La Comisión de Justicia aprobó un dictamen que reforma el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que las personas con alguna discapacidad auditiva o visual cuenten con los apoyos necesarios para el pleno conocimiento del contenido y alcances de las actuaciones judiciales.

En reunión, lo integrantes de la Comisión, presidida por el diputado César Camacho Quiroz (PRI), se aprobó el dictamen por el que se obliga a que en los procesos civiles a nivel federal, el juez de la causa esté obligado a garantizar durante todas las etapas del juicio, esos derechos y se conozcan sus argumentos.

Se incluyen también reformas a los artículos 107, 180, 271 y 274 Bis del mismo ordenamiento, para incluir medidas tendientes a generar un ambiente de igualdad de oportunidades para las personas con alguna deficiencia visual o auditiva que requieran de apoyos especializados.

Lo anterior, para hacer efectivo su acceso a la justicia en condiciones similares a las que están previstas para los indígenas no hablantes de la lengua española.

En otro tema, la Comisión también aprobó el dictamen que reforma el Código Civil Federal para que la resolución judicial que decrete un embargo precautorio sobre bienes inmuebles, sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Se propone que dicha inscripción sea obligatoria para el juez de la causa, a fin de salvaguardar debidamente los derechos de las partes involucradas.

En la reunión, los diputados también aprobaron un punto de acuerdo por el que exhortan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas a informar sobre el número de denuncias que se han presentado ante dicho órgano y el estado que guardan, desde el inicio de sus operaciones en el estado de Puebla hasta la fecha.

El dictamen considera que las agresiones a periodistas son un asunto de interés general que merece la atención del gobierno para combatir el problema y defender sus derechos.

Destaca que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan la libertad de expresión.

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