La Cámara de Diputados expresó al Ejecutivo Federal un profundo rechazo por la interrupción que se realizó a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional, de la sesión de Congreso General, efectuada el 1 de septiembre de 2007.

En la sesión de hoy, se dio lectura al pronunciamiento, avalado previamente por los ocho coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, el cual fue aprobado por el Pleno en votación económica.

Reformas a la Ley del IEPS y Ley de Coordinación Fiscal

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se turnó una iniciativa del diputado Christian Martín Lujano Nicolás (PAN) que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley de Coordinación Fiscal.

En la exposición de motivos se establece que dentro de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo tendientes a lograr una Reforma Hacendaria integral, se propone otorgar nuevas potestades tributarias a las entidades federativas.

Sin embargo, ante la imposibilidad de aplicar de manera inmediata impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel, ya que esto implica una reforma constitucional, el legislador panista sugiere modificar el artículo 2-A de la Ley del IEPS.

De esta forma, se aplicaría una tasa de 5.5 por ciento sobre el precio por litro de venta al público de la gasolina y diesel, que representaría ingresos aproximados por 22 mil 700 millones de pesos.

La adición de un artículo 4º a la Ley de Coordinación Fiscal establece que de esa recaudación, el 4.5 por ciento (18 mil 500 millones) se distribuirían entre las entidades federativas y los restantes cuatro mil 200 millones (uno por ciento), serían para crear un fondo de compensación.

Ese fondo se destinaría a los 10 estados con menor PIB per cápita no minero y no petrolero. Para participar de estos recursos, previamente, las entidades federativas tendrán que celebrar convenios con la Federación.

Evitar rescate eléctrico

A fin de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética,y asignar a Luz y Fuerza del Centro los mismos atributos y facultades con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad, para otorgarles las bases para la modernización y crecimiento de ambas empresas, el diputado José Antonio Almazán González (PRD) presentó una iniciativa por la cual modifica la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Almazán González dijo que se trata de recuperar la legalidad constitucional y evitar un posible rescate eléctrico, cuyo costo sería más alto que los pasados rescates bancario, carretero o azucarero.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Energía, propone acotar las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, así como eliminar las inconstitucionales figuras de “productor independiente”, “pequeña producción” y de “importador” y “exportador de energía” eléctrica apegándose al texto original de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 22 de diciembre de 1975 y a la reforma de 1983.

El legislador advirtió que privatizar el servicio público de energía eléctrica “es absurdo e irracional, pero sobre todo un verdadero fraude. El crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico hubiera sido inconcebible sin la nacionalización y la intención gubernamental de cumplir con esa tarea”.

Expresó que el abasto eléctrico está dejando de ser considerado un servicio público para convertirse en una mercancía, la cual sólo será disponible para aquellos que puedan pagarla. Agregó que, de continuarcon esa tendencia, se producirá una afectación al consumo doméstico y de las pequeñas y medianas empresas del campo y de la ciudad.

Resaltó que la pesada carga financiera que ahora representan los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas) es un asunto que debe ser resuelto por el Congreso de la Unión lo antes posible, así como realizar una auditoría que investigue posibles malos manejos, sobre todo en lo relacionado con desvíos de recursos y de beneficios ilegales a monopolios extranjeros.

Abundó que el gobierno mexicano, al permitir la instalación de plantas de generación y regasificación en la frontera norte, para su exportación al sur de Estados Unidos, pone en riesgo el equilibrio ecológico de nuestro territorio y también la soberanía.

Agua potable

Dado que en México hay12.1 millones de personas que carecen de agua potable, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD) propuso elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a disponer y tener acceso al vital líquido, así como modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, para que sea un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La propuesta detalla que los estados con mayor déficit de agua potable son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Agrega que descentralizar a la Conagua tiene como propósito atender la grave problemática de sobreexplotación de fuentes superficiales y subterráneas.

Mayans Canabal precisó que las reformas a los artículos 4 y 27 de la Carta Magna y de diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales deben garantizar disponibilidad, accesibilidad, no discriminación y calidad de este líquido, pues de acuerdo a las conclusiones del IV Foro Mundial del Agua,se planteó el acceso del agua limpia como derecho fundamental.

La propuesta se canalizó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Recursos Hidráulicos.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

El diputado Isidro Pedraza Chávez (PRD) presentó una iniciativa por la cual se reforman los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que la distribución del ingreso, riqueza e integración de toda la población a los beneficios del desarrollo sean equitativos.

Las reformasturnadas a la Comisión de la Función Pública prevén otorgar exenciones en materia de garantías y de penalizaciones, en las relaciones comerciales entre los grupos de "campesinos o grupos urbanos marginados" y las instancias públicas.

Indica que el Ejecutivo Federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales, entre ellos los programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Programas de deporte y cultura física

Con el propósito de incluir términos como “origen étnico" y "condición de salud", a la Ley General de Cultura Física y Deporte, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD) leyó la iniciativa cuyo fin es garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de distinción o diferencia respecto a los beneficios de los programas de deporte y cultura física.

La reforma al artículo 2 de esta ley señala que uno de los principios rectores de desarrollo es el respeto a la diversidad, definido como el reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.

Resalta que, de alguna u otra forma, la capacidad del Estado para lograr el acceso o incorporación en igualdad de condiciones a estos programas influye de manera importante en el desarrollo social en la medida en que se garantiza dicha igualdad sin excluir a las personas pertenecientes a comunidades indígenas o con alguna enfermedad que no le impida practicar el deporte. Se mandó a la Comisión de Juventud y Deporte.

Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para la que tendrá lugar mañana martes 4 de septiembre a las 11:00 horas.

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