El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, reconoció que los desafíos en materia de derechos humanos son; terrorismo, migración, trata de personas, narcotráfico, crimen organizado, desigualdad y pobreza.

Al participar en el seminario El Derecho Internacional Humanitario como Sistema de Protección de la Persona y su Integración en el Derecho Nacional, indicó que la preocupación respecto del narcotráfico y crimen organizado es que México dejó de ser país de tránsito y se convirtió en productor y consumidor.

Durante su intervención en el seminario, organizado por la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Omeheira López Reyna (PAN), el ombudsman capitalino mencionó que los derechos de las personas son obligación de los gobiernos, ya que el Estado es el único que los viola, mientras que los particulares sólo incurren en delitos o faltas administrativas.

Álvarez Icaza señaló que dado que no se ejercen los derechos de forma igualitaria es necesario armonizar las leyes, pero sobre todo efectuar reformas constitucionales que le permitan al país cumplir con tratados internacionales.

Refirió que los niños que viven en Oaxaca y Chiapas tienen cuatro veces más posibilidades de morir que los que habitan en el Distrito Federal o Monterrey, dadas las oportunidades de salud, infraestructura, alimento, entre otras.

En otro tema, expresó que para que sean respetados los derechos de los connacionales en Estados Unidos, es fundamental que México garantice los de los migrantes centroamericanos.

El presidente de la CDHDF puntualizó que se debe buscar un proceso de armonización legislativa, así como recuperar la centralidad de la víctima, como establecen los acuerdos internacionales.

Emilio Álvarez detalló que con la armonización se podrá fortalecer el régimen democrático y entenderlo como un complejo sistema del ejercicio de derechos, y no sólo a manera de un costoso e ineficiente método electoral.

Finalmente, apuntó que en 2006, la mayor parte de los ciudadanos aportaron más recursos para los partidos políticos que para la defensa de los derechos humanos, de ahí la importancia de reducir los gastos de campaña e invertir en salud y educación.

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