En el Pleno de la Cámara de Diputados se presentó una propuesta integral en materia de seguridad pública y justicia, que incluyesiete iniciativas de distintos grupos parlamentarios, a fin de contribuir al combate eficaz de la delincuencia organizada y para modificar el sistema penal.

Las siete iniciativas atañen a los temas de administración y procuración de justicia, ejecución de penas y medidas alternativas a la prisión.

Las propuestas incluyen reformas a los artículos 17, 18, 21 y 104 de la Constitución Política, además de que adicionan diversas disposiciones para crear el Tribunal Constitucional.

Asimismo, proponen modificaciones constitucionales en materia de procuración de justicia y seguridad pública, así como cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El diputado Andrés Lozano Lozano (PRD), al presentar las iniciativas, señaló que la primera tiene que ver con el proceso penal acusatorio.

Dijo que es fundamental modernizar la justicia penal mediante un sistema con una tendencia acusatoria que respete el principio de la presunción de inocencia.

Externó que se busca cambiar la forma en que los tribunales desarrollan el proceso penal, a travésde los denominados juicios orales, proyectando ese cambio en la forma en que los órganos de procuración de justicia realizan la investigación de los delitos y la preparación de la pruebas de la acusación y del conjunto de actividades estatales que constituye la respuesta represiva a la criminalidad.

Comentó que esta reforma establece las bases de un nuevo sistema procesal penal e implica no sólo un cambio en las reglas procesales, sino de todo el sistema, de sus instituciones, organización, operación, valores y cultura.

Se propone que la gravedad del delito se mida en función de la pena y no por un listado arbitrario de delitos graves, ya que “se ha permitido que ciertas conductas que afectan gravemente a la sociedad no sean sancionadas con la severidad debida”, señaló.

En materia penitenciaria planteó que el juez que decrete la prisión preventiva revise cada tres meses si persiste la necesidad de continuar con dicha medida, sobre todo si se trata de aquellas personas que no pudieron obtener su libertad por falta de recursos económicos.

Para garantizar la independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces, se propone la creación de un Fondo de Justicia que estaría integradopor recursos federales y locales; a su vez, los poderes judiciales deberán contar con un Consejo de la Judicatura, que será integrado por siete miembros, de los cuales tres serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia y tres por el Congreso del Estado.

Destacó que la segunda iniciativa tiene que ver con las disposiciones constitucionales en materia de seguridad pública, por lo que se debe formular una estrategia de prevención social de los delitos; implementar sistemas que por primera vez hagan digna de confianza la estadística oficial; transformar las corporaciones policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas y eficaces.

Puntualizó que se pretende iniciar la transformación del Ministerio Público para que se convierta en un órgano que persiga con eficacia y prontitud los delitos y cuyos agentes seanobjeto de supervisión.

Dijo que es necesario modificar el artículo 21 de la Constitución para establecer y definir a la seguridad pública como una garantía, de tal manera que los ciudadanos exijan a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.

Se pretende reformar el artículo 73 de la Constitución para que sea el Congreso el que establezca las nuevas directrices bajo las que debe funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También se propone modificar los artículos 115 y adicionar el 116 y 122para que los gobiernos municipales, estatales y del Distrito Federal tengan la posibilidad de la emisión de sus leyes en materia de seguridad pública.

Expuso que a través de las iniciativas de reformas a los artículos 18, 21 y 104 dela Constitución, se busca reformar el sistema penitenciario, toda vez que las cárceles es donde se violan los derechos humanos.

Por último, se pretende crear un Tribunal Constitucional autónomo de los poderes de la Unión que proteja los derechos fundamentales; que haga valer los postulados de la Constitución sobre cualquier acto de autoridad, concluyó.

Coordinación de los órdenes de gobierno

El diputado René Lezama Aradillas (PAN)presentó iniciativa que reforma el artículo 40 de la Constitución Política, a fin de establecer los principios que deben regir la concurrencia y coordinación de los órdenes gubernamentales que reconoce el Estado para el ejercicio de poder público y las funciones de gobierno que le son inherentes. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reformas a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

El diputado Álan Notholt Guerrero (PVEM) propuso reformar el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para que sea a través de la Comisión de Vigilancia y a más tardar el 15 de agosto de cada año, la entrega del proyecto de presupuesto de laAuditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados. Se envió a la Comisión de la Función Pública.

Finalmente, a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se turnó una iniciativa del diputado Francisco Elizondo Garrido (PVEM) que expide la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y No Fumadores.

Sistema telefónico de denuncia infantil

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos se mandó iniciativa de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI), por la cual se reforma el artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ello, con el propósito de crear un sistema telefónico de denuncia infantil que sirva como una medida de prevención, que fomente entre los menores la cultura de la denuncia, ya que es necesario que el Estado escuche las preocupaciones de los niños.

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