Antela Subcomisión de Democracia y Sistema Electoral, el Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, reiteró su preocupación sobre las reformas constitucionales en la materia, no obstante, planteó que lo importante es que en la legislación secundaria se fortalezca la independencia y se mitiguen los riesgos para la autonomía del IFE.

Al presentar su opinión técnica sobre los trabajos de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, Ugalde expresó su confianza en las instituciones del país y en el Congreso de la Unión; “puedo no compartir algunas motivaciones y decisiones adoptadas, pero todos tenemos el propósito y la responsabilidad de fortalecer al IFE”.

Durante la reunión con dicha subcomisión, perteneciente a la Comisión Ejecutiva para la Negociación y la Construcción de Acuerdos (CENCA), el diputado Diódoro Carrasco Altamirano (PAN) aseguró que las observaciones técnicas del presidente del IFE y su opinión personal, serán motivo de reflexión para elaborar las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y otros ordenamientos en materia electoral.

El también presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que en muchos temas “será de gran utilidad escuchar la opinión especializada de algunos otros funcionarios de ese instituto o de las áreas técnicas correspondientes”.

El Senador Ricardo García Cervantes (PAN) explicó que la presentación técnica de los temas de la reforma electoral, es con la finalidad de que, al momento de que los legisladores elaboraren las modificaciones, tengan claro lo que se requiere, qué se diseñará y qué se obtendrá a corto y mediano plazos.

Asimismo, enfatizó que sería oportuno contar con la participación de Ugalde y de los demás consejeros, una vez que los documentos y el trabajo estén más adelantados. Por ello, agradeció la disposición de los funcionarios para participar en estas mesas de trabajo.

Por su parte, la diputada Aída Marina Arvizu Rivas (Alternativa) mencionó que esta reforma “es la posible, no la deseable; llegamos a un acuerdo en donde los partidos coincidimos, pero en términos de la reforma legal podemos ir ajustando y reparando lo que nos falta, ya que cada quien tiene una concepción especial sobre algunos temas”.

Agradeció la presencia de Luis Carlos Ugalde ya que, dijo, la visión de quien operará la reforma constitucional y legal permitirá a los legisladores ponerse alerta de los retos que van a enfrentar.

En tanto, Alejandro Chanona Burguete (Convergencia) manifestó que este tipo de encuentros sirven para pavimentar el camino hacia un debate abierto de la reforma legal derivada de la Reforma Constitucional.

Expresó que para su fracción es urgente revisar el tema de las candidaturas ciudadanas y las coaliciones, además de la posible creación de la Ley de Partidos Políticos.

En su intervención, Luis Carlos Ugalde añadió que se debe buscar una regulación que permita el avance de los propósitos del Congreso.

Señaló que el modelo gratuito “absoluto” de acceso de los partidos a los medios de comunicación presenta dificultades para regularse, pues deberá garantizar la equidad en la distribución de los tiempos y la transmisión.

Al referirse al monitoreo, explicó que no existe empresa en México ni en el mundo que pueda hacer ese esfuerzo tecnológico para asegurar, mediante un monitoreo exhaustivo, la transmisión de mensajes publicitarios para cada partido o coalición.

“Este es el tema fundamental de la reforma y es el que tendrá el impacto más significativo en cuanto a efectos presupuestales sobre el IFE y a la posible modificación de su estructura”.

Abundó que en 2006 el IFE monitoreó 161 canales de televisión y 222 emisoras de radio en 20 ciudades, lo cual tuvo un costo de 50 millones de pesos; actualmente, dijo, existen 487 estaciones de televisión y mil 288 de radio, es decir mil 775 emisoras, “si queremos hacer el monitoreo completo es necesario un esfuerzo financiero, logístico y tecnológico de orden mayor”.

Señaló que para el IFE ello significaría un costo financiero importante para expandir su estructura laboral; indicó que esta reforma electoral requiere un nuevo esquema regulatorio y sancionatorio y una estructura que, en lugar de disminuir, se incremente.

