Salvaguardar el ejercicio de la transparencia a fin de fortalecer la democracia del país es un deber de todos los servidores públicos, afirmó la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, al recibir el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México.

En el evento al que asistió Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, quien entregó el citado documento, la legisladora destacó que los diputados de la LX Legislatura están comprometidos con la apertura de la información, para alcanzar el bienestar social y erradicar la cultura del secreto, “que además de nociva entorpece el quehacer público”.

Reconoció que el consenso político, social y académico en dicha materia ha dado como resultado avances sustantivos, “prueba de ello es la reforma al artículo sexto constitucional, que eleva el derecho a la información a garantía individual”.

Zavaleta Salgado se comprometió a que la Cámara de Diputados acate a cabalidad y sin restricciones las nuevas obligaciones de transparencia, con el propósito de que la información sea asequible ante cualquier ciudadano y con ello crear la eficacia del Estado.

Confió en que este Código siente las bases para la discusión de una nueva Ley Federal de Transparencia. “Permitirá eliminar las asimetrías de la información y podremos alcanzar una mejor supervisión interna de políticos y funcionarios públicos”.

Así, continuó, en un plazo no mayor a un año tendremos el advenimiento de un cambio sustantivo en las leyes que rigen el acceso a la información, porque con la reforma al artículo sexto constitucional las mismas prácticas, principios y procedimientos regirán en los tres niveles de gobierno.

La presidenta de la Mesa Directiva precisó que a pesar de que nuestro país se ha convertido en un referente internacional en materia de derecho, todavía hay mucho por hacer y aprender, “la Ley Federal de Transparencia llegó a nuestra legislación sin contar con una adecuada Ley de Archivos”.

Por su parte, Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, señaló que el Código de Buenas Prácticas intenta hacer una experiencia rigurosa de lo que ha pasado en México, de las mejores leyes, de lo que ha funcionado mejor y de lo que no debe hacerse.

“El Código está muy conciente de las insuficiencias de la ley federal y del resto de las leyes estatales, por eso, no toma a ninguna como vara universal ni como canon, por el contrario, el Código abrevó de todas partes y da respuestas a todos los asuntos nucleares y polémicos de la federación y los estados”.

Precisó que con él no se dan respuestas unívocas, no impone visiones, y no “tira netas”, sino que abre una discusión y señala lo que debe reformarse necesariamente. “Es la columna vertebral, flexible, medular, elaborada para apoyar el trabajo legislativo que el país debe encarar en los siguientes 232 días”.

Lujambio Irazábalmencionó que no es una camisa de fuerza, ni busca imponer consensos, ya que sólo se dio a la tarea de construir una serie coherente de fraseos, contenidos, recomendaciones y mejores prácticas, paralegitimar la segunda generación de leyes de transparencia en México.

Abundó que el Código ha intentado hacer un balance general en voz de los creadores de leyes y de las autoridades responsables del acceso a la información, de los expertos y de los funcionarios que viven y ejercen las leyes de transparencia en el país.

En su oportunidad, el Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Sergio López Ayllón, dijo que el Código implica una nueva manera de relación entre gobierno y ciudadanos, “es un instrumento para fortalecer la democracia y a largo plazo contar con instituciones más fuertes y legítimas”.

Agregó que este Código pretende erigir un entorno de confianza y responsabilidad, así como transparentar y mejorar la gestión pública, establecer principios de responsabilidad más efectivos y generar una mayor participación ciudadana.

López Ayllón enfatizó que el Código de Buenas Prácticas es un instrumento que busca generar mejores leyes para el país, “siempre respetando la soberanía de cada entidad federativa; no es un modelo acabado, es una herramienta de diálogo articulado”.

A su vez, el senador Pedro Joaquín Coldwell (PRI) resaltó que este Código busca homologar los derechos de los ciudadanos ante cualquier autoridad en toda la República, además de modernizar la vida política en los estados y municipios. “Es un importante avance hacia la modernización de México”.

El diputado Victorio Montalvo Rojas (PRD) subrayó que indudablemente el Código aportará elementos para la discusión cuando se comience a trabajar para lograr los cambios y reformas que harán a la Ley Federal de acceso a la Información Pública.

Más adelante, Ana Azucena Evangelista Salazar, presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información de Colima, dijo que es una iniciativa que se ve con ojos esperanzados, con animo y con una promesa de que la reforma al artículo sexto constitucional, pondrán a todas las leyes de transparencia en un escalón superior.

El diputado local de Nuevo León, Javier Ponce Flores (PAN) expresó que el ejercicio eficiente de este derecho a la información, es uno de los elementos fundamentales para la consolidación del proceso de la transición democrática que todavía tiene pendientes por acreditar en México.

El Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., Ernesto López Portillo refirió que de junio de 2003 a octubre de 2007, se presentaron 250 mil solicitudes de acceso; de septiembre de 2006 a septiembre de 2007, se incrementaron las solicitudes en 65 por ciento, y se han interpuesto más de 12 mil recursos de revisión.

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