La responsabilidad del Legislativo es hacer leyes más rígidas para quienes cometen actos de sabotaje y terrorismo, así como fortalecer presupuestalmente a Petróleos Mexicanos (PEMEX) con el fin de prevenir y enfrentar estas situaciones.

Afirmó lo anterior el diputado Arturo Martínez Rocha (PRI), presidente de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX, quien reconoció, además, que la Cámara de Diputados deberá definir las políticas que al respecto hayan de implementarse.

Señaló que esta soberanía elevó una enérgica protesta por los atentados y actos de sabotaje contra PEMEX, cuyos daños afectan a todo el país.

“No tenemos cifras exactas de los daños que se causaron, pero nos informaron que fueron más de 500 millones de pesos los que se gastaron en reemplazar el tubo en una de las instalaciones y la logística para reestablecer el gas”.

Agregó que es necesario hacer una evaluación de los daños a las empresas, pues representó un fuerte golpe para sus economías.

Informó que en las visitas a instalaciones de la paraestatal, realizadas por esta comisión, se han recibido los reclamos de la ciudadanía sobre los impactos que ha causado la empresa en la contaminación del agua, el ambiente, e incluso, en sus propiedades.

Durante la reunión de este grupo de trabajo, el legislador del PRI informó que PEMEX hará llegar información detallada de los sucesos acaecidos en Veracruz y Tabasco, así como de los trabajos que ha realizado la paraestatal para su atención.

Martínez Rocha señaló que es necesario investigar el destino de 708 millones de pesos, entregados a PEMEX mediante los anexos de ejecución, y de 620 millones para apoyo a vivienda rural, y se pronunció por transparentar esos recursos.

A propuesta de los diputados Moisés Dagdug Lützow (PRD) y José Luis Espinosa Piña (PAN), se acordó la realización de dos foros para abordar la problemática del daño ambiental y social causado por PEMEX en Tabasco y en Salamanca. Se planteó que participen autoridades de la paraestatal y de los gobiernos Federal, estatales y municipales.

Dagdug Lützow indicó que el gobierno de Tabasco no ha informado en qué se gastó el dinero que se entregó a través de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.

Dijo que, aunque esos 708 millones de pesos se entregaron entre 2000 y 2006,y 620 millones en los últimos tres años a todo el estado de Tabasco,es dinero que no se sabe cómo se ejerció.

“La situación es crítica en Tabasco porque hay una contaminación brutal y no se ha atendido nada”, enfatizó.

Por su parte, Espinosa Piña (PAN) propuso realizar el foro sobre la problemática de Salamanca “porque es el centro de actividad de PEMEX donde hay más afectación a nivel nacional”.

Dijo que la actividad de la refinería ha generado un grave problema de salud porque se han rebasado los niveles de partículas suspendidas en la atmósfera, hay violación a diversas Normas Oficiales Mexicanas y, de no atenderse, el problema crecerá exponencialmente y pondrá en riesgo a la población.

“No podemos cerrar una planta que genera ocho mil empleos directos, pero tampoco podemos permitir que se arriesgue de tal forma la salud, sin que el gobierno y los disputados tomemos decisiones presupuestales”, añadió.

Mencionó que la reconversión de las refinerías de Salamanca, Tula y Salina Cruz requieren una inversión millonaria; “hay que ver hasta dónde estamos dispuestos a canalizar recursos y hasta dónde nos lo permiten las finanzas públicas sin descuidar otros rubros del gasto público”.

En su oportunidad, el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (PRI) propuso que se cite a la secretaria de Energía y a funcionarios del sector salud para que expongan en qué condiciones están los proyectos estratégicos de PEMEX en cada refinería y las afectaciones a la salud y al medio ambiente.

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