El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 408 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones, las reformas a los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, una adición al 134 y la derogación del tercer párrafo del artículo 97 de la Constitución en materia electoral.

En tribuna, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, PT y PASC, coincidieron en que la democracia, las instituciones y el Estado mismo no pueden estar por debajo de intereses económicos o poderes fácticos.

Precisaron que las modificaciones no atentan contra la libertad de expresión ni contra los medios de información.

Al manifestarse en contra, los grupos parlamentarios del PVEM, Convergencia y Nueva Alianza, argumentaron que la reforma es excluyente y regresiva porque trastoca la libertad de expresión, lesiona la pluralidad y la democracia y da pie a un sistema tripartidario.

Cuestionaron la exclusión de los candidatos independientes y que no se prevea la segunda vuelta, ni la reelección de legisladores o ediles, además de que enfatizaron que bajo el argumento de reducir los costos de las campañas en los medios,se frena el desarrollo de los partidos emergentes.

Al fundamentar el dictamen de la minuta, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), indicó que la reforma es histórica porque responde a aspiraciones sentidas del pueblo de México.

En primer lugar, dijo, porque se atiende la demanda de disminuir drásticamente el costo de la política, por lo que, afirmó, en las dos próximas elecciones federales se ahorrarán poco más de 3 mil millones de pesos.

Mencionó que el costo de la democracia había llegado a extremos inaceptables derivado de las sucesivas reformas cuyos resultados fueron perniciosos.

“En los propios partidos se señalaba como requisito indispensable que para aspirar a ser candidato, debíamos tener dinero. Esta práctica se originó porque implicaba llevar dinero a los concesionarios de los medios de comunicación, como siervo frente a los señores feudales. Hoy estamos culminando la rebelión de los siervos”, subrayó.

Rechazó que la reforma limite la libertad de expresión y añadió que el verdadero riesgo se fundamenta en la existencia del duopolio televisivo. “Eso sí atenta contra la libertad de expresión y eso es lo que tenemos que resolver en la pendiente discusión de la Ley de Medios”.

Concluyó que, en el fondo, los legisladores combaten una de las realidades más perniciosas que impiden el desarrollo del país, la existencia de monopolios, de poderes fácticos que se han apoderado del Estado mexicano.

En tanto, el diputado Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, reconoció que a pesar de que en 1996 la reforma constitucional estableció los cimientos del modelo de financiamiento público para los partidos, emparejando el terreno de la competencia y poniendo fin a lustros de privilegios a favor de un sólo partido, hay imperfecciones.

“Hoy emprendemos la ruta de correcciones que eliminan excesos, abusos y sobre todo, atienden el reclamo de la sociedad: menos dinero, más política y más transparencia”, refirió.

Indicó que a lo largo de varios meses, los grupos de trabajo de la Cámara de Diputados identificaron los problemas y se exploraron soluciones y propuestas, pero, aclaró, de ninguna manera fue un ejercicio secreto, sino discreto.

“Se identificó que el mayor obstáculo que enfrenta la democracia mexicana es el poder del dinero y que su expresión más negativa, su reflejo más pernicioso está en la disputa mercantil por más espacios en los medios de comunicación electrónicos, en la televisión y la radio”, dijo.

Añadió que la modificación significa el arranque del tercer ciclo de reformas electorales para corregir lo que no funcionó, para despejar lo que obstaculiza la democracia, para fortalecer a las instituciones electorales y sobre todo, para poner un alto al poder del dinero y su negativa influencia en la política y en las elecciones.

Afirmó categóricamente, “sin sombra de duda”, que no hay en ésta una sola palabra, una sola línea que pueda ser usada para limitar o restringir la libertad de expresión, “lo que se limita es el abuso, lo que se cancela es la indebida mercantilización de la política y de las elecciones”.

Previo al posicionamiento de los legisladores, las fracciones del PVEM y Convergencia presentaron una moción suspensiva bajo el argumento de que la redacción del dictamen no cumplía con las expectativas de la sociedad y, por tanto, debía ser analizada con mayor detenimiento.

El diputado Francisco Elizondo Garrido, del PVEM, dijo que de prosperar los cambios constitucionales, se aseguraría una competencia desleal entre los partidos dentro del sistema electoral.

Insistió que la moción surge en razón de que la iniciativa también debió turnarse a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para que hubiera un análisis más profundo de ésta.

En tanto, el diputado Cruz Pérez Cuéllar (PAN), al hablar en contra de la moción suspensiva, dijo que con la Reforma Electoral se privilegiará el debate de las ideas sobre la mercadotecnia política. “Hoy le daremos respuesta a una petición que durante muchos años ha hecho la sociedad al Congreso”, recalcó. La propuesta fue rechazada por mayoría del Pleno.

PRD

Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Javier González Garza dijo que votarían a favor de la reforma porque las campañas electorales que se desarrollen con base en estegran acuerdo legal y legítimo serán más justas, menos caras, más competidas, más limpias y centradas en el debate de las ideas.

Afirmó que se trata de una buena reforma, porque reduce los tiempos de campaña electoral.

“No modificaremos nuestra posición: el dinero no va regresar a las campañas ni a los medios y estoy seguro de que pronto superaremos el amargo sabor del enfrentamiento con esa industria tan importante”.

