La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por mayoría el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2008, donde se propone cambiar el plazo para la expedición de pasaportes a 1, 3, 6 y 10 años y se elimina el de 5 años, así como el cobro de 56 pesos a los turistas que ingresan al país por cruceros que desembarquen en puertos nacionales.

Al término de una reunión, el presidente de la Comisión, Jorge Estefan Chidiac (PRI), explicó que de los 30 millones de dólares que se obtengan por ese derecho, el 20 por ciento se canalizará al Instituto Nacional de Migración (INM).

El 80 por ciento restante, dijo, será para los municipios donde se genera el derecho para que sea aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, de conformidad con los convenios que al efecto se celebren con los estados.

En un segundo transitorio del artículo 16 se exenta del pago de este derecho a los visitantes que ingresen al país vía terrestre.

La propuesta de 56 pesos ó 5 dólares a los turistas extranjeros que desciendan de cruceros a cualquier puerto marítimo, fue presentada por la Comisión de Turismo, cuyo presidente, Octavio Martínez Vargas (PRD), pidió respetar la naturaleza de este derecho para la actividad turística, ya que es la tercera fuente de ingresos en el país, además de que el sector no tiene subejercicios.

En la reunión se explicó que México y Cuba son algunos de los países que no cobran ese derecho, pero hay otros en los que incluso se llega a cobrar entre 20 y 30 dólares.

Respecto del derecho de no inmigrante, se cambió su reparto de tal manera que el 70 por ciento será para el Consejo de Promoción Turística, 10 por ciento para Fonatur y se reduce de 30 a 20 por ciento lo que se canalizará al INM.

En el dictamen, se cambia la vigencia de los pasaportes a fin de agilizar los trámites, pero sin modificar la tarifa, además se incluye al Pensionissste y el derecho para autorizar la instalación y operación de sistemas para la disposición final de residuos peligrosos, así como la exención del pago por servicios que presta el Registro Agrario Nacional.

Se precisa que los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios del esquema de condonación de créditos fiscales para efectos del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca.

Además se reduce el periodo para la emisión de las reglas de carácter general y de operación de 180 a 90 días para la aplicación de ese programa de condonación.

Se propone continuar con el ajuste anual de las cuotas, factores y límites correspondientes a los servicios de inspección y vigilancia prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), y se adiciona una cuota para la supervisión que se realiza al inicio de las operaciones de Casa de Bolsa.

En esta legislación se incluye al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), para que cubra la cuota que deben pagar los fondos de fideicomisos públicos sujetos a la supervisión de la CNByV.

Se incluye el concepto de prórroga dentro de los derechos que se causan por el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que da la Administración General de Aduanas y la acreditación de un prestador de servicios de certificación para el servicio de conservación de datos y servicios relativos a la firma electrónica.

También se contempla el pago por el trámite para la recepción, estudio y expedición de la autorización para la importación y exportación de residuos no peligros y por los servicios para aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales.

En el capítulo de Bienes Culturales de la Nación se incorpora el derecho por acceso a los museos administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes administrados a su cargo.

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