La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, de manera unánime, un dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 64 constitucional, con el propósito de que se sancione a los legisladores que falten injustificadamente a los trabajos de las comisiones ordinarias a las que pertenecen.

La reforma propone el descuento de un día de su dieta cuando, sin aviso previo, falten a las reuniones de trabajo; en caso de reincidir de manera consecutiva dejarán de formar parte de la comisión ordinaria.

Integrantes de ese grupo de trabajo coincidieron al señalar que no se puede continuar con la práctica de faltar injustificadamente cuando es dentro de las comisiones donde se desarrollan los trabajos legislativos.

Puntualizaron que es necesario revertir la negativa percepción que tiene la sociedad respecto a la labor de los legisladores; destacaron que, de acuerdo a cifras publicadas por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), el 80 por ciento de la población considera que los diputados federales trabajan poco o nada.

El mismo estudio estableció que el 70 por ciento de la gente opina que los representantes populares inspiran poca o nula confianza; también resaltaron que el 64 por ciento de los encuestados considera inadecuada o francamente mala la labor realizada por los diputados.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), consideró que esto pone al descubierto el inadecuado funcionamiento del Congreso.

Precisó que es necesario recuperar la confianza ciudadana a partir del buen desempeño del Congreso de la Unión, a través de los principios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales coincidieron al decir que este dictamen no sólo elevará la calidad y desempeño del Poder Legislativo, sino que también fortalecerá sus trabajos, lo que provocará el debido cumplimiento de sus funciones y la asistencia puntual a los trabajos de las comisiones ordinarias.

Durante la reunión se aprobaron otros dos dictámenes. El primero adiciona el inciso n) a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución para otorgarle la facultad exclusiva al Congreso de legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

Esto debido a que dichos datos se utilizan, en mayor medida, para llevar a cabo transacciones comerciales, por lo que urge construir un derecho que proteja a la ciudadanía en todo el territorio nacional y bajo las mismas condiciones, no importando la entidad federativa.

En ese sentido, el diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) dijo que el problema radica en que los datos personales están en posesión de entes económicos, quienes hacen mal uso de éstos, porque no existe una ley que les impida su libre aplicación. “Por lo tanto, si la materia de comercio es federal, se debe tener congruencia y crear las herramientas necesarias a ese nivel”.

El segundo dictamen pretende derogar la fracción II y reformar la fracción IV al artículo 38 de la Constitución, en materia de protección de los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, para que sólo puedan ser suspendidos de estas garantías por pena de prisión impuesta en sentencia, desde el momento en que se inicie su ejecución y hasta su cumplimiento.

Los diputados afirmaron que existe una contradicción en la ley, porque el artículo 35 constitucional garantiza el ejercicio libre de los derechos bajo condiciones de certeza, legalidad e imparcialidad, mientras que el artículo 38 suspende estas garantías al ser sometido a un proceso judicial, sin dar el privilegio de la presunción de inocencia.

Manifestaron que el Estado está obligado a proporcionar a los ciudadanos la mayor certeza legal, a fin de que estén en condiciones de ejercer en plenitud los derechos fundamentales que marca la Carta Magna.

Finalmente, la Comisión de Puntos Constitucionales se declaró en Sesión Permanente, con el objetivo de esperar la información referente al tema de la Reforma Fiscal y comenzar de inmediato su análisis.

Ante ello, se creó un grupo de trabajo integrado por Alfredo Ríos Camarena (PRI), Juan Guerra Ochoa (PRD), Dora Alicia Martínez Valero (PAN), Erika Larregui Ángel (PVEM), Patricia Castillo Romero (Convergencia) y Silvano Garay Ulloa (PT).

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