En reunión de trabajo de Comisiones unidas de Transportes y de Trabajo y Previsión Social, diputados cuestionaron a la secretaria Ejecutiva del IPAB, María Teresa Fernández, sobre el proceso de venta de Aeroméxico, su bajo costo y la procedencia de los recursos, lo cual colocaría al sector en una situación de vulnerabilidad y pérdida de competitividad, a lo cual la funcionaria aseguró que la subasta se realiza de manera transparente y apegada a la ley.

En la reunión, donde también estuvo presente Andrés Conesa Labastida, presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Tomás del Toro del Villar (PAN), consideró que la venta de la empresa esla primera y más importante de este sexenio, por lo que se requiere conocer los términos en que se realizará.

En su exposición, la titular del IPAB aseguró que, hasta el momento, existen tres posibles compradores: Gastón Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Grupo Posadas; un Fideicomiso constituido por un grupo de empresarios en BANAMEX; Grupo Saba, quien propuso el día de ayer una mejor oferta al pasar de un precio inicial de 1.10 dólares por acción a 1.75, que equivaldría a 160 millones de dólares.

Se dijo optimista por la oferta que ofrece Grupo Saba, aunque no descartó que de aquí hasta el 5 de octubre cuando vence el plazo para la presentación de propuestas, puedan presentarse nuevos compradores que mejoren los montos.

El IPAB, precisó, aún no acepta ninguna postura porque puede inhibir otras, además de que “esperamos que la venta se dé en los plazos más largos posibles a fin de obtener la mayor recuperación posible, para reducir los montos de los pasivos del IPAB”.

El proceso, dijo, se realiza de manera transparente y en cumplimiento a las leyes del IPAB y del Mercado de Valores, esta última aprobada recientemente por el Congreso y donde se establece que la venta debe realizarse mediante licitación pública y con ofertas para todos los accionistas.

Aseguró que los recursos que obtenga el IPAB por la venta se aplicarán para reducir los costos de las crisis económicas de 1994 y 1995.

Explicó que el IPAB participa con el 45.37 por ciento de las acciones de Aeromexico, el Gobierno Federal con 10.16 por ciento y, de manera conjunta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Nacional Financiera con el 3 por ciento, lo cual hace un total de 61 por ciento. Aclaró que el resto, 40.93 por ciento, está en manos del público inversionista.

Reconoció que la empresa requiere recursos adicionales para su capitalización y para apoyar la estabilidad financiera y crecimiento de la empresa; sin embargo, aclaró que dichas instituciones y el IPAB no tienen facultades para hacer aportaciones de capital, por lo que el Consejo de Administración de la empresa propuso hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de sus acciones.

En la ronda de preguntas, el diputado Humberto Dávila Esquivel (Nueva Alianza), consideró que Aeroméxico es una empresa estratégica que cuenta con 6 mil 400 trabajadores que representan el 30 por ciento del total de la planta laboral de la aviación nacional.

El consorcio, dijo, cuenta con salud financiera, pues al cierre de 2006, tenía en caja mil 700 millones de dólares y activos por mil 200 millones de dólares. Cuestionó que la venta se realice con criterios limitados y al mejor postor, lo cual coloca en una situación de vulnerabilidad y pérdida de competitividad al sector.

Dijo que el IPAB está obligado a vender en las mejores condiciones para el país y garantizando que sea un proceso transparente y en cumplimiento de la ley. Preguntó qué elementos se tomaron en cuenta para la venta y cuál será la situación de los trabajadores.

Por su parte, el diputado Francisco Dávila García (PAN), cuestionó que se pretenda vender una de las empresas con mejor salud financiera, que cuenta con personal suficiente, mejor mantenimiento aeronático y charters número uno en el mundo.

Se pronunció porque la enajenación de las acciones cumpla con lo establecido en la Ley del IPAB y sea en subasta pública, para obtener el máximo valor de recuperación. Preguntó sobre la viabilidad de la empresa, el tratamiento que se dará a los accionistas minoritarios, cuál sería el destino de los recursos por la venta y cuál la situación del sindicato.

Su compañero de bancada, Carlos René Sánchez Gil, consideró que con la enajenación de la empresa, prácticamente “se estará regalando la empresa en una operación jugosa”. El PAN, dijo, no quiere que se venda el patrimonio nacional en términos que no están claros y donde se dan grandes negocios que no benefician a la sociedad.

El diputado Santiago López Becerra (PRD), manifestó su preocupación por la venta de la empresa y que la procedencia de los recursos sea de origen ilícito, además de que con ello se pueda perder soberanía en una de las industrias del país.

Al respecto, preguntó qué va a hacer el gobierno sin una industria aérea, una vez que se venda Aeromexico.

El diputado Jesús Ramírez Stabros (PRI), cuestionó que sólo se considere el criterio de precio para la enajenación de la empresa y de qué manera se garantizará que posterior a la venta no sea revendida a extranjeros porque se pondría en riesgo a la empresa o participe capital de origen ilícito.

Dijo que la Comisión de Transportes, de la cual es secretario, citará a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, y demás funcionarios relacionados con el tema para que expliquen los criterios que se aplican en la venta de Aeromexico.

En respuesta, la titular del IPAB, María Teresa Fernández, explicó que la venta de Aeromexico no es un evento repentino pues desde hace 12 años que el IPAB posee una parte de los activos, ya hubo intenciones de compra, de ahí que actualmente se oferte porque requiere recursos y el gobierno está imposibilitado legalmente para capitalizarlo.

Reiteró que el 61 por ciento de las acciones están en manos del Estado, lo cual no la convierte en una empresa paraestatal, sino en privada que cotiza en el Mercado de Valores.

Explicó que el Instituto tiene el mandato sobre los bienes de su propiedad, lo cual no tiene que ver con la rentabilidad o estabilidad de los bienes enajenados, sino en realizar la operación en el menor tiempo posible y con el mayor beneficio.

Comentó que la principal prioridad en la operación es el precio, tal y como lo manda la ley, por lo que se hará la valoración correspondiente de acuerdo a los factores humanos y financieros de la empresa.

Reiteró que los criterios aplicados en el proceso son de acuerdo a la ley y a los estándares internacionales, no se inventan para una operación a conveniencia. “Se vende al mejor postor para que sea un buen negocio”, afirmó.

Por último, la funcionaria advirtió que no sería favorable para la empresa y sus trabajadores no realizar la venta porque se corre el riesgo de que se siga erosinando.

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