La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó seis de los ocho dictámenes de la Reforma Fiscal que incluye el nuevo Régimen Fiscal de PEMEX; una tasa gradual de 16.5, 17 y 17.5 por ciento, a partir de 2008 y hasta 2010, en el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU); así como un gravamen de 2 por ciento a depósitos bancarios mayor a 25 mil pesos, con lo cual el Gobierno Federal podrá obtener 100 mil millones de pesos por recaudación total.

Luego de un intenso trabajo y 15 reuniones con sectores económicos, sociales y académicos del país, se avalaron los dictámenes en materia impositiva, mejor conocida como Miscelánea Fiscal, sobre gasto y transparencia y rendición de cuentas.

Al término de una reunión que se prolongó hasta la una de la madrugada de este día, la Comisión acordó reunirse este miércoles a las 11:30 horas para continuar la discusión de los otros dos dictámenes relativos al impuesto a la gasolina y la Ley de Coordinación Fiscal.

En entrevista, el diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI), precisó que el dictamen del IETU, que sustituye al Impuesto al Activo, no tuvo ninguna deducción adicional. Reconoció que no se aceptó la deducción para vales de despensa de trabajadores, “pero se buscará una solución con algún tema de gasto y subsidios en el caso de obreros y trabajadores del país”.

En el transcurso del día, también se aprobó por 21 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el dictamen sobre la Ley del Impuesto para los Depósitos en Efectivo (IDE), que sustituye al Impuesto contra la Informalidad (ICI), propuesto por el Ejecutivo Federal.

El nuevo gravamen establece una tasa de 2 por ciento a los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos, cuya recaudación se podrá aplicar a cualquiera de las cuentas del contribuyente.

Según el dictamen, se incluye la obligación de las instituciones del sistema financiero de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mensual y anualmente del IDE recaudado y el pendiente por recaudar por falta de fondos del contribuyente.

El dictamen sobre La Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos, establece el nuevo Régimen Fiscal para Petróleos Mexicanos, que tan sólo el primer año liberará recursos adicionales por 30 mil millones de pesos, aunque en un periodo de tres a cuatro años, los ingresos extras oscilan entre los 50 mil a 60 mil millones de pesos.

Se precisa que los recursos que se obtengan se destinarán a inversión y no a gasto corriente, así como a proyectos de investigación y modernización.Asimismo, la reforma permitirá al país aumentar la actual plataforma petrolera con una producción adicional diaria de aproximadamente 200 mil barriles de petróleo.

Se consideró necesario ajustar los alcances de la iniciativa a la gradualidad y dimensión que se obtenga de la Reforma Fiscal en su conjunto, para lo cual se propone bajar la tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos de 79 por ciento a 74 en 2008, y aplicar un descuento anual de 0.5 de 2009 a 2011 y de 1.0 por ciento en 2012 para llegar a 71.5 por ciento, con lo que se establece una transición de 5 años.

Para ello, PEMEX y sus organismos subsidiarios deberán llevar a cabo un programa para elevar sus niveles de eficiencia operativa con metas que se basen en estándares internacionales. Dicho programa deberá enviarse a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de junio de 2008.

En materia de gasto, se obliga al gobierno a reducir, antes de que concluya la actual administración, hasta en 20 por ciento el gasto corriente, a través de una meta de ahorro de 5 por ciento anual, lo que equivaldría a 13 mil millones de pesos por año.

En el dictamen se elimina la propuesta para ampliar las facultades del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) y se precisa el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Además se contemplan programas de austeridad para entidades paraestatales de acuerdo a estándares internacionales sobre gastos de operación y en recursos humanos. Asimismo, se les condiciona a la creación de plazas y nuevas contrataciones en la administración pública.

También se aprobó, por unanimidad, la llamada Miscelánea Fiscal, donde se rechaza la propuesta del Ejecutivo para cobrar un impuesto a las pinturas en aerosol.

En el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se propone gravar con una tasa de 20 por ciento a quienes realicen juegos con apuestas o sorteos. Además, en Impuesto sobre la Renta se propone el subsidio al empleo para los contribuyentes que tengan ingresos de acuerdo a una tabla propuesta y que servirá de base para calcular el impuesto.

Se limita el monto total de donativos deducibles por la cantidad que no exceda del 7 por ciento de la utilidad fiscal o ingreso acumulable y se prevé una tasa de 5 por ciento el pago de regalías por el uso o goce temporal de locomotoras y equipo especializado.

Asimismo, se gravan los ingresos de los grandes inversionistas, personas físicas o residentes en el extranjero, provenientes de la enajenación de acciones en Bolsas de Valores.

También se aprobaron modificaciones al Código Fiscal de la Federación, una de ellas para incrementar las infracciones y sanciones a asesores, consejeros y prestadores de servicios que promuevan la elusión o evasión fiscal; se suprimen las propuestas en materia penal, con excepción de los casos por delito de defraudación fiscal cuando se presente lavado de dinero, así como el cobro del IETU en caso de que el contribuyente sea declarado en concurso mercantil.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se faculta al Congreso para legislar en materia de contabilidad gubernamental en los tres ámbitos de gobierno y se acota a 30 días naturales la prórroga del Ejecutivo Federal para la presentación de la Cuenta Pública, cuya revisión concluirá a más tardar el 30 de abril del año siguiente al de su presentación.

Además se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación y se le faculta para realizar auditorías de desempeño y entregar un informe respecto a la evolución de los trabajos de fiscalización a la Cámara de Diputados, así como un informe final a más tardar el 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, con lo cual se elimina el informe preliminar que se presentaba.

En este apartado se obliga a los estados llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos.

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