“Es fundamental para crear una estructura adicional o sustituir alguna de las estructuras que hacen otras tareas, para que se dediquen a la radiodifusión, o que se dé al IFE la posibilidad de contratar estos servicios externamente”, enfatizó.

Indicó que en las modificaciones legales deberán contemplarse sanciones y sujetos infractores, así como los instrumentos para restituir los mensajes no difundidos o transmitidos en forma distinta a la autorizada por el IFE.

Propuso definir el modelo para distribuir los tiempos entre los partidos políticos, establecer la duración de los mensajes; la periodicidad de entrega de materiales al IFE por parte de los partidos, y cómo se distribuirán los tiempos entre autoridades locales y federales.

Por lo que hace al tema de Denigración y Calumnia, argumentó que se afecta el derecho a informar y a ser informado, además de que también presenta dificultades para aplicar la ley, pues contiene criterios subjetivos para aplicar los vocablos “denigrar” y “calumniar”; tampoco establece qué vía procedimental deberá seguirse y si son recomendables las medidas cautelares.

Señaló que se deben definir criterios para determinar cuándo denigra o calumnia un promocional; diferenciar entre crítica negativa y denigración-calumnia, así como los procedimientos correctivos. Además, dijo que se deben definir los procesos de sanción y plazos de resolución según los sujetos infractores.

Subrayó que el mecanismo sancionatorio para la denigración y la calumnia es sumamente limitado en la práctica; “hay un enorme problema de regulación de este asunto, “cualquier norma tendrá un problema de eficacia o de anticonstitucionalidad”.

En el tema del Financiamiento, comentó que la fórmula propuesta evita menores distorsiones que la anterior, pero no responde a las necesidades de gasto, ni define cuál es el costo mínimo de una campaña, ni contempla la diferencia entre el gasto por día y el gasto total.

Dijo que en los próximos 10 años el financiamiento ordinario a los partidos políticos crecerá casi 30 por ciento en términos reales.

Además, beneficia presupuestalmente a partidos consolidados y falta claridad en la asignación de recursos a nuevos partidos políticos.

Por lo que hace a la Fiscalización, manifestó su preocupación porque se ha solucionado el gasto en radio y televisión, sin embargo, ahora habrá mayor gasto en propaganda de difícil fiscalización.

Destacó que se requieren reglas y mecanismos de sustitución del titular del órgano técnico por los consejeros electorales; establecer la duración del titular del órgano de fiscalización, supuestos y procedimientos de remoción; medidas de apremio a particulares y autoridades respecto de los requerimientos que les formule el IFE; mecanismos para la aplicación efectiva de sanciones.

En lo que se refiere a la Contraloría General, dijo que puede haber una influencia latente que afectaría la imparcialidad en las decisiones de los órganos del IFE; además, podría darse la duplicidad de funciones.

Señaló que es necesario definir las facultades del Contralor, los requisitos para ser titular, los procedimientos para su designación y remoción; la relación y formas de interacción entre la Contraloría General y el Consejo General.

También, determinar los mecanismos de denuncia del contralor para que sea sujeto de responsabilidades y el órgano que conocerá de los procedimientos correspondientes; precisar qué funciones asumirá y cómo será la coordinación técnica entre la contraloría General y la entidad de Fiscalización Superior de la Federación.

Entre otros temas, mencionó el de la Organización electoral, en el que destacó la necesidad de establecer procedimientos, causales y plazos para la realización del recuento de votos en contiendas tan cerradas como la de 2006.

Señaló que queda pendiente el tema del voto electrónico. “No es el momento de pensar en ello, pero me parece que en el Cofipe podría quedar abierta la posibilidad de que las autoridades electorales puedan ir intentándolo mediante programas piloto, que en mi opinión en los próximos 15 ó 20 años deberá ser el mecanismo estándar para realizar elecciones”.

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