Ante diputados de la Comisión de la Función Pública, el subsecretario del ramo y la presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, Rafael Morgan Ríos y María de Lourdes Nevárez Herrera, respectivamente, reconocieron que en los estados y municipios persiste un alto índice de corrupción.

Los diputados Mario Enrique del Toro y Evodio Velázquez, del PRD, señalaron que hay ineficiencia en el trabajo que desarrolla la Secretaría de la Función Pública, de tal suerte que la corrupción sigue vigente y no se aplica la Ley de Transparencia.

“En todos los estados, no se llega al fondo, los gobiernos incurren en grandes anomalías que no se reflejan en las cuentas públicas. Todo se cuadra, e incluso, se oculta el viejo esquema del famoso diezmo, el cual consiste en otorgar el 15 por ciento a los gobiernos de los estados por autorizar compras u obras”, señaló Del Toro.

Resaltó que en combate a la corrupción, la SFP no ha dado grande resultados y “lo más sonado que ha hecho fue la sanción para la hermana de Santiago Creel; a partir de ahí, pareciera que hay mucha pulcritud y honradez, pero sabemos que eso no es cierto”, concluyó.

Por su parte, el diputado Rafael Ramírez Becerril, también del PRD, destacó que hay entes o instancias gubernamentales que van más allá de las normas legales. “No cumplen con los plazos, no cubren los requisitos, hay ocultamiento de información y la no comprobación de gastos empaña el trabajo de los contralores, no sólo a nivel estatal sino municipal y federal”.

El diputado Andrés Carballo Bustamante (PRI) indicó que se deben intensificar los trabajos de las contralorías internas y establecer programas de capacitación para los municipios, toda vez que es en las localidades más pobres donde se registra el mayor índice de irregularidades.

A su vez, el diputado Enrique Benítez Ojeda (PRI), ponderó el trabajo de la Comisión Nacional Permanente de Contralores, Estado-Federación y abordó el tema de las reglas de operación de fondos y programas del Gobierno Federal.

Destacó que en la Cámara de Diputados se ha discutido que en el Presupuesto de Egresos se busque la forma intervenir en la elaboración y diseño de dichas reglas, a fin de permitir que los recursos lleguen más rápido a su destino y puedan ser mejor fiscalizados.

Mencionó que se tiene que fortalecer a la SFP y lamentó que en la recién aprobada Reforma Fiscal, nuevamente, en las diversas disposiciones que tienen que ver con el gasto público y la fiscalización, se haya establecido que sea la Secretaría de Hacienda la que otorgue el gasto, lo evalúe y, en algunos casos, hasta lo audite.

En respuesta, tanto el subsecretario Rafael Morgan Ríos como la presidenta de la Comisión Permanente de Contralores, María de Lourdes Nevárez Herrera, coincidieron que la falta de independencia y de recursos, hace que las contralorías estatales no cumplan de forma cabal con la Ley de Transparencia.

Además, señaló Nevárez Herrera, la corrupción en México es parte de una cultura que para ser erradicada implicará perder varias generaciones.

“La corrupción es un problema cultural ypara cambiarla tenemos que apostarle varias generaciones. La Secretaría de la Función Pública y los contralores de los estados estamos en la línea de fomentar ese cambio cultural para combatir la corrupción”, dijo.

Ante el cuestionamiento de los legisladores, señaló que como parte de las políticas de participación integral de la sociedad, se organizó la primera Reunión Nacional de Contraloría Social y se formuló un pronunciamiento de alcance nacional.

En éste, explicó, se establece el compromiso de pugnar porque en las entidades federativas se legisle para incorporar como política pública educativa, que desde el tercer año del nivel básico se aborde el tema de la preservación de los valores éticos, con el objeto de que las nuevas generaciones se desarrollen en una cultura de participación ciudadana en materia de contraloría social.

Por su parte, el subsecretario de la Función Pública pidió a los diputados legislar en materia de fiscalización y modificar el artículo 73 constitucional, a fin de homologar las contabilidades de todo el país y permitir, con ello, tener mayores facultades.

“Estamos en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación para encontrar las mejores fórmulas que permitan llegar a esa homologación”, subrayó.

Indicó que, dentro de los principios que se impulsan, está la promoción de una contabilidad sencilla, toda vez que muchas veces la Secretaría de Hacienda presenta una organización contable muy complicada y difícil de seguir por algunos estados y municipios.

“Dentro de los problemas que nos encontramos para luchar contra la corrupción están las dificultades legales, la reforma al 6º constitucional y las posteriores reformas en los estados, son un paso muy importante porque permiten mayor transparencia, pero se requiere otras, sobre todo, en el aspecto legal”, insistió.

Reconoció también que la SFP no puede auditar todos los fondos que se envían a los estados, sólo los asignados por parte de las dependencias federales, lo que se complica con las auditorías externas, que llegan a tapar “los hoyos fiscales”, evitando así las sanciones correspondientes.

Resaltó el hecho de que los órganos de control de recursos públicos estén sujetos a los gobiernos estatales, quienes imponen a los titulares y los tienen en sus nóminas.

Informó que la dependencia está iniciando un programa amplio sobre las obras públicas en los estados y la Federación; no obstante, indicó que se carece de suficientes evaluadores o supervisores de obra pública. “Necesitamos auditores y capacitación para los órganos internos de control a fin de que hagan esta tarea”.

En este sentido, anunció que está por implantarse otro programa denominado Cero observaciones que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y aunado a un programa de evaluación interna en los estados, logrará la prevención de los delitos.

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