La Comisión de Salud, que preside el diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), recibió una propuesta por parte de diversas organizaciones médicas para reformar el artículo 35 de la Ley de Profesiones para que impere el principio de equidad en los litigios entre médicos y pacientes.

En dicha reunión, Jorge Marileñarena Marileñarena, miembro del Comité de Asuntos Médicos Legales, informó que, según cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 98 de cada cien galenos implicados en litigio con pacientes, no tuvieron alguna responsabilidad en las consecuencias del tratamiento médico.

“Sin embargo, sufren el desprestigio de su profesión al ser juzgados a priori y no cuentan con mecanismos para limpiar su nombre”, agregó.

Se pronunció por incluir en dicha legislación un apartado “para que quede plasmada específicamente la consecuencia de demandar en falso o con dolo”.

Por su parte, Lilia Cote Estrada, secretaria de la Asociación Mexicana de Cirugía General, destacó la necesidad de colocar en la Ley General de Salud la responsabilidad del paciente con su tratamiento, para que sea corresponsable en todo lo referente a su atención.

Indicó que el usuario deberá proporcionar información completa y veraz para su correcto diagnóstico y también mostrar apego a la terapia prescrita para favorecer su recuperación.

Al referirse a lo anterior, Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Resolución Alternativa de Conflictos, expresó que en caso de que el enfermo no informe con veracidad sobre su padecimiento, “será él mismo quien sufra las consecuencias, pero dentro del campo del derecho, no existe obligación del médico para exigir una sanción o un incumplimiento al paciente”.

En su turno, Abraham Dávila Rodríguez, director general de la empresa Salomón & Werner S.C., mencionó que cuando un doctor es sometido a un procedimiento penal por causa de conflictos en su trabajo, puede ser acusado de lesiones y homicidios, lo que conlleva a su aprehensión para ser presentado ante las autoridades.

Por ello, propuso hacer una distinción entre los delitos con dolo y los culposos, para que en el caso de los perjuicios cometidos sin intención, en vez de que se libre una orden de aprehensión, se cambie por una de comparecencia y se fije una fianza para garantizar la reparación del daño y que el acusado no se sustraiga de la aplicación de la justicia.

Por su parte, Elena López Gavito, coordinadora del Comité de Asuntos Médicos Legales, sugirió que el Código Penal Federal excluya la tipificación de delito cuando, en caso de una contingencia médica, el galeno presente ante la autoridad una carta de consentimiento, donde los riesgos de los procedimientos médicos estén bien explicados y los métodos clínicos sean sustentados en la diagnosis.

En otro orden, Jorge Marileñarena expuso que los profesionales de la salud no cuentan con la posibilidad de deducir de sus gastos el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por ello, propuso que la Ley del IVA incluya a los servicios profesionales de medicina en tasa cero, “siempre que sean prestados por personas físicas”.

Justificó lo anterior al señalar que otros profesionistas pueden deducir dicho gravamen al comprar aparatos o productos útiles para el desempeño de su trabajo.

En dicha reunión también fue manifiesta la preocupación por la correcta profesionalización de los médicos, así como el establecimiento de medidas que impidan la inadecuada proliferación de colegios o asociaciones médicas.

Por su parte, el legislador Ramírez Barba indicó que los galenos deben contar con mecanismos de educación continua que garanticen la actualización de sus procedimientos, así como con el respaldo de las instituciones donde laboran para el correcto desempeño de sus funciones.

Del mismo modo, informó que dará a conocer las propuestas al pleno de la comisión y se comprometió a estudiarlas a fondo para presentar iniciativas de ley que atiendan las prioridades de los profesionales de la salud.

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