El diputado Joel Guerrero Juárez (PRI), presentó ante el Pleno una iniciativa de reformas al artículo 41 constitucional que plantea la desaparición del financiamiento privado a partidos y candidatos y modifica el sistema de prerrogativas para cuidar la equidad en el financiamiento de campañas electorales.

De igual manera, propone la creación de dos nuevos organismos y la desaparición del actual Instituto Federal Electoral, uno de ellos sería el Instituto Federal para la Organización de las Elecciones que se concentraría en la organización de procesos de elección; así como en el control y modernización del padrón electoral, garantizando su transparencia.

La otra nueva institución sería el Consejo Federal de Dirección de los Procesos Electorales que se encargaría de la regulación de las elecciones y la construcción, de acuerdo con los partidos de un nuevo sistema de convivencia, “para trasladarse del viejo presidencialismo extremo con partido predominante, a otro sistema pluralista de partidos que se está viviendo en la actualidad”.

De igual manera, propuso cambiar el procedimiento de selección de los consejeros ciudadanos que serían quienes dirigirían a estas dos instituciones, “pasaremos del viejo sistema de selección, controlado y propuesto por los partidos, a otro donde participarían los ciudadanos a través de los mecanismos de consulta y audiencia pública”.

Los organismos mencionados tendrían bajo su responsabilidad la organización y regulación de las elecciones federales. Ambos serían dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio y en su integración participarían el Poder Legislativo, ciudadanos, organizaciones civiles y universidades.

El legislador señaló que “se requiere que los recursos públicos para candidaturas y partidos sean controlados por otro organismo distinto al gobierno y al Instituto Federal Electoral (IFE), cuyos integrantes sean elegidos a la luz pública con la participación de los partidos”.

Agregó que “se deben hacer públicas las ligas de partido, de familia o de interés económico para que el proceso de elección sea abierto y no tenga relaciones que sean cuestionadas por sus tendencias hacia ciertos intereses”.

Para educación, el ocho por ciento del PIB

A fin de quela asignación presupuestal en educación pública que programe el Estado anualmentesea equivalente al ocho por ciento del Producto Interno Bruto y de este monto, el uno por ciento, se asigne para la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de educación superior, el diputado Neftalí Garzón Contreras (PRD) propuso reformar el artículo 3° de la Constitución Política.

En la sesión de hoy, el legislador consideró necesario establecer en la Carta Magna la obligación del Estado a destinar al presupuesto educativo, como mínimo, el 8 por ciento del PIB, debido a que existe un millón de niños, entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, en situación de calle y discapacitados, que no asisten a la escuela.

Dio a conocer que del universo de 68 millones de estudiantes, ocho millones de jóvenes mayores de 15 años en el país se encuentran en rezago educativo.

Indicó que entre los mexicanos de 8 y 14 años que no saben leer ni escribir, 4.8 por ciento son varones y 4.2 por cientos niñas, aunque en algunas regiones del sureste del país este porcentaje se duplica o triplica, como es el caso de Chiapas. Adicionalmente, entre 8 y 11 por ciento de los mayores de 15 años no tienen ninguna instrucción escolar, agregó.

Dijo que el propósitode la iniciativa es garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes mexicanos mediante la asignación presupuestal sustentable y permanente, ya que ocupamos el lugar 34 en el desarrollo educativo.

Por eso, la propuesta tiene el fin de que se cumpla el precepto constitucional obligatorio de asignarle a la educación cuando menos el ocho por ciento del Producto Nacional.

Agregó, que de acuerdo a las demandas, estimaciones actuariales y a los convenios internacionales que México ha suscrito, se propone hasta el ocho por ciento del PIB por parte del Estado a este sector.

Afirmó que es urgente incrementar el apoyo del Estado a la educación básica, al nivel medio superior y superior, así como a la ciencia y tecnología, ya que muchas de las universidades públicas se encuentran en quebranto financiero y requieren el fortalecimiento de la inversión pública. La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Evitar contaminación del agua

En nuestro país, más de 2.2. millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua, ocasionada por industrias, particulares y negligencia de las autoridades, informó la diputada Alma Lilia Luna Munguía (PRD).

Añadió que en el Distrito Federal se desperdician 23 mil litros de agua potable cada segundo, “y no pueden ser reutilizados porque van directo al desagüe”.

Para atender esta problemática, presentó una iniciativa que adiciona un inciso a la fracción II del párrafo segundo del artículo 3º constitucional para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruya a las instituciones públicas y privadas de educación básica para que implementen talleres de educación ambiental y de la cultura del agua.

Subrayó que es momento de atender el problema mediante laimplementación de la educación ambiental, la cual desempeñará un papel primordial para suscitar una clara toma de conciencia y una mejor comprensión de los problemas ambientales. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Orientación educativa

El diputado Daniel Dehesa Mora (PRD) pidió reformar diversos artículos de la Ley General de Educación, con el objetivo de garantizar que la orientación educativa sea parte de la política nacional de educación pública plasmada en el artículo 3º constitucional.

Señaló que, de esta forma, se evitaría la concentración excesiva de la matrícula universitaria en unas cuantas carreras, por lo que se le debe asignar el carácter de política pública nacional a la orientación educativa.

“La orientación educativa puede mejorar los términos de nuestra condición ciudadana, nuestra convivencia social y nuestra inserción productiva”. Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Precisar atribuciones del Presidente de la República

El diputado Efraín Morales Sánchez (PRD) presentó una iniciativa que pretende reformar la fracción I del artículo 89 constitucionalpara precisar las atribuciones y facultades reglamentarias del Presidente de la República en el ámbito de la Administración Pública Federal.

La iniciativa propone reconocer legalmente a las dependencias de la Administración Pública Federal como las instancias a través de las cuales el Presidente de la República puede delegar la facultad y obligación de emitir actos jurídicos y administrativos.

Asimismo, propone precisar la jerarquía de las regulaciones técnicas en el sistema jurídico, como es el caso de las Normas Oficiales Mexicanas, y dar paso a su constitucionalidad. Señaló que la funcionalidad de éstas es cuestionada, toda vez que muchas no son respetadas ni cabalmente cumplidas por los sujetos e instancias a quienes van dirigidas.

Agregó que dicha situación obedece a las serias dudas sobre su naturaleza y posición jerárquica dentro del sistema jurídico mexicano, por tanto, aún existe confusión respecto a su constitucionalidad y obligatoriedad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales

Tema ambiental

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD) propuso reformar los artículos 27 y 73 de la Constitución Política para mejorar y darle claridad al mandato constitucional relacionado con el tema ambiental y de los recursos naturales, adecuándolo al avance científico y político.

En su iniciativa propone modificar la parte que dice: “aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación”, por aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo planteamodificar el término de bosques por el de recursos forestales.

Propuso sustituir la parte que menciona: lograr el desarrollo equilibrado del país” por lograr el desarrollo integral y sustentable. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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