorar al Poder Legislativo; sobre todo el trabajo en comisiones, ya que es en éstas donde se analizan los temas para que lleguen consensuados al Pleno de la Cámara, concluyó.

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