Las comisiones Federal de Competencia, Reguladora de Energía, la de Regulación Telefónica de México, la Federal de Mejora Regulatoria y la Condusef, destacaron ante el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados que es necesario diseñar una política institucional en materia de regulación para impulsar la competitividad.

Coincidieron que es necesario hacer reformas para fortalecer a dichos organismos, independizarlos y darles autonomía presupuestaria, además de dotarlos de mayores facultades para sancionar irregularidades.

Al respecto, el diputado Mariano González Zarur (PRI), presidente del Comité de Competitividad, destacó que uno de los objetivos de la reunión es hacer una ficha técnica para conocer la problemática que enfrentan las comisiones reguladoras, a fin de emprender las reformas correspondientes para fortalecerlas.

Destacó que en la presente legislatura se harán las adecuaciones pertinentes. Advirtió que de inicio serán pequeñas modificaciones a las leyes correspondientes, mismas que en su conjunto significarán una reforma de alto calado, “para no meternos en las discusiones bizantinas del pasado, en donde las mal llamadas reformas estructurales no se pudieronconcretar”.

Dijo que uno de los grandes problemas que enfrenta el país es la apertura indiscriminada y simplista de sus sectores económicos, aunado a una falta de regulación ordenada, “como normalmente lo hacen la mayoría de los países”.

“Nos cuesta mucho la regulación, además de que tenemos estructuras anquilosadas, antiguas y donde los cotos de poder no se quieren soltar. Lo que se necesita es ya no crear más burocracia, sino quitarle a las secretarías, a las dependencias, las funciones de regulación que tienen dentro de sus estructuras para que no sean juez y parte”.

Indicó que será la Cámara de Diputados la que impulse el fortalecimiento de las comisiones reguladoras para lograr su objetivo en bien de la competencia. No podemos jugar sin reglas.

A su vez, el diputado Eduardo Sánchez Hernández (PRI) destacó la importancia del fortalecimiento de las comisiones reguladoras y buscar las mejores condiciones de competencia y competitividad en la industria y actividades económicas.

Mencionó que provenimos de una actividad económica que se detona a mediados de los años 40 y 50, en donde la industria y la economía crecieron en la lógica monopólica y de un Estado intervencionista que generó un exceso de regulación.

“Hoy, a más de 50 años, buscamos la forma de revertir este diseño institucional y en el que parece que los nostálgicos del monopolio se niegan a pasar a la época de la competencia y la competitividad. El reto se convierte en la desregulación”.

Añadió que si se desea que la economía se desarrolle en mejores condiciones y se beneficie al público usuario con calidad de servicios, es necesario revisar la problemática de los órganos regulatorios.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, indicó que el problema en el marco institucional para la aplicación de la regulación es que en los sectores regulados persisten las ineficiencias, mismas que obstaculizan la competitividad del país.

Aseguró que dichas ineficiencias se originan porque existen problemas de carácter institucional en la materia. Indicó que para solucionar este problema se requiere independencia, coherencia y una mayor rendición de cuentas por parte de las comisiones.

Refirió que la Comisión Federal de Competencia ha emitido opiniones para promover un marco legal favorable para la competitividad en sectores regulados como el de energía, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros.

Destacó que la limitación de facultades de este órgano regulador provoca impunidad y citó como ejemplo lo que ocurre en la venta de gasolinas, gas LP, en las tarifas de aeropuertos, así como en la expedición de tarjetas de crédito.

Por su parte, Carlos García Fernández, director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía, destacó las limitaciones del organismo para regular la competencia.

Afirmó que en nuestro país no existe un clima de negocios propicio que genere más y mejor empleo y ponga en manos del consumidor bienes y servicios de mayor calidad y a menor precio.

“Hoy en México ese clima de negocios no existe, es absolutamente inexistente y quien diga lo contrario que le pregunte a un micro, pequeño y mediano empresario si es fácil en México, abrir y operar negocios; es exactamente lo contrario”.

Por lo tanto, dijo, es indispensable diseñar una política de mejora regulatoria, con reglas simples que reduzcan los costos de cumplimiento para los particulares y que fomenten un entorno competitivo para la actividad económica. “Lo que hay ahorita, añadió, es un ramillete de regulación excesiva y perniciosa. Se requiere un dragado regulatorio urgente”.

Indicó que corresponde al Congreso realizar el diseño de un marco institucional que garantice la autonomía financiera del organismo y dotarla de más facultades.

Por su parte, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Xavier Diez de Sollano, destacó que en lo que se refiere al sector eléctrico, el organismo a su cargo tienen facultades limitadas para la regulación.

Ello, dijo, se deriva de factores importantes como el hecho de que la política energética está sujeta más a la recaudación que a buscar la eficiencia; la dependencia a los precios y tarifas no sujetas a criterios de eficiencia económica y a los controles administrativos altos, entre otros.

Planteó que para fortalecer a esta comisión es necesario dotarla de autonomía institucional, autosuficiencia financiera y dotarla de atribuciones para efectuar una regulación efectiva del sector energético.

“Desde mi punto de vista, si bien es cierto que se puede avanzar en una autonomía a través del cambio en las leyes actuales, la independencia o autonomía plena tendría que darse a nivel constitucional”, subrayó.

El vicepresidente técnico de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), Luis Fabre Pruneda, dijo compartir los planteamientos de las comisiones reguladoras.

Afirmó que la falta de autonomía e independencia, así como la limitación de facultades, no le permiten al organismo cumplir con sus funciones de defensa de usuarios de servicios de instituciones financieras y sólo se limita a ser un órgano orientador y de información.

El director de Regulación de Telefónica de México, Jorge Arreola Cabazos, indicó que la falta de un marco adecuado de regulación, inhibe la promoción de inversión de particulares a favor de regiones en materia de telefonía y a precios justos.

Mencionó que el órgano regulador debe tener facultades suficientes para cumplir con su objetivo y expedir disposiciones y hacerlas cumplir, incluyendo amplias facultades coercitivas y para dirimir controversias.

Finalmente, el coordinador de asesores de la Secretaría de Economía, Alberto Ortega Vensor, destacó que la dependencia está a favor de lo que abone a la competitividad del país, pero de forna real, concreta y no abstracta.

Añadió que la Secretaría de Economía apoya plenamente la autonomía de las agencias reguladoras, en particular Cofeco y Cofemer, que tienen que ver en muchos temas con la dependencia; sin embargo, dijo, la autonomía no significa que no haya debate o puntos de vista diferentes.

Reconoció que el panorama de la fortaleza de las agencias reguladoras no sólo no es alentador sino desolador. “Hay absoluta necesidad de fortalecer a las agencias reguladoras si realmente nos tomamos en serio la competencia y competitividad, el desarrollo y crecimiento económico del país y la creación de empleos”.

Coincidió que toca al Legislativo trabajar a favor de los consumidores y otorgar las facultades sancionatorias a las Comisiones reguladoras.

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