A fin de que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establezca obligatoriamente un calendario básico para la celebración de las sesiones de los comités, comisiones ordinarias y extraordinarias, el diputado José Gildardo Guerrero Torres (PAN) propuso modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General.

Los cambios a los artículos 38 y 43 buscan que, por lo menos una vez al mes, las comisiones sesionen, además de que se limite la participación de los diputados como integrantes de éstas hasta en dos.

Guerrero Torres detalló que el número de comisiones a las que puede pertenecer un diputado, en el texto original de la Ley Orgánica establecía como máximo el de dos; sin embargo, con la reforma del año 2000 aumentó hasta tres, “lo que ha generado graves problemas en su funcionamiento, pues se requiere mayor quórum, así como mayor interés de los legisladores”. Fue remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Ilegales, las asambleas o reuniones que ataquen la moral

Con el propósito de que se consideren ilegales aquellas asambleas o reuniones que ataquen la moral, el orden público y los derechos de terceros, el diputado José Gildardo Guerrero Torres (PAN), presentó una iniciativa por la cual se reforman los artículos 1, 9 y 11 de la Constitución Política.

Guerrero Torres dijo que las reuniones y asociaciones de diversos grupos de la sociedad mexicana han vulnerado el orden público, dado que no se han establecido límites al ejercicio de las mismas.

Precisó que una manifestación, aun cuando no se extralimite en el ejercicio de las garantías constitucionales, afecta la actividad economía de terceros y el de una comunidad en general, incrementa el ambulantaje en perjuicio de los comercios establecidos y daña el mobiliario público.

Resaltó que considerando que en el centro de la ciudad, existen alrededor de 32 mil establecimientos comerciales formales y quelas empresas pueden disminuir sus ventas hasta en un 70 por ciento cuando suceden manifestaciones, la pérdida diaria se estimaría en 167 millones 735 mil pesos

El diputado del PAN agregó que los cambios al artículo 1 son para fortalecer la validez de las leyes reglamentarias del ejercicio de las garantías individuales, incluyendo así el criterio que la Suprema Corte de Justicia emitió al respecto.

Dicho fallo establece que: “Las autoridades deben generar las condiciones para hacer posible el ejercicio de todas las garantías individuales, las que deben sujetarse a la cobertura de los bienes que tutelan y restricciones necesarias que permitan la vigencia de otros derechos fundamentales configurativos del orden público”.

Mientras que las reformas al artículo 11 pretenden redefinir el alcance del derecho de libertad de tránsito contemplando el medio de locomoción para su ejercicio. La iniciativa se mandó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Subastas electrónicas

El diputado Eduardo Sánchez Hernández (PRI) presentó una iniciativa por la cual se reforma la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que particulares administren y operen subastas electrónicas.

Las reformas canalizadas a la Comisión de la Función Pública, indican que éstas le permitirán al Gobierno Federal iniciar un cambio paradigmático en el proceso de adquisiciones públicas que podría ser un pilar de su gestión y colocaría a México a la vanguardia en materia de eficiencia y transparencia en la ejecución del gasto público.

Sánchez Hernández dijo que estas reformas tienen como finfomentar la competencia entre los proveedores del Estado; transparentar los procesos de contratación del Gobierno Federal; promover la modernización de la gestión pública; impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación: fomentarla eficiencia en las adquisiciones del sector público y alcanzar los objetivos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Constitución Política.

Contaminación del suelo

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se envió iniciativa de la diputada Ana María Ramírez Cerda (PVEM) por la cual se reforman los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las modificaciones buscan contribuir a la prevención y control de la contaminación del suelo, impidiendo su afectación por materiales y residuos sólidos municipales e industriales peligrosos y no peligrosos.

Ramírez Cerda dijo que lo que se busca es promover la remediación de los suelos contaminados y fomentar la valorización de los suelos remediados, a fin de evitar o reducir los riesgos al ambiente, los ecosistemas y la salud humana.

Equidad de género, no violencia y no discriminación

Para establecer, de manera explícita, en la Ley General de Desarrollo Social, la importancia que tiene incluir como Política Nacional de Desarrollo Social la promoción de igualdad, equidad de género, la no violencia y no discriminación, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), propuso reformas a esta ley.

La iniciativa de modificación a los artículos 6, 14, 19 y 21, prevé que los programas encaminados a este fin sean considerados como prioritarios y de interés público, para que sean objeto de seguimiento y evaluación, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Conde Rodríguez resaltó que la intención es que las asignaciones presupuestales no sean eliminadas y no sufran disminuciones a través de los años.Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social.

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