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Boletín N°. 1622 Avalan reformas a la Ley de Aguas Nacionales

Con 380 votos en pro, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), con el objetivo de fortalecer el Registro Público de Derechos de Agua, permitir la transmisión temporal de derechos y ajustar a la baja los montos de las multas por infracciones a la Ley.

Durante la sesión de hoy, diputados de diversas fracciones parlamentariascoincidieron en la necesidad de que el acceso al agua potable se consagre como un derecho constitucional.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Manuel Patrón Montalvo (PRI), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, indicó que la propuesta plantea una alternativa acordada por ambas cámaras, a fin de contar con una ley necesaria para el país.

No obstante, reconoció que las reformas propuestas no resolverán de manera estructural el problema del agua, pero permitirán que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) asuma decisiones que mejoren el funcionamiento de los diferentes organismos que conforman y participan en su organización.

Agregó que subsisten incongruencias legales que dificultan la eficiencia de la autoridad del agua en la administración del recurso, en detrimento de los derechos de los usuarios.

Entre esas incongruencias mencionó la falta de claridad en las disposiciones sobre las atribuciones de la autoridad del agua en los niveles nacional y regional hídrico-administrativo; así como las multas, cuyos montos son desproporcionados respecto ala capacidad económica de la gran mayoría de los usuarios.

En este sentido, indicó que se han impuesto 8 mil multas que representan poco más de 66 millones de pesos, y se han impugnado 110 multas.

Más adelante, Apolonio Méndez Meneses (PAN) fundamentó las modificaciones hechas al dictamen por la Comisión, las cuales se refieren a los artículos 3, fracción XIV; 113 bis, 118 bis 2; 119 y el artículo tercero transitorio.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Víctor Manuel Torres Herrera reafirmó el compromiso de su bancada por iniciar, en el marco de los trabajos de la Reforma del Estado, una profunda revisión del marco jurídico en materia de aguas nacionales que garantice avanzar hacia un desarrollo sustentable del recurso hídrico.

Finalmente, subrayó que se debe establecer como mandato supremo el principio de subsidiaridad en las reglas de operación de los programas federales para la construcción de obras hidráulicas, así como las acciones de modernización del sistema de riego agrícola

Del PRD, la diputada Lourdes Alonso Flores, reconoció que el dictamen clarifica las funciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en lugar de eliminarlas; yevita la cancelación de la autonomía de los Organismos de Cuenca, garantizando con ello que sean las entidades las que establezcan los mecanismos de designación de su representación, acorde al respeto que debe observar la soberanía de los estados.

Además, se disminuyeron las multas e infracciones y se mantienen las que se consideraron más graves, como la contaminación intencional y el acaparamiento.

Destacó que el voto de su partido no significa “un cheque en blanco, queremos el compromiso de todos los grupos parlamentarios de impulsar una reforma integral de la LAN en la que se garantice el derecho social irrestricto del acceso al agua; se eliminen las cláusulas de privatización; se aclare el carácter público de los bancos de agua y se amplíe la participación social en la gestión del recurso hídrico”.

Gustavo Alfonso Mendívil Amparán (PRI), destacó que los recursos hídricos resultan estratégicos y fundamentales para el desarrollo económico y social del país, y constituyen un tema de seguridad nacional.

No obstante, indicó que la actual LAN presenta serias incongruencias, principalmente en la distribución de atribuciones a la Conagua y sus organismos de cuenca, ya que sus disposiciones atributivas no corresponden a la naturaleza jurídica de dichos órganos.

Enfatizó que aunque no es la solución absoluta para la problemática del agua en el país, permitirá la revisión y reforma integral de la legislación en la materia, con una autoridad del agua que realice sus funciones con instrumentos jurídicos apropiados.

En su oportunidad, Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia), señaló la urgencia de atender la escasez y la desigual distribución del agua a partir de la construcción de una política integral, y reconoció que con este dictamen se dan pasos importantes que van en la ruta adecuada, “pero es el principio de una tarea legislativa vasta, dada la problemática prevaleciente”.

Destacó que se requieren modificaciones al artículo 115 constitucional, pues no es posible transferir a los municipios la responsabilidad de los sistemas operativos de agua, sin darle facultades para operarlos y cobrar lo necesario a dependencias federales y estatales.

En su oportunidad, el diputado de Nueva Alianza, Humberto Dávila Esquivel señaló que estainiciativa atiende a la necesidad de adecuar las disposiciones existentes a la naturaleza jurídica de la Conagua, para constituirse en un órgano superior técnico, normativo y consultivo de la Federación en temas de recursos hídricos.

El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, de Alternativa, destacó que aunque la ley representa un avance importante en la atención y solución de la problemática del agua en México “no significa que no tenga ausencias y no sea perfectible, pues queda pendiente el derecho humano al agua y que la Conagua se convierta en un organismo autónomo”.

Destacó que el abasto de agua empieza a ser insuficiente. Refirió que hay registros de organismos internacionales que señalan que, en menos de 20 años, Méxicorequerirá 85 millones de metros cúbicos de agua potable.

Además, indicó que según datos de la Conagua, el manejo inadecuado del agua en los distritos de riego provoca la pérdida del 50% del líquido destinado a la agricultura, lo cual representa 50 millones de metros cúbicos, mientras que en zonasurbanas se pierde el 40% en la red de distribución.

Ello, aunado a la distribución regional y estacional, dificulta su aprovechamiento sustentable. Explicó que entre los años 2000 y 2005 la disponibilidad por habitante disminuyó de 4 mil 841 metros cúbicos, a 4 mil 573 “y los escenarios estudiados por la Conagua y las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para el 2030, la disponibilidad media de agua se reducirá a 3 mil 705 m3 por año”.

En el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos se establece que el Registro Público de Derechos de Agua sea nacional y contenga los derechos reconocidos en los niveles nacional e hidrológico-administrativo, operado a través de una unidad administrativa y autónoma.

En el dictamen se reconoce la demanda generalizada de los usuarios de reducir los montos de las multas contenidas en las fracciones I y II del artículo 120. La multa que iba de mil hasta mil 500 días de salario mínimo, se reduce a una que oscilaría entre 100 y mil días de salario mínimo.

Por lo que hace a la fracción II, plantea una reducción del monto, que anteriormente era de entre mil 501 y cinco mil cinco salarios mínimos, para quedar entre los mil uno y cinco mil días de salario mínimo.

Más adelante, por 355 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones, el Pleno aprobó dos modificaciones a la ley, planteadas por el diputado Antonio Medellín Varela (PAN) al párrafo tercero del artículo 12 Bis 1, donde se especifica que los organismos de cuenca actuarán con autonomía en sus decisiones y manejo de bienes y recursos que se les destinen, excepto en los presupuestarios.

Con el cambio a la fracción XXIV del artículo 12 bis 6, se aclara que la autonomía técnica, administrativa y jurídica en el manejo de los recursos, atribuida a los organismos de cuenca, está referida a recursos distintos a los presupuestarios.

Lo anterior, indicó el diputado, debido a que la Conagua, como órgano desconcentrado de la Semarnat, no puede gozar de autonomía presupuestaria, por lo que los organismos de cuencas tampoco pueden tener esta atribución.

Aprobado en lo general y en lo particular, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se levantó la sesión y se citó para mañana miércoles 12, a las 11:00 horas.

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