En la plenaria de hoy se avaló crear la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada en relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio; será presidida por el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (PRI).

Dicha comisión podrá allegarse de información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades responsables y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Mediante un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se añade que la comisión podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de auditorías o revisiones que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados, cuyos resultados deberán ser publicitados en su oportunidad.

La Comisión estará integrada por cinco miembros: los diputados Alma Edwiges Alcaraz Hernández(PAN) Juan de Dios Castro Muñoz (PAN) Juan Nicasio Guerra Ochoa (PRD) y Antonio Xavier López Adame (PVEM), y el presidente, el diputado Valencia de los Santos.

Estará vigente hasta el 11 de abril de 2008, pudiendo extenderse si existiera alguna auditoría en curso sólo por el tiempo en que esta concluya, y al final de su actuación deberá de presentar un informe de actividades ante la Junta de Coordinación Política.

Posicionamientos

Al fijar su postura, el diputado Juan José Rodríguez Prats (PAN) señaló que con la creación de esta comisión muchos diputados se olvidan del artículo 16 constitucional que, en su párrafo primero, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento estricto de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Asimismo, indicó que el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta que la función de las comisiones especiales es fortalecer el trabajo legislativo, “no invadir la competencia de otros poderes”. Además, dijo, “a pesar de que aún no se ha instalado la comisión, ya hay afirmaciones condenatorias en contra del ex presidente, situación que no debería darse”.

Javier González Garza, coordinador parlamentario del PRD, expresó que el objetivo de esta comisión no es acusar a Fox o a nadie, sino aclarar el asunto de las propiedades del ex presidente. Para ello, acotó, el Congreso de la Unión, a través de este nuevo órgano, emprenderá con toda seriedad y responsabilidad una investigación que pueda resolver la situación.

El Congreso de la Unión “no tiene funciones de ministerio público, pero por sanidad de la República es necesario abordar este asunto seriamente y de manera profesional para llegar a donde se tenga que llegar” de tal suerte que, de ser necesario, se lleve el tema a otras instancias, finalizó.

A su vez, el diputado Víctor Valencia de los Santos (PRI), presidente de la comisión especial, enfatizó que realizará su trabajo al frente de este órgano legislativo con gran responsabilidad y siempre apegado a derecho porque “sabemos que este tema se presta para el morbo y la especulación”.

Destacó que con esta comisión se muestra la voluntad política de transparentar y buscar de qué manera, como representantes populares, los diputados pueden ser congruentes con el compromiso que tienen con la sociedad.

El diputado Antonio Xavier López Adame (PVEM) lamentó que “desde un principio se pretenda acotar los alcances de este tipo de comisión, pero, en cualquier caso, mi fracción siempre ha sabido actuar de manera institucional y con apego a la ley, así será nuestra actitud en la comisión”.

“Es algo que nunca se había dado; esperemos que la información que resulte sea transparente y pública; es momento para que el ex presidente muestre qué tan demócrata es”, agregó

En tanto, el diputado Pablo Arreola Ortega (PT) aseguró que la creación de esta comisión es fundamental para aclarar a la ciudadanía cómo se manejan los recursos públicos y cómo los utiliza quien lleva las riendas del país.

Explicó que a su fracción no le fue entregado este acuerdo, por lo que no lo suscribió “estamos de acuerdo con la investigación, y por ello solicitamos formar parte de ésta, ya que la manera en que Fox y su familia ostentan su riqueza va en contra de los principios elementales de la vida que deben llevar los funcionarios públicos”.

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