Finalmente, dijo que esta Reforma Electoral no es endógena de los partidos es del Poder Legislativo, un poder electo por los ciudadanos con plena legitimidad constitucional.

PAN

En su intervención, Carlos Alberto Navarro Sugich (PAN) resaltó que la reforma busca que la democracia sea más barata y prueba de ello son los dos mil millones de pesos que se dejarán de gastar en elecciones intermedias y los casi mil 400 millones de pesos en las presidenciales.

Añadió que las reformas, de ninguna manera constituyen un ataque a la libertad de expresión. “No les estamos aplicando ley mordaza a los ciudadanos, quien quiera expresarse a favor o en contra de un candidato puede hacerlo, sencillamente estamos evitando que lo haga metiéndole billete a las campañas”.

Asimismo, dijo, lo que se busca es ahorrar la posibilidad de someternos al poder del oligopolio comunicacional que opera en México y eso es algo que debemos aplaudir en esta Cámara, buscamos evitar que los medios de comunicación ejerzan un poder indebido sobre nosotros, y queremos devolverle la dignidad al ejercicio del servicio público”.

PRI

Por su parte, Víctor Samuel Palma César (PRI) afirmó que “la propuesta de ley electoral parte de una visión crítica sobre lascondiciones de un modelo de competencia política excesivamente costoso; y que, por tanto, tiende a privilegiar el empleo del dinero por encima de la calidad de las propuestas, el diálogo político y la generación de acuerdos”.

Recordó que en el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente al proceso electoral de julio de 2006, “se evidenciaron insuficiencias, lagunas y omisiones de nuestras normas electorales”. Ante ello, señaló que no se puede pensar que las propuestas del dictamen no son consecuentes con las dificultades padecidas en dicho proceso.

Convergencia

En su oportunidad, Alejandro Chanona Burguete manifestó que el voto de su grupo parlamentario sería en contra porque la reforma constituye una partidocracia que desplaza a la ciudadanía, a las fuerzas políticas emergentes y a las minorías, conculcando el derecho de ser escuchados y representados en el nuevo modelo democrático.

Añadió que las modificaciones son una simulación porque al dejar fuera las candidaturas ciudadanas y monopolizar los tiempos del Estado, se conculca el derecho de los demás al disfrute de un bien común y público.

PASC

Al hacer uso de la tribuna, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas se pronunció a favor del dictamen y explicó que será a través de dicha reforma como se podrán establecer mejores condiciones para que la ciudadanía tenga acceso a una deliberación razonada, informada y consciente de los procesos políticos.

Aclaró que sólo mediante este tipo de reformas se podrá acceder a un nuevo modelo de vida pública, en el que sean los ciudadanos, a través de los partidos políticos, quienes decidan sobre el futuro de la Nación y el camino que se debe tomar.

PNA

Por su parte, el legislador Jacinto Gómez Pasillas manifestó, a nombre de su fracción, el rechazo a la Reforma Electoral en discusión y precisó que es indispensable una reforma constitucional integral que reconfigure la democracia, a través de las instituciones, “situación que no se logra con la actual propuesta”.

Gómez Pasillas reconoció que a pesar de las virtudes que contiene la Reforma Electoral propuesta ante el Pleno, tal dictamen cuenta con diversas vertientes que no responden a los ejes rectores inicialmente planteados. “El proyecto no prevé la segunda vuelta, ni la reelección de legisladores o ediles, por lo que ésta es insuficiente”, sentenció.

PVEM

En su participación, la legisladora Verónica Velasco Rodríguez anunció que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votaría en contra de la Reforma Electoral.

Señaló que dicha reforma “constituye un retroceso para quienes buscan un rumbo político distinto al de los tres grupos parlamentarios mayoritarios, los cuales buscan blindarse contra la competencia de los partidos en crecimiento, contra los nuevos partidos, así como contra los medios de comunicación y la libertad de expresión”.

No obstante, aceptó que los miembros de su fracción están de acuerdo con la regulación de los costos de campaña, la prohibición de campañas negras y con la obstaculización de propaganda electoral en radio y televisión en tiempos de campaña.

PT

El diputado Ricardo Cantú Garza manifestó su voto a favor del dictamen tras considerar que representa un avance trascendental; sin embargo, dijo, “aún quedan muchas materias pendientes como la democratización de los medios electrónicos”.

Añadió que en la próxima reforma al Cofipe, debe incluirse el recuento de votos cuando los resultados sean tan reñidos como en 2006; se pronunció porque se establezcan los candados que prevengan el fraude electoral e implementar el voto electrónico.

Después de los posicionamientos, los diputados Patricia Castillo Romero, Elías Cárdenas Márquez y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, así como Manuel Portilla Dieguez y Antonio López Adame, ambos del PVEM, hicieron uso de tribuna para hablar en contra del dictamen.

Por su parte, los diputados Mónica Fernández Balboa y Juan Guerra Ochoa, ambos del PRD, así como Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI), Rubén Aguilar Jiménez (PT) y Rogelio Carbajal Tejada (PAN), se manifestaron en pro de la reforma.

En lo particular, 22 diputados de distintos grupos parlamentarios reservaron los artículos 41, fracciones I, II, III, apartados A, C y D; 85;97; 99, fracción II; 116, fracción IV, incisos a), b), m) y ñ); 122 base primera, fracción V inciso f), y el Segundo Transitorio.

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