Legisladoras de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional suscribieron un pronunciamiento conjunto con motivo del día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, toda vez que actualmente ocurren en el mundo entre 45 y 60 millones de abortos inducidos al año, de loscuales cerca de 20 millones son ilegales.

Resaltaron que la mayoría de estas prácticas ilegales se registran en los países en desarrollo, en condiciones de riesgo e insalubridad que colocan en peligro la vida de las mujeres.

Expusieron que en Centroamérica se realizan más de cuatro millones de abortos inducidos cada año y mueren alrededor de 6 mil mujeres y otras sufren secuelas por las complicaciones.

Señalaron que las mujeres enferman y mueren por abortar; hay casos que son encarceladas y procesadas por llevarlos a cabo clandestinamente.

Las diputadas firmantes: Irene Aragón Castillo (PRD), Maricela Contreras Julián(PRD), Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI), Beatriz Pagés Llergo (PRI), Maribel Alva Olvera (PRD) y Lourdes Quiñones Canales (PRI), expresaron que la penalización del aborto es un atentado contra los derechos humanos fundamentales de las mujeres, contra su integridad corporal y psíquica y desconoce su capacidad para decidir sobre su reproducción.

Comentaron que el aborto inducido es una realidad mundial, incluso en aquellos países que ofrecen amplio acceso a servicios de regulación de la fecundidad con calidad de atención y programas de educación sexual integrales.

Consideraron que la interrupción voluntaria del embarazo indeseado o inoportuno es una opción que escogerán numerosas mujeres en determinadas circunstancias de sus vidas, desde dificultades familiares y/o socioeconómicas, afectación del proyecto de vida, enfermedades de la mujer o malformaciones del hijo/hija, hasta embarazos que son productos de sexo forzado.

Explicaron que el aborto es una práctica que adoptan mujeres casadas y solteras, mayores o adolescentes, mujeres con varios hijos o sin descendencia, con años de escolaridad o sin acceso a la educación, con buena situación socioeconómica o escasos recursos, que profesan alguna creencia religiosa o no.

Agregaron que cualquier mujer puede verse enfrentada en algún momento de su vida reproductiva a la decisión de abortar, independiente del estatus legal que esta práctica tenga en el país donde ella reside. Es decir, la penalización no hace desistir de la decisión que se ha tomado en conciencia, pero sí coloca en grave riesgo a la mujer.

Establecieron que la maternidad no siempre cabe dentro del proyecto de vida de las mujeres ni es una opción libremente elegida, sino que muchas veces se relaciona con coerciones sexuales, incluyendo incesto; con falla o falta de acceso a la anticoncepción moderna; con desorientación y desinformación en temas de sexualidad y reproducción; con presiones culturales y sociales sobre las mujeres para que hagan suyo el rol de madres como única vía de reafirmar su identidad.

Expusieron que la solución no es la penalización y persecución a las mujeres que abortan ni a sus redes sociales que las apoyan, sino más bien intervenir en aquellos aspectos que requieren de medidas de prevención: aumentar el acceso a la anticoncepción moderna, incluyendo anticoncepción de emergencia; prevenir la violencia sexual; instaurar programas de educación sexual integrales y un enfoque de género.

Lo que debe complementarse con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que requieran interrumpir su gestación. Para lograr esto, se requiere un cambio cultural profundo que traduzca el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho sobre sus cuerpos y sobre su reproducción, concluyeron.

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