La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, afirmó que se ha desplazado la participación de las empresas mexicanas en la edificación y la infraestructura, por lo que es prioritario impulsar una nueva cultura de la contratación de obra pública, a fin de que se preserven los intereses del Estado mexicano.

Durante la firma del Convenio de Colaboración entre la Comisión de la Función Pública y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destacó que es fundamental clarificar la relación que existe entre las leyes y los diferentes sectores de productividad en nuestro país.

Señaló que el convenio permitirá que en la Cámara de Diputados se reflexione sobre el marco jurídico en la materia, y podrán desarrollarse programas rigurosos de certificación para los profesionales de la construcción, de acuerdo con lo previsto en a legislación mexicana y en coordinación con las organizaciones internacionales correspondientes.

De esa manera, dijo, “se podrá vincular las leyes que regulan las actividades profesionales de la construcción con las normatividades que regulan el fomento económico: Ley de Planeación y la de Gasto Público, Ley de Obra Pública y de Servicios, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Indicó que se dará certeza a los procedimientos de contratación de obra pública que “hoy en día asignan tareas en un rango de incertidumbre, del 25 por ciento en costos, 50 por ciento en plazos y cambios de proyectos, con lo que se incumple lo señalado en el artículo 134 constitucional en relación de alcanzar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad de la ejecución de obras financiadas con recursos públicos”.

Explicó quesi la Ley de Obra y Servicios Públicos estableciera con claridad la forma de participación de empresarios, consultores y profesionales a cargo de la realización de proyectos de obra pública, habría certeza jurídica que reclaman los constructores e inversionistas.

Refirió que desde su fundación, en la década de loscincuentas, la CMIC ha contribuido para crear el capital humano nacional para construir la infraestructura y el equipamiento necesarios en el desarrollo del país.

Expuso que gracias a los esfuerzos de esta agrupación desde la segunda mitad del sigilo XX se consolidó la presencia de una industria de la construcción nacionalista y con responsabilidadsocial.

El presidente de la Comisión de la Función Pública, diputado Benjamín González Roaro (PAN), expresó que México cuenta con empresas de construcción reconocidas no sólo nacionalmente, sino de manera internacional, por las soluciones técnicas que han dado a problemas en la materia.

Dijo que “si queremos ser un país más competitivo, tenemos que ayudar a que nuestra industria se coloque con ventajas de competitividad en el entorno global, por esa razón nos interesa revisar la legislación relacionada con la adjudicación, desarrollo de las obras y la entrega de la obra pública”.

Comentó que en diversas ocasiones los servidores públicos no tienen claro la normatividad que deben aplicar y carecen de la capacitación necesaria ni tienen las soluciones normativas a la mano para los problemas legales e implican un costo mayor para las finanzas públicas.

Asimismo, enfatizó que se debe reconocer que existe corrupción tanto en el gobierno, en todos los órdenes y niveles, así como en las empresas mexicanas, pero “el país no podría haberse construido si todos los ciudadanos fueran corruptos, por lo que una minoría pone en entredicho la capacidad de muchos funcionarios públicos y la honestidad y habilidadde las empresas nacionales”.

De ahí, la firma del convenio para trabajar de manera conjunta con la Cámara mexicana de la Industria de la Construcción y las comisiones de Comunicaciones, la de Transportes, Vivienda, Energía y las todas las que tienen relación con la construcción, a fin de revisar la normatividad en la materia.

Más adelante, Netzahualcoyotl Salvatierra López, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, aseguró que con el trabajo conjunto entre la Comisión de la Función Pública y la CMIC, habrá propuestas para mejorar el marco legal de las licitaciones, la contratación y la realización de la obra pública.

Agregó que el convenio expresa sin duda la disposición de los legisladores a trabajar de la mano con los sectores productivos en asuntos trascendentes para el país.

En su turno, Manuel García García, Vicepresidente Ejecutivo de Enlace Legislativo y Normatividad de la CMIC, señaló que “en un sistema democrático debemos ser capaces la sociedad, gobierno y Poder Legislativo de crear las condiciones para impulsar las inversiones en infraestructura por arriba del 5 por ciento del Producto Interno Bruto y no como existe actualmente un 2 por ciento”. Agregó que países como China invierten en 9 por ciento del PIB.

Externó que la nueva cultura de la contratación en México busca que las inversiones en infraestructura seanpara promover al máximo la concurrencia de agentes económicos en los procesos de contratacióna fin de que el país alcance las mejores condiciones disponibles en el mercado.

Manifestó que el convenio permitirá impulsar los mecanismos y procesos que prioricen la ejecución delos proyectos en forma, tiempo y costo.

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