La Cámara de Diputados votará el próximo martes dos dictámenes para modificar diversas disposiciones a la Ley General de Salud; uno de ellos tiene por objeto asegurar protección a enfermos terminales, el otro proyecta incluir en dicha legislación el derecho al alivio del dolor.

El primer dictamen plantea que las instituciones de salud, públicas y privadas, deberán incorporar cuidados paliativos en el segundo y tercer nivel de atención.

Señala que la atención paliativa debe ser digna, profesional, ambulatoria o domiciliaria, con visitas médicas a fin de evitar el abandono y altashospitalarias con el objetivo de no pretextar la no recuperación del enfermo.

Establece la disminución de las restricciones para la prescripción de analgésicos fuertes contra el dolor.

Además se ofrecerá apoyo físico y emocional a la familia del paciente durante la enfermedad y para la aceptación de su muerte, así como otorgar trato digno y respetuoso a enfermos terminales, atención médica adecuada e información clara, oportuna y suficiente sobre su situación.

La iniciativa fue presentada ante el Pleno por el diputado Jorge Quintero Bello (PAN), quien en su exposición de motivos señala que aunque entre las principales causas de mortalidad se encuentran las enfermedades terminales, las instalaciones de salud pública no ofrecen servicios adecuados para quienes las padecen.

La Comisión de Salud señala en dicho dictamen que la normatividad sanitaria se ha concentrado en medidas preventivas y curativas, no obstante, aclara el documento, “se requiere atender a los pacientes cuya enfermedad sea irreversible y estén en la etapa terminal de vida, merecen que la ley los proteja y promueva el respeto por su dignidad humana”.

La propuesta de ley identifica a las enfermedades terminales cuando el padecimiento sea reconocido, irreversible, progresivo e incurable y se encuentre en estado avanzado, cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor de seis meses.

El segundo dictamen formula que el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos y derechos de los pacientes sean regulados por la Ley General de Salud.

La iniciativa fue elaborada por el presidente de la Comisión, diputado Ector Jaime Ramírez Barba (PAN), quien señala que “el dolor es un grave problema de salud pública. Ni el dolor agudo ni el dolor crónico suelen recibir un tratamiento adecuado por razones de cultura, actitud, educación, política y logística”.

Agrega que la Ley General de Salud tiene como finalidad procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida.

Por ello, la comisión dictaminadora considera que el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos deben ser expresamente incluidos por dicha legislación como materia de salubridad general.

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