Al ser instalada formalmente la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido del Servicio Público en la Presidencia de la República, durante la gestión de Vicente Fox Quesada, su presidente, Víctor Valencia de los Santos (PRI), afirmó que este órgano legislativo se conducirá con responsabilidad y sin prestarse a la descalificación o al escarnio, además de que no habrá juicios adelantados.

Asimismo, el legislador advirtió que tampoco hará exoneraciones a priori, toda vez que los objetivos no son otros que investigar si el manejo de los recursos públicos, bajo la administración del ex Presidente Vicente Fox, se apegaron a lo que estrictamente señala la ley.

“Nos mueve un genuino reclamo de la sociedad por tener cuentas claras, pues en los últimos meses las dudas, los señalamientos y las críticas desde la opinión pública al manejo de los dineros en Los Pinos, han lastimado a nuestras instituciones. Para los mexicanos y por salud de la República, debe quedar muy claro el presunto tráfico de influencias y el abuso del poder”, subrayó.

Resaltó que la Comisión Especial llamará a comparecer a todas las personas que puedan aportar datos relevantes y podría ampliar su investigación a funcionarios y a quien tenga que ver con este asunto.

Concluyó que es la primera vez en la historia de México que se crea una Comisión de esta naturaleza. “Le ha tomado décadas al país poder llegar hasta aquí, es una conquista de la sociedad, la posibilidad de revisar las cuentas del titular del Ejecutivo federal”, dijo.

Los diputados Juan de Dios Castro y Alma Edwviges Alcaráz (PAN) pidieron que la Comisión no litigue en los medios de comunicación y se apegue al punto de acuerdo que le dio origen, así como a lo que mandata la Constitución.

“No debemos olvidar que el artículo 21 de la Constitución mexicana señala que el único que tiene la facultad para investigar y perseguir delitos es el Ministerio Público y nosotros no podemos integrar expedientes ni averiguaciones previas. Está prohibido por ley”, señaló Juan de Dios Castro.

Ambos legisladores manifestaron no estar en contra de la Comisión, pero dijeron que se debe investigar sólo en lo que respecta a la función pública, a situaciones de carácter patrimonial del sexenio pasado.

“Nosotros votamos a favor de crear esta Comisión señores, porque el que nada debe nada teme, pero no se vale que el insulto esté primero y después se investigue”.

Finalmente, el diputado Juan de Dios Castro informó que su grupo parlamentario entregó un oficio al Presidente de la Comisión, en el cual se pide que a la brevedad posible se programe una reunión con los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que informen sobre este asunto.

A su vez, los diputados Javier González Garza y Juan Guerra, del PRD, coincidieron en que es importante que exista voluntad política por parte de los grupos parlamentarios para investigar y no emitir juicios, sobre todo, porque hay una gran expectativa entre la sociedad, levantada principalmente por el propio ex Presidente de la República.

”¿Qué pedimos a la comisión? ¿Qué esperamos de esta comisión?
Esperamos, efectivamente, seriedad, cumplimiento. No nos interesa un asunto de amarillismo; nos interesa la sanidad de la República. Y, de parte del Gobierno, voluntad con el propósito de que se
pueda hacer una investigación seria”, señaló González Garza.

El diputado Juan Guerra pidió se precise si la Comisión sí tendrá o no facultades para investigar.Mencionó que la gran expectativa que hay sobre esta comisión es si integrarátodos los expedientes que se mencionan en torno a la riqueza patrimonial del ex Presidente, además de determinar el tipo de delito y exigir a las autoridades correspondientes que cumplan con su responsabilidad.

De lo contrario, dijo, “nos vamos a ver en la Cámara como un órgano que está solapando absolutamente todo, como lo hacen algunos órganos de gobierno”.

Por último, el diputado Antonio Javier López Adame (PVEM) destacó que el escándalo que se ha generado en torno a la creación de la Comisión Especial no es por la conformación de la misma, sino las dudas respecto de las actividades y gestión del ex presidente Vicente Fox. “Un ex presidente que aseguró que iba a terminar con la corrupción y sin embargo, hoy está acusado de la misma, ese es el escándalo”.

Agregó que el órgano legislativo enfrenta, de inicio, un marco jurídico complejo y limitado. Los legisladores no tenemos facultades de Ministerio Público ni de juez, aunque sí podremos exigir la facilitación de todo tipo de información al Ejecutivo Federal y a diversas instancias y lo más importante será ver en qué medida colabora el Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional.

El diputado del PVEM propuso algunas líneas de investigación dentro de la agenda de trabajo de la Comisión, entre éstas: conocer si existen o no procesos de responsabilidad administrativa, si existen denuncias presentadas y quienes son los presuntos indiciados, indagar sobre la documentación oficial que se presume fue extraída por el ex presidente.

Asimismo, solicitar información a los registros públicos de la propiedad y del comercio, del Registro Agrario Nacional y distintos Archivos de notarías información relativa a propiedades de bienes inmuebles o titularidad de derechos accionarios, o participaciones sociales en diversas empresas.

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