Diputados del Comité de Competitividad se comprometieron a blindar con seguridad jurídica los parques industriales de México, para hacer de éstos fuentes generadoras de empleo y de inversión, de desarrollo regional, competitividad, reordenamiento industrial y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

En reunión con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados A.C. (Ampip), el presidente del Comité, Mariano González Zarur (PRI), se pronunció por hacer cambios legislativos en la materia que permita hacer de esos sitios un motor del desarrollo regional y de la cadena productiva.

Para ello, dijo, se requiere una estrategia de desarrollo para aprovechar las ventajas económicas de cada región, mediante programas de atracción y detección de empresas, incentivos fiscales y un sistema educativo moderno que impulse el desarrollo de las industrias.

Aseguró que también es necesario otorgar mayor seguridad jurídica al sector, dar certeza a los contratos, la tenencia de la tierra, la creación de infraestructura adecuada para entrelazar los parques industriales y simplificación administrativa, para agilizar su registro.

Por su parte, el diputado José Luis Varela Lagunas (Convergencia), destacó que se debe brindar con seguridad jurídica los parques industriales, para que cuenten con recursos suficientes, infraestructura hidráulica y energía eléctrica, lo cual permitirá generar mayores fuentes de empleo y evitar que cada año los mexicanos emigren a Estados Unidos.

Los integrantes de la Ampip explicaron que existen dificultades para elevar su competitividad, debido a la falta de apoyo de los tres órdenes de gobierno, inversión de capital de riesgo para las pymes, la inoperatividad de los bancos de desarrollo, así como la falta de recursos.

La directora General de la Asociación, Claudia Ávila Connelly, pidió a los legisladores que los parques industriales sean reconocidos en la ley, se les consideren como áreas estratégicas a nivel de política pública y se les dé un estatus formal de inversión nacional, como sucede en otros países.

Explicó que actualmente ya existe una norma oficial que los regula, pero es insuficiente. Por ello, agregó, se requiere dar certeza legal al inversionista y a la propiedad de la tierra y que los desarrolladores sean respetados, toda vez que enfrentan la competencia con algunos gobiernos estatales por la donación de terrenos para inversionistas.

También contar con planeación urbana y que haya una mayor simplificación administrativa para permisos, trámites y se ofrezcan incentivos fiscales para que las nuevas plantas se instalen en los parques.

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