Con 323 a favor, 135 en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que establece un gravamen de 2 por ciento a depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos.

El documento señala que la nueva disposición contribuirá a que a finales del sexenio se alcance una recaudación adicional cercana a tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir 3 mil 500 millones de pesos.

Se destaca que con la citada ley se busca terminar con situaciones de privilegio existentes en el sistema tributario vigente, al contemplar acciones dirigidas al fortalecimiento de las herramientas de control para combatir con mayor fuerza las prácticas de evasión y elusión, así como la informalidad.

PAN

El diputado José Martín López Cisneros, al defender el dictamen, indicó que su contenido atiende al reclamo de los ciudadanos que han cumplido en forma sus obligaciones fiscales, mientras que miles de mexicanos han vivido en la informalidad y en la evasión.

Destacó que dadas las condiciones económicas del país, una gran parte de la población ha tenido que buscar alternativas de ingreso en el sector de la economía informal. “Muchos de estos trabajadores obtienen ingresos marginales, lo que genera incertidumbre, sin embargo, un amplio número de personas tienen un paraíso económico en esta actividad que ya aglutina grandes capitales”.

Añadió que este gravamen promueve la ampliación de la base de contribuyentes obligando al sector informal a participar en la dinámica de la economía nacional.

PRD

Al tomar la palabra en contra, el legislador Faustino Soto Ramos dijo que este impuesto representa una salida a la incapacidad de la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, para incluir a todos a la base de contribuyentes para obligarlos a cumplir con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

“A quién de ustedes les convence de que con la creación de este impuesto se contribuye a una simplificación fiscal, se trata más bien de una complicación fiscal que contraviene promesas de campaña, plataformas electorales y agendas legislativas”.

Abundó que estas acciones representan una invitación para que las personas que se encuentran en condiciones adecuadas, se salgan de la base de contribuyentes.

PRI

Eldiputado Ismael Ordaz Jiménez se pronunció a favor del dictamen porque consideró que México requiere avanzar en un sistema de recaudación más equitativo y justo que redunde en mayores recursos para estados y municipios, así como en obras de infraestructura y atender los temas de la agenda nacional.

Indicó que uno de los grandes problemas del sistema fiscal mexicano es la evasión, por lo que “asumir medidas de eficiencia que fortalezcan la recaudación para reducir la brecha entre los contribuyentes cumplidos y los que no lo son, ha sido la demanda permanente de los legisladores del PRI”.

Externó que el impuesto a los depósitos en efectivo es un paso importante pero no definitivo, que tiene como objetivo principal identificar aquéllos que al realizar operaciones en efectivo no reportan el pago de impuesto alguno.

Destacó que es necesario que se promuevan medidas a fin de que quienes accedan a un nivel de ingreso medio contribuyan equitativamente al gasto público.

Convergencia

El diputado Juan Abad De Jesús solicitó a los legisladores que no avalen este impuesto que será de carácter permanente.

Expuso que se decidió elevar el monto a gravar, de 20 mil pesos que proponía el Ejecutivo, a 25 mil y la razón fue basada en promedios: de remesas, depósitos y el ingreso medio de los hogares per cápita, por lo que “la lógica que se siguió de tomar promedios hace arbitraria la aplicación”.

Al hablar en contra, el diputado José Luis Aguilera Rico detalló que es necesario que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad de velar por los intereses de la Nación, por lo que no es posible que con un voto se dé un descalabro a la economía de la sociedad.

Precisó que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no tiene más tintes que recaudatorios y es un golpe bajo para las clases sociales que pertenecen al mercado informal, “este impuesto no sólo lastima, sino que incita a la desconfianza de las clases sociales productivas que buscan, en el subempleo, ganarse la vida con decoro”.

Resaltó que es una propuesta violatoria a los derechos sociales, ya que pretende vigilar y fiscalizar a quienes se dedican al comercio directo o bien a quien realiza operaciones en bajos capitales, pues estos grupos no se comparan a quienes poseen las elevadas fortunas del país.

Posteriormente, fue aprobado en los términos del dictamen elartículo primero y el cuarto, fracción primera, con 292 votos en pro, 130 en contra y dos abstenciones, ante la declinación del diputado que promovió que fuera reservado, Joaquín Humberto Vela González (PT).

El proyecto de Ley fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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