La Comisión de Energía avaló dos dictámenes para exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Jesús Reyes Heroles González Garza, a reunirse con las Comisiones Unidas de Energía, Salud, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que detalle la disponibilidad de recursos para reparar e indemnizar a municipios de Tabasco afectados por la paraestatal.

El dictamen también solicita al Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Ignacio Loyola Vera, que realice una inspección en todas las instalaciones de PEMEX, a fin de certificar que los oleoductos cuenten con el estudio de riesgo ambiental requeridos.

De acuerdo a datos proporcionados por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco y de la PROFEPA se tienen registrados y documentados de 2004 a febrero de 2007, 12 accidentes graves en instalaciones de PEMEX, que han ocasionado 111 muertes.

En 2004 se registraron 54 fugas en ductos de PEMEX en la misma entidad, que afectaron casi mil hectáreas por el derrame de 36 mil 680 barriles de petróleo. Del total de las fugas, el 65 por ciento se debieron a problemas de mantenimiento y el otro 17 por ciento fueron errores de operación.

El documento destaca que la fuga de gas etano del 23 de enero del presente año, la cual provocó una explosión que obligó a desalojar a 400 habitantes de la comunidad Plátano y Cacao, en Tabasco, fue causada por presuntos ladrones de gasolina, según PEMEX.

De igual forma, la reunión pretende que el titular de PEMEX informe sobre la aplicación del “Sistema único para la administración integral de la seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental” (PEMEX-SSPA), que entró en vigor a partir de enero 2006, tiene una vigencia de tres años.

El dictamen señala que al programa se incorporarán las 12 mejores prácticas internacionales en la materia y se desarrollará un proceso de disciplina operativa, preventiva y correctiva de seguridad, con énfasis en la integridad mecánica, el cuidado del medio ambiente, la protección en el trabajo, efectividad de planes de respuesta en emergencias y análisis de riesgos.

A pesar de que en términos generales se aprecian avances en la implementación del Programa, éste no ha sido insuficiente; sobre todo porque todavía hay fugas y derrames que ocasionan daños ambientales severos, además de lesionar la vida de familias vinculadas o no con la paraestatal.

El segundo dictamen, exhorta a PEMEX y a la PROFEPA a realizar una investigación que determine las causas de los derrames ocurridos el 4 de junio de 2006, en la carretera Tampico-Mante, estación Cuauhtémoc; el 22 de marzo de 2007, en el rancho Monte Alto, sector Las Prietas; y el 10 de abril de 2007, en el pozo 1004 de la laguna Champayán, todos en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Una vez teniendo las conclusiones de las indagaciones, dichas dependencias entregarán un informe, que incluirá los reportes de inspección realizados por el departamento de mantenimiento de PEMEX, a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La comisión dictaminadora avala una investigación que determine las causas de los frecuentes accidentes ocurridos en el referido municipio. Asimismo, busca que se realicen de inmediato acciones para resarcir los daños ya ocasionados y, a su vez, se tomen medidas correctivas y preventivas al respecto.

Lo anterior, a efecto de beneficiar a los cientos de agricultores, pescadores y colonos de Altamira afectados por los diversos siniestros ocurridos a causa de las actividades de la paraestatal.

El documento subraya que se realizó un acuerdo, el 16 de junio de 2006, entre PEMEX y autoridades de Tamaulipas, con el objetivo de dar seguimiento a las demandas planteadas en materia de seguridad industrial, protección civil y ambiental, para lo cual se destinaron 12 mil millones de pesos.

Dichos dictámenes serán enviados para su revisión y eventual aprobación a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que se trabajan en comisiones unidas.

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