Tras cuestionar al jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, por el proceso “poco ortodoxo” de liquidación de los Fideicomisos Aduanas 1 e Isosa, diputados de la Comisión que investiga el impacto en las finanzas por el pago del derecho de trámite aduanero, le pidieron propuestas para evitar ese tipo de situaciones y que futuras operaciones se realicen con sustento legal.

Durante una reunión con el funcionario para conocer la situación de desincorporación de los fideicomisos, el Presidente de la Comisión, Pablo Trejo (PRD), reconoció que aunque “no estuvo bien el proceso de desaparición de Isosa, no hay manera de señalar a los responsables por las figuras que se utilizaron”.

Dijo que se requiere avanzar en materia legislativa para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y se cuente con un verdadero esquema de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Solicitó al titular del SAT información sobre las transferencias por 3 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe); los nombres de los probables responsables en ese proceso; las ventajas de mantener la figura del fideicomiso en algunas entidades públicas y el traslado de recursos de Isosa a la Secretaría de Hacienda.

Su compañero de bancada, Hugo Martínez Padilla, preguntó sobre las reformas legales que se pueden impulsar para evitar ese tipo de operaciones, cómo va el proceso de extinción de los fideicomisos y qué avances se tiene sobre las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por su parte, el jefe del SAT informó que hasta el momento no hay elementos para el fincamiento de responsabilidad contra quienes participaron en el funcionamiento de los fideicomisos; “de existir elementos para alguna denuncia, procederíamos en consecuencia”.

La Secretaría de la Función Pública y la ASF revisan todas las operaciones, donde, hasta el momento, no se han descubierto responsabilidades, reiteró.

En su exposición, explicó la operación de la liquidación de los fideicomisos desde 1992 a la fecha, las adquisiciones y compras que se realizaron, así como el acceso a los estados financieros y las auditorías practicadas.

En la ronda de preguntas, el diputado Javier López Adame (PVEM), consideró que es difícil explicar a la sociedad el grado de complejidad de un asunto sencillo, sobre todo, porque el objetivo inicial de los fideicomisos era fortalecer el sistema de aduanas. Cuestionó los términos utilizados en el proceso fueron graves y ligeros, además de poco ortodoxos.

Preguntó al funcionario si recomendaría algún tipo de reforma legal para evitar en el futuro este tipo de actos de simulación y en qué estado se encuentra la modernización informática del sistema deaduanas, toda vez que existe la sospecha de que éste no cumple con las reglas elementales como la contratación de recursos humanos y materiales.

En respuesta, Zubiría Maqueo reconoció que el esquema de los fideicomisos, en su momento, fue innovador y permitió resolver una problemática compleja, pero comenzó a distorsionarse y agotarse por lo que se transformó y adecuó, dentro del marco legal existente, para hacer transparente el uso de recursos y de apoyo a las actividades aduaneras.

Explicó que la reintegración por 3 mil millones de pesos a la TESOFE fue para asegurar los cálculos que se habían hecho entre la contraprestación y el derecho de trámite aduanero; más que una reintegración, dijo, fue una corrección de dichos cálculos. En la segunda parte, aclaró, se hizo un estimado de los recursos que pudieran trasladarse al fideicomiso público, a través de la Tesorería, por mil millones de pesos.

Por su parte, Manuel Cárdenas Fonseca (Nueva Alianza), consideró que el sistema aduanero, más que innovador, fue abusivo y poco transparente en el ejercicio del gasto, además de que no hay precedente de que el esquema se haya utilizado en otras dependencias. “Fue una forma de sacarle la vuelta a la rendición de cuentas y a las reglas del gasto”; es, en efecto, un esquema poco ortodoxo, reiteró.

Preguntó quiénes dirigían las empresas aduaneras para conocer las posibles “complicidades” en los cargos, más aún porque el director de éstas era el primo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Al respecto, el jefe del SAT aclaró que ante la controversia por la legalidad o no del esquema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que se trataba de recursos privados.

Reiteró que en el año 2005 se realizó la adecuación del esquema que funcionaba desde casi 13 años, mediante licitación; en cuanto a las cantidades pagadas, comentó, son del conocimiento público.

El diputado Raúl Cervantes Andrade (PRI) consideró que el derecho de trámite y la contraprestación no se distinguen, el problema fue el nombre que le pusieron y el concepto que llevó a una conclusión equívoca del auditor Superior de la Federación, que originó la controversia constitucional ante la Corte.

Consideró que el acuerdo con el auditor fue simulado porque aunque tuvo efectos positivos, se depositaron a un fideicomiso mil pesos para poder ser auditado porque no había una norma para darle transparencia, lo cual quedó subsanado con la reforma constitucional en materia de rendición de cuentas, prevista en la Reforma Fiscal.

Preguntó si las simulaciones deben ser adecuadas con tal de rendir cuentas o tenemos que modificar el marco jurídico para evitar supuestos de este tipo y que futuras operaciones se realicen con sustento.

En respuesta, José María Zubiría Maqueo aseguró que con las modificaciones a la Constitución, el problema de fondo cambia, lo cual es importante para todo el sector público a fin de garantizar la transparencia en el uso de recursos. No obstante, en el momento se careció del marco legal, por lo que se recurrió a otros mecanismos para encontrar una fórmula de transparencia.

El diputado Moisés Alcalde Virgen (PAN), explicó que el esquema de los fideicomisos es diferente, pero en su momento resolvió un problema apremiante. Es una operación cuestionable por la opacidad en el proceso que actualmente no se puede conocer por la resolución que emitió la Corte, en el sentido de que los recursos que se manejaban eran privados.

Debemos ver hacia delante y establecer la manera en que se van a fiscalizar los recursos, en el marco jurídico actual. Preguntó sobre la creación del nuevo fideicomiso FACLA y cuáles los mecanismos para evitar impactos negativos en aduanas.

Su compañero de bancada, Ricardo Rodríguez Jiménez, cuestionó si en el nuevo fideicomiso existe algún saldo de los recursos no ejercidos. Al respecto, el jefe del SAT dijo que los remanentes se reintegran a la Tesofe.

Solicitó a los legisladores profundizar sobre el plan para hacer de aduanas un instrumento internacional efectivo en la toma de decisiones que fortalezca el comercio transfronterizo.